Sobre la política ambiental en México

El autor es Investigador Posdoctoral por México, adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte. El día de ayer fue presentado en El Colegio de la Frontera el libro Política ambiental en México: Tópicos selectos del siglo XXI, coordinado por el doctor Ricardo Valentín Santes-Álvarez; editado y publicado por El Colegio de la Frontera Norte en 2025. 

La obra es relevante por varias razones. Primero, porque no solo diagnostica con evidencia algunos aspectos de la crisis socioecológica de México, sino que se atreve a esbozar rutas de transformación en un contexto de profundas incertidumbres. 

La segunda razón de su relevancia reside en el mérito de reunir a investigadoras e investigadores consolidados y a otras y otros en proceso de consolidación, reunidas en torno a una premisa fundamental: revisar la política ambiental mexicana, que pese a contar con un marco normativo aparentemente sólido y una cierta institucionalidad, ha sido insuficiente para frenar el deterioro medioambiental en México. Ya anticipo desde ahora que el libro, sin ser estrictamente exhaustivo, como su propio coordinador anuncia,  sí que ofrece un análisis rico en los asuntos seleccionados que bien podría fungir como una especie de mosaico de temas importantes de política ambiental: desde el devenir de la política ambiental, el derecho ambiental, el cambio climático, la protección civil, hasta la crisis hídrica, la innovación tecnológica para el agua, la biodiversidad en el norte del país y la pertinencia y viabilidad de las áreas naturales protegidas.

Acá nos centramos en algunas de las tesis principales que atraviesan la obra, los argumentos clave que las sostienen y, finalmente, esbozaremos una breve conclusión sobre su pertinencia para pensar, o quizá repensar, la política ambiental en el México del siglo XXI.

A lo largo de los ocho capítulos que componen el trabajo en reseña, es posible identificar tres grandes tesis que funcionan como ejes estructurantes. La tesis 1 se refiere a que La política ambiental mexicana ha sido predominantemente reactiva, fragmentada y desvinculada de las necesidades de quienes viven los problemas. Esta es desarrollada con particular fuerza en el capítulo inaugural a cargo de Santes-Álvarez, donde sostiene que México ha acumulado décadas de negativos ambientales debido a un estilo de desarrollo economicista que ha privilegiado el crecimiento por encima de la sostenibilidad. Si bien el país cuenta con leyes, reglamentos, instrumentos de política y organizaciones burocráticas especializadas, el deterioro de los ecosistemas parece incontenible.

El autor muestra que, desde el siglo XVII, los asuntos ambientales estuvieron ligados a la salud y al agua, pero fue con la industrialización y el modelo neoliberal cuando la contaminación, la sobreexplotación de recursos y la pérdida de biodiversidad se intensificaron de manera alarmante. Lo crítico de esta tesis es que la política ambiental, incluso cuando ha incorporado discursos de desarrollo sostenible o de cambio climático, no ha cuestionado el modelo de producción y consumo dominante. La propuesta de solución, señala Santes-Álvarez, ha sido la resiliencia –adaptarse a los daños– en lugar de cambiar el modelo.

La tesis 2 se podría enunciar así: Existe una brecha estructural entre el marco jurídico-ambiental y su implementación efectiva, lo que genera exclusión e injusticia ambiental. Esta es desarrollada por Yeminá Valdez en el capítulo relativo al derecho ambiental y retomada también por Carlos Vázquez en el análisis de áreas naturales protegidas (ANP), donde se sostiene que el sistema jurídico ambiental mexicano, pese a sus avances –como el reconocimiento del derecho humano a un ambiente sano o la doble dimensión (objetiva y subjetiva) de este derecho–, adolece de una implementación débil, de escasa participación ciudadana efectiva y de una evidente tendencia al antropocentrismo. Valdez señala que el derecho ambiental no es solo un conjunto de normas, sino un sistema complejo que involucra principios, instituciones y prácticas. Sin embargo, la brecha entre la «política de intención» (declaraciones, leyes, programas) y la «política de ejecución» (acciones concretas, resultados) es enorme. Esta brecha genera lo que Vázquez denomina «conservación por decreto»: áreas naturales protegidas que, en la práctica, excluyen a las comunidades que las han habitado por generaciones, sin ofrecer alternativas económicas viables y sin indemnización por la pérdida de acceso a recursos.

