Algo de lo que muy poco se ha hablado es de la obligación de todo Estado de identificar a todo muerto. Me temo que no hay tal ley que imponga al Estado esa obligación, ni acuerdo internacional que establezca tal obligación como norma de Derecho Internacional. Claro que no se puede hablar de un derecho de los muertos a ser identificados. Parecería que si no hay quien reclame la identificación de un muerto, éste deja de existir. Sin embargo no es así.
El padre Alejandro Solalinde se ha preocupado por los migrantes vivos, lo cual ha sido razón para que muchos lo admiremos y lo respetemos. Yo agregaría que es igualmente respetable y digno de admiración por su preocupación por los migrantes muertos. El padre Solalinde se ha preocupado por que no se trate a esos muertos como objetos desechables. Él se ha dado a la tarea de identificar a uno por uno de varios cientos de migrantes muertos. Todos ellos centroamericanos. Todos ellos siendo prueba fehaciente de que detrás de cada migrante muerto, hubo, cuando menos, una violación de derechos humanos.
La violación del derecho a la vida que le fue quitada a quien llevó una identidad que la migración con frecuencia hace que desaparezca cuando termina en muerte. El hecho es que no hay otro país en el mundo donde ocurran más muertes de migrantes internacionales que en el nuestro. Si alguien se da a la macabra tarea de sumar los cadáveres descubiertos de migrantes que en los medios se han atribuido a centroamericanos en México, sólo en los últimos dos años, se encontraría con más de 1,500. Si prolonga esa tarea investigativa a la comparación con cifras de otros países, se encontraría con la inevitable conclusión de que nuestro país tiene el triste campeonato mundial de violaciones de derechos humanos de migrantes internacionales.
Me pregunto, ¿es esto algo irrelevante? Yo no creo que lo sea ni siquiera para los que nunca han perdido a un ser querido del cual lo último que se supo fue que se fue de migrante. Aun para ellos, los migrantes muertos no deberían ser algo irrelevante, sobre todo si les debemos algo. Cualquier economista les podría confirmar que los 20 mil millones de dólares que suman las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos entran a una economía nacional de la cual todos los mexicanos recibimos beneficios. Eso, sin considerar razón moral alguna de la cual se podría derivar la tesis de que las más de nueve mil víctimas de violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en sus últimos informes a los tres poderes del Estado mexicano reclaman una responsabilidad de todos los mexicanos.
Cierto que el gobierno de México tiene la responsabilidad legal de dar cuenta y de pagar las indemnizaciones que de acuerdo con nuestras propias leyes debe hacerlo en los términos de la Ley de Responsabilidad de Estado. Que no nos salga el presidente Calderón con que las muertes de migrantes son responsabilidad exclusiva del crimen organizado. Esa mentira está bien para quienes se creen que el Ejército y las fuerzas policiales (que representan al Estado mexicano del que son miembros y por cuenta de quien actúan) no cometieron una gran proporción de ese número de violaciones a los derechos humanos. Cierto que el crimen organizado también tiene culpa por esas violaciones, pero sucede que esos criminales, como individuos, como particulares, no son sujetos de «responsabilidad de Estado» como sí lo son los miembros del Ejército y de la fuerzas policiales que, de acuerdo con los datos de la CNDH, han cometido buena parte de esas violaciones. Pero, también, tenemos responsabilidad usted y yo como miembros de la sociedad civil mexicana pues compartimos la obligación de generar costos políticos para el gobierno cuando éste no cumple con lo que la ley le obliga. De ahí nuestra responsabilidad por las muertes de migrantes internacionales en nuestro país y por la impunidad con la que fueron cometidas esas muertes. Tenemos que asumir esa responsabilidad el próximo 1o. de julio, cuando menos con nuestro voto.
