Aveces quisiera dejar de escribir sobre violencia e inseguridad, quisiera dejar de leer notas periodísticas sobre balaceras, secuestros y desapariciones, y quisiera dejar de documentarme sobre las acciones que emprenden, gobierno y ciudadanía, para revertir una situación que ya no es un fenómeno exclusivo de los estados norteños ni de ciertos poblados fronterizos. Pero es difícil dejar de abordar el tema porque no ha dejado de tener relevancia y los asuntos importantes deben ser de interés de los que nos dedicamos al quehacer científico.
Sin embargo, no podemos decir que estos tres lustros en que la violencia ligada al crimen organizado se volvió parte de la vida cotidiana han sido iguales. No, sería un desatino afirmar que no ha habido cambios, que la estrategia es la misma o que todo ha sido inútil para detener una escalada incontenible que sobrepasa a cuanto actor sociopolítico se interesa por encontrar una solución.
El avance en la contención de la violencia ha sido lento y los cambios normativos han costado mucho a las autoridades y a la ciudadanía, pero no estamos en la misma situación que en la primera década de este milenio. Hoy sabemos que los migrantes son un grupo sumamente vulnerable y que requieren atención inmediata, pues se vuelven más vulnerables al crimen organizado conforme recorren el territorio mexicano de sur a norte.
Hoy también sabemos que otro foco de atención es la desaparición forzada y al adentrarnos en el análisis se vuelve evidente que hay grupos poblacionales más susceptibles a ser desaparecidos, como los jóvenes. Hoy también sabemos que las mujeres son un blanco del crimen organizado y que se han ido sumergiendo en ese mundo delictivo.
Hoy también se vuelve evidente que la frontera norte es un territorio que, en los últimos meses, se ha vuelto sumamente peligroso para los activistas y los integrantes del gremio informativo que, con más frecuencia, se acogen al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Algunos usan el botón de pánico, varios se ven en la necesidad de solicitar la extracción de un territorio para gozar de un mínimo de seguridad para sus familias y su propia persona. Otros más, lamentablemente, han perdido la vida y Tijuana es botón de muestra en las últimas semanas.
Sin embargo, hoy también es un hecho que vamos avanzando en atender una problemática que fue creciendo y haciéndose compleja y que no tiene una salida única, ni sencilla ni inmediata. La ciudadanía, a título personal o a través de diversas figuras organizativas, ha apoyado a los migrantes, las mujeres y los que buscan a sus seres queridos desaparecidos, desde la tribuna social que brindan las marchas, los plantones y las protestas o con la presión que ejercen a las autoridades de los distintos poderes y niveles de gobierno. Y esa ciudadanía, no sin grandes esfuerzos ni sacrificios, ha logrado cambios sustantivos como la Ley Olimpia o la creación de los panteones forenses que son tan relevantes para avanzar en la identificación de los desaparecidos.
Sin duda, aún falta mucho por hacer y resolver, y para lograrlo la voluntad política es fundamental porque la violencia ligada al crimen organizado persiste y después de tres lustros es evidente que no ha sido contenida. Pero estos años también hemos ido avanzando, como ciudadanía y como gobierno, y los logros deben reconocerse y potenciarse porque son indicio de que se ha emprendido un camino que quizá algún día no tan lejano nos permita recuperar la anhelada paz de antaño.
Dra. Artemisa López León
El Colegio de la Frontera Norte