La tesis 3 podríamos expresarla así: la gobernanza multiactor y la innovación tecnológica son condiciones necesarias pero no suficientes para la sostenibilidad; se requiere un cambio de paradigma que integre lo local, lo tradicional y lo científico. Esta tesis atraviesa los capítulos sobre cambio climático (Samanta Abundis Fletes), agua (Luis Gerardo Domínguez Guadarrama y Daniel Akenaton Granillo Hernández) y biodiversidad (Elizabeth Deonate Jiménez), donde las y los autores coinciden en que los problemas ambientales son complejos, multiescalares y no pueden resolverse únicamente con medidas tecnocráticas o de mercado. Abundis, por ejemplo, muestra que Jalisco ha avanzado en gobernanza climática gracias a la colaboración entre gobierno, sector privado, academia y sociedad civil, logrando reconocimientos internacionales. Sin embargo, advierte que estos esfuerzos aislados son insuficientes si no se fortalecen las capacidades de los municipios más vulnerables. Domínguez Guadarrama, por su parte, analiza el caso del acuífero Guadalupe en Ensenada y concluye que los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) son poco operativos, dependen del gobierno federal y no logran una participación ciudadana real. Pero la gobernanza del agua, dice, requiere legitimidad, transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, Granillo Hernández añade que la innovación tecnológica –desalinización, tratamiento de aguas, monitoreo remoto– es indispensable, pero su desarrollo y adopción dependen de cambios institucionales, inversión y, sobre todo, de una gobernanza que incentive el conocimiento científico sin desatender las demandas sociales. Finalmente, Deonate Jiménez muestra que, en Tijuana, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) está alineado con la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, pero no ha sido evaluado, carece de seguimiento y no logra conservar los fragmentos de vegetación original que quedan dentro de la mancha urbana.

Me permito esbozar ahora al menos cinco argumentos clave que sustentan las tesis enunciadas. Que en el trabajo reseñado son defendidas con argumentos basados en evidencia, estudios de caso y análisis histórico-institucional.

El primer argumento, se refiere a que la inercia burocrática y la corrupción obstaculizan cualquier giro transformador. En efecto, Santes-Álvarez argumenta que, si bien la administración 2018-2024 impulsó un discurso progresista, como por ejemplo: «por el bien de todos, primero los pobres», el cuidado de la naturaleza, no al fracking, recuperación de la rectoría estatal, entre otras medidas, en la práctica los servidores públicos acostumbrados a un quehacer inercial y a servir a grupos de poder, frenaron los cambios. El Promarnat 2020-2024 puso la «vara muy alta», pero el avance fue limitado. Este argumento es crucial porque desmonta la idea de que los problemas ambientales se resuelven solo con buenas leyes o buenos discursos.

El segundo argumento se puede enunciar así: el antropocentrismo jurídico excluye a la naturaleza y a las comunidades tradicionales. En efecto, Valdez sostiene que el derecho ambiental mexicano ha estado dominado por una visión antropocéntrica: se protege el ambiente porque es útil para el ser humano. Sin embargo, a partir del Amparo en Revisión 307/2016, la SCJN reconoció una doble dimensión del derecho a un ambiente sano: una subjetiva (antropocéntrica) y otra objetiva (ecocéntrica), que protege al ambiente como bien jurídico independientemente de sus efectos en las personas. Este argumento es fundamental porque abre la puerta al reconocimiento constitucional de los derechos de naturaleza, tal como ha venido haciendo la corriente del llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano. Fue el caso en su momento de Ecuador antes de su involución política actual, y es el caso de Colombia.

El tercer argumento: la vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres no son naturales, sino socialmente construidos. Abundis Fletes y Rodríguez coinciden en que los desastres no son naturales. Abundis muestra que el 58.6% de los municipios mexicanos tienen alta vulnerabilidad al cambio climático, y que esta vulnerabilidad está correlacionada con la pobreza y la desigualdad. Rodríguez, por su parte, argumenta que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha sido fundamentalmente reactivo (atender la emergencia) en lugar de preventivo (reducir el riesgo). El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo de Prevención (Fopreden) han destinado muchos más recursos a la atención de desastres que a la prevención, lo que evidencia una política cortoplacista.

