Hace ya varios años que hice público mi pesimismo respecto de una política migratoria estadounidense que se decidida unilateralmente en el Congreso de su país. La ONU, por vía de la Organización Internacional del Trabajo, ha establecido que los fenómenos internacionales de migración laboral deben de resolverse por la vía de negociaciones bilaterales o multilaterales, según sea el caso. La razón es muy sencilla: las diferencias entre países surgidas de fenómenos cuyas causas se ubiquen dentro de las fronteras del origen y el destino de las migraciones laborales deben resolverse con enfoques bilaterales o multilaterales.
Tanto en sus causas como en sus consecuencias encontramos en las causas de la migración mexicana, una interacción entre una oferta de mano de obra producida por factores endógenos en México y, por otra parte, una demanda de mano de obra de trabajadores migratorios producida también por factores endógenos en Estados Unidos. La historia de esa interacción es larga. Nos remonta al siglo XIX cuando los dueños de minas de Arizona descubrieron la experiencia de los trabajadores de las minas de plata de Sonora y los atrajeron para explotar las minas de su estado. Luego siguieron los atraídos como mano de obra, por la «fiebre de oro» de California. Luego siguieron los que abrieron nuevas tierras al desarrollo económico del suroeste de Estados Unidos atrayendo a la mano de obra proveniente de México a trabajar en «los traques y en los files» -como lo diría un corrido citado por Manuel Gamio- (1928).
Primero, junto a los migrantes chinos en la construcción de las vías de ferrocarril que conectaron a California con el resto de Estados Unidos, y luego, en substitución de los asiáticos, cuando la xenofobia antiinmigrante los hizo ver como «el peligro amarillo» que debía ser expulsado de Estados Unidos, según su primera ley sobre inmigración en 1882 (Chinese Exclusion Act). De ahí en adelante la demanda de trabajadores migratorios mexicanos desde aquel país estuvo siempre presente, hasta la fecha, en todos los proyectos de desarrollo agrícola regional que requerían de mano de obra barata. Las modalidades de esa demanda de migrantes mexicanos variaron desde una definida como «War emergency measure» -como se definió al «Programa de Braceros», hasta una ley (la llamada IRCA) que legalizó a cerca de tres millones de indocumentados en 1986. El contexto histórico de la demanda de la fuerza de trabajo mexicana desde Estados Unidos incluyó a cuatro y medio millones de mexicanos que migraron a Estados Unidos durante los años de los convenios de braceros (1942-1964).
Lo anterior se discutió en un «taller» para periodistas de medios locales y nacionales en Tijuana, con un grupo de investigadores del Colef, organizado por el doctor René Zenteno. Ahí compartimos con ellos los datos más recientes de nuestras investigaciones sobre la migración. A mí me tocó hablar sobre el contexto político de la «Reforma Migratoria» de Estados Unidos. Fundamenté mi pesimismo, no solo en mi entendimiento de la bilateralidad del fenómeno migratorio, sino en el hecho de la territorialidad de las leyes por lo cual éstas no pueden ponerse en práctica más allá de sus fronteras nacionales, no obstante que el fenómeno migratorio entre los dos países las rebase, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Expliqué algunas de las enmiendas cuya aprobación implicaría la muerte de la actual propuesta. Por ejemplo, una enmienda del senador Jeff Sessions que condiciona la legalización a que los inmigrantes hablen, lean y escriban correctamente el inglés. Otra, del senador Cornyn de Texas: que el gobierno estadounidense certifique que la frontera con México quede cerrada para el 90 por ciento de los migrantes indocumentados antes de que se otorgue la primera legalización. Entre éstas y otras iguales o peores enmiendas que los «republicanos» insisten en incluir como condición a su apoyo al «proyecto de los ocho», la aprobación de la «Reforma Migratoria» parece cada vez mas lejana; sobre todo en los próximos días en que empezará el debate en la Cámara de Representantes, controlada por los legisladores del Partido Republicano, en cuya extrema derecha militan los que pertenecen al Tea Party. En síntesis, lo peor del debate legislativo en Estados Unidos para los inmigrantes aún no ha empezado.
