La semana pasada llegó a Reynosa una caravana de mujeres de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador en busca de rastros de familiares desaparecidos después de su entrada a México, cuyo número está entre 70 mil y 120 mil personas, según la señora Martha Sánchez. Ella es coordinadora del Movimiento del Migrante Mesoamericano y encabeza al grupo de mujeres, la mayor parte madres de migrantes desaparecidos en territorio mexicano. El cálculo de centroamericanos desaparecidos en su cruce por nuestro país que hace la señora Sánchez no es incongruente con las cifras de violaciones a los derechos humanos de esos migrantes que ha revelado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Estas cifras de violaciones rebasan los 10 mil, cometidas tanto por miembros del crimen organizado como por agentes del Estado mexicano, como lo son los miembros de las Fuerzas Armadas, los policías de los tres niveles (federal, estatal y municipal) y los agentes de la Secretaría de Gobernación pertenecientes a su Instituto Nacional de Migración (INM).
La participación de esos agentes del Estado mexicano en las violaciones de los derechos de los migrantes centroamericanos tiene relevancia por dos razones. La primera es por la exclusión de responsabilidades que ha hecho el presidente de la República y que luego fuera ratificada por su secretario de Gobernación Francisco Blake (q.e.p.d.), sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado mexicano respecto de la participación de sus agentes en las violaciones de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. La segunda razón es porque los miembros del crimen organizado, en tanto que particulares, no son sujetos de «responsabilidad de Estado». Lo que caracteriza a esta última responsabilidad es su carácter internacional pues es reclamable ante la comunidad de Estados nacionales, representada por la ONU, en tanto que la característica de la responsabilidad por los delitos cometidos por particulares es su carácter interno; es decir, que es reclamable ante los órganos del Estado/nación donde se cometen. Lo inexcusable del «error conceptual» aludido, es que la exclusión de la «responsabilidad de Estado» de los agentes de gobierno en las violaciones de los derechos de los migrantes centroamericanos ha llevado al gobierno de México a equivocar sus decisiones respecto de cómo combatir la violencia contra los migrantes que ha alcanzado en México números y gravedades sin paralelo en el mundo. Sin contar que, tanto el presidente Calderón como su secretario Blake cometieron ese error conceptual siendo ambos abogados, además de estar obligados por sus respectivos cargos públicos a conocer las leyes que rigen sus funciones. Esa exclusión de las responsabilidades de Estado por las violaciones cometidas por agentes del Estado mexicano la formuló por primera vez el presidente Calderón en una reunión internacional de migración en Puerto Vallarta, en noviembre de 2010, en la que dijo, que el principal responsable de la violencia en contra de los migrantes era el crimen organizado. Al no reconocer el propio presidente de la República la «responsabilidad de Estado» que corresponde a los crímenes de sus propios agentes, en quienes el Estado ha delegado el uso de la fuerza para hacer cumplir la ley -en nombre del Estado-, los ha excluido de facto de lo que en Derecho Internacional y en nuestro Derecho positivo, se entiende por «responsabilidad de Estado». No solo el presidente Calderón ha cometido este «error conceptual» como abogado y como presidente de la República, sino su finado secretario de Gobernación, el también abogado Francisco Blake, al abundar sobre el mismo error diciendo que, el único responsable de la violencia contra los migrantes centroamericanos era el crimen organizado (Milenio). Desde entonces el presidente Calderón y su gobierno se han mantenido sin corregir ese «error conceptual» a pesar de las evidencias encontradas por la CNDH sobre la participación de agentes de Estado que han cometido toda serie de violaciones a la ley en contra de los mismos migrantes cuya desaparición en México ahora vienen a reclamar las mujeres de la caravana a la que me refiero al principio.
A la señora Martha Sánchez que encabeza este grupo, con cuyas demandas me solidarizo, le recomendaría que se haga de una copia de la Ley Mexicana de Responsabilidad Patrimonial del Estado, promulgada en 2009. De su lectura se podrán ampliar muy significativamente las reclamaciones que ha venido a hacer, muy justificadamente, a nuestro país, junto a las mujeres de la caravana a la que he aludido al principio, agregando la reclamación por las indemnizaciones que corresponden en nuestro Derecho por los delitos de sus agentes de gobierno.