Cuarto argumento: la gestión del agua y de la biodiversidad fracasan por falta de coordinación y de evaluación. Domínguez Guadarrama, Granillo Hernández y Deonate Jiménez ofrecen argumentos convergentes: la Ley de Aguas Nacionales creó Consejos de Cuenca y Cotas, pero estos carecen de presupuesto, poder de negociación y participación efectiva. Por ejemplo, en el Valle de Guadalupe, el acuífero sigue sobreexplotado y salinizado pese a décadas de estudios y planes. En Tijuana, el POEL no ha sido evaluado y no considera los fragmentos de vegetación urbana como sitios prioritarios de conservación. La biodiversidad, concluye Deonate, es un tema que no termina de posicionarse en la agenda gubernamental.

Quinto argumento: la innovación tecnológica no es un salvavidas neutral; requiere cambios institucionales profundos. Granillo Hernández argumenta, con base en el caso de la desalinización en Baja California, que la tecnología por sí sola no resuelve nada. Por ejemplo, los anuncios de plantas desalinizadoras que en el pasado han sido canceladas por conflictos legales, ambientales y políticos. La innovación, dice, depende de la gobernanza: incentivos, inversión, formación de capital humano y, sobre todo, voluntad política para modificar las lógicas institucionales.

En conclusión, podemos decir con base a la atenta lectura del libro en comento, que la política ambiental mexicana en la encrucijada. Por eso una conclusión ad hoc, pensando en nuestro presente y futuro inmediatos tiene que ver con la entrega de un diagnóstico ambiental lúcido y a la vez, incómodo. Pero podemos decir que su principal aporte consiste en mostrarnos que el problema ambiental en México no es solo técnico (falta de tecnología, falta de datos) ni solo normativo (faltan leyes, normas, sanciones). El problema ambiental es fundamentalmente político en el sentido más amplio del término, porque se trata sobre todo de relaciones de poder, de intereses económicos concentrados, de inercias burocráticas y de una ciudadanía que, con frecuencia es apática o ha sido excluida de las decisiones que afectan su entorno y su vida cotidiana. Sobre todo aquellas personas con peores condiciones de exclusión o marginación. De manera que la obra reseñada nos obliga a preguntarnos: ¿por qué, después de décadas de leyes, de tratados internacionales, de discursos sobre desarrollo sostenible y cambio climático, el deterioro ambiental no se detiene? La respuesta que ofrecen estos autores y autoras en conjunto es contundente: porque el modelo de producción y consumo dominante –basado en la extracción ilimitada, la mercantilización de la naturaleza y la concentración de la riqueza– nunca ha sido realmente cuestionado. La política ambiental, en el mejor de los casos, ha sido un paliativo; en el peor, una coartada para seguir depredando. Pero este libro no es un diagnóstico realista, o como dirían algunos: pesimista informado. También ofrece pistas promisorias. La primera es la necesidad de incorporar a quienes viven en y con los problemas. Y no se trata de una frase hecha para salir al paso. Significa pasar de la consulta testimonial a la participación vinculante. La segunda es superar el antropocentrismo extremo y reconocer que la naturaleza debe tener derechos propios. Tercera: reorientar la política de protección civil hacia la prevención y la reducción del riesgo, no solo hacia la atención de emergencias. La cuarta es fortalecer la llamada gobernanza del agua y la biodiversidad con mecanismos reales de participación, transparencia, rendición de cuentas y evaluación. Finalmente, el libro nos deja, tal vez, una enseñanza ética y política: la sostenibilidad no es un lujo técnico, sino una condición de justicia ambiental y social. Los más pobres, los más vulnerables, los que habitan en las periferias urbanas, en las áreas naturales protegidas o en las zonas de sequía y estrés hídrico son los primeros en sufrir el deterioro ambiental y los últimos en ser escuchados. Revolucionar la política ambiental, como lo proponía en su arranque la llamada 4T, es posible, pero requiere algo más que buenas intenciones: requiere desmantelar las inercias del poder y construir, desde abajo, desde lo local y comunitario; desde los saberes tradicionales de los pueblos originarios y desde la ciencia comprometida, un nuevo pacto social que ponga a la naturaleza en el centro.

Por todo ello, el libro Política ambiental en México: Tópicos selectos del siglo XXI es una obra de necesaria consulta para estudiantes, investigadores, servidores públicos y activistas. No solo porque describe con rigor lo que está pasando, sino porque se atreve a imaginar un escenario de mejoría posible. Y en tiempos de crisis ecológica, imaginar alternativas es el primer paso para construirla. 

Enrique F. Pasillas Pineda
El Colegio de la Frontera Norte, Estancia postdoctoral.