Mexicali, BC.- Con setenta y cinco cuartillas que contienen ciento veintiocho artículos, más veinte transitorios, el Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación ha levantado escozor en un segmento del sector académico. Los más encendidos han resultado aquellos que destacan por haber sido receptores de notables presupuestos públicos y no pocos por haber ocupado cargos de alto mando. Su posición decisoria fue usada para poner en ley la asignación obligada de grandes cantidades de dinero público para grupos privilegiados y para figuras organizativas civiles de ellos mismos como órganos consultivos de las instancias gubernamentales. La disposición, deliberadamente adjudicada, de fondos de investigación sectoriales, regionales, mixtos estatales, institucionales, el financiamiento a grupos afines en grandes proyectos multidisciplinarios y de Largo Aliento, la simulación evaluatoria y entrega de distinciones del Sistema Nacional de Investigadores por influyentismo o afinidad de grupo, y un sinnúmero de casos más, es materia públicamente documentada. Por supuesto, ha habido proyectos y distinciones auténticas, financiamientos legítimos, producto del esfuerzo y mérito genuinos, de lamentar es que éstos fueron utilizados para justificar, encubrir, las numerosas arbitrariedades. La nueva ley intenta cerrarle la puerta a esos abusos.
El anteproyecto de ley tiene una acentuada intención en dejar clara la ocupación de la instancia pública por recuperar la responsabilidad tutelar del Estado mexicano sobre el desarrollo de ciencia y tecnología en el país y para el país, con independencia y soberanía, valores que son método y estrategia, valores que alimentan la creatividad y el conocimiento propio como condiciones para el desarrollo, independencia y soberanía que no tienen que ver con aislacionismo o autarquía como lo señalan enardecidos los grupos detractores de la iniciativa. Las políticas aplicadas privilegiaron la mercantilización del conocimiento producido en los organismos públicos, entregó miles de millones de pesos, infraestructura pública, a grupos particulares en detrimento del beneficio social, desde los puestos de mando se obligó a entregar trabajo y conocimiento para beneficio de pocos, causaron daño al patrimonio público.
Los argumentos contra la iniciativa acusan que la nueva ley cancelaría la libertad de investigación y centralizaría las decisiones en tanto pretende configurar una Agenda de Estado, determinada por un Consejo de Estado. La Agenda de Estado no es más que la integración de una carta de trabajo que se construiría desde los niveles básicos a través de figuras de participación vinculantes que por muchos años se han reclamado, por ejemplo los casos de Asambleas del Personal académico en los Centros Públicos de Investigación. Mención especial merecen nuestras universidades que, escudadas en la autonomía, padecen burocracias enquistadas bajo igual método de crear leyes y normatividad para usufructuar recursos y cargos, para prevalecer. En la iniciativa en discusión, el Consejo de Estado es una figura más amplia que los órganos decisorios actuales, incluirá la intervención de gobiernos estatales por cada región que se establezca. El Conahcyt tendrá un órgano de gobierno e instancias consultivas y técnicas que, a diferencia de las anteriores, no parasitarán presupuesto público ni serían figuras de simulación y glamur académico, aquí es importante señalar que un reto mayúsculo es la simulación del desempeño de los Órganos de Gobierno, si éstos hicieran un trabajo genuino, no habría casos de arbitrariedades y abusos.
Ni la Agenda de Estado, ni el Consejo de Estado, someten a la ciencia y la tecnología, ni a los científicos y tecnólogos, del sector público, a los deseos de un grupo tenebroso estatificador, ello es un argumento anacrónico, un debate con una retórica que el mundo dejó atrás.
Quienes se oponen al cambio en la ley también señalan la desaparición, en el texto, de la obligación explícita de destinar al menos el equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto para el sector ciencia y tecnología, esto ha resultado inútil, ningún régimen anterior lo ha obedecido, es necesario reconocer que deben reconsiderarse métodos para conseguir el absolutamente necesario incremento presupuestal al sector, empezando por proscribir latrocinios, desvíos y adjudicaciones deshonestas, evitarlos significa, en términos netos, elevar el presupuesto a genuina ciencia y tecnología con compromiso social.
También es preciso enfatizar que el texto de la iniciativa de ley garantiza el respeto a los derechos laborales adquiridos.
Asignaturas pendientes:
Una: es imprescindible que la nueva ley deje perfectamente claro el compromiso de procurar que quienes trabajan en la generación y uso de conocimiento, tengan condiciones laborales y de retiro que permitan una forma de vida justa, decorosa, y el relevo generacional. Esta determinación debe extinguir la especie de outsourcing en que se tiene a los investigadores con la denominación de cátedras y crear las condiciones necesarias para ser incorporados con plenos derechos a las instituciones respectivas.
Dos: Se hace investigación, se produce conocimiento, en los Centros e Instituciones de investigación, el reconocimiento pleno al mérito y al origen auténtico del conocimiento debe ser claro, se fortalece identidad y pertenencia, el papel fundamental de Conahcyt es crear condiciones institucionales favorables para ello.
Tres: Congruente con la visión de Estado, la ley debe incorporar a las comisiones legislativas de ciencia y tecnología de ambas cámaras, es en este poder público donde se aprueban y modifican leyes y presupuestos.
Cuatro: es necesario crear una plataforma propia, del Conahcyt, para publicación arbitrada y de divulgación del conocimiento, esto evitará la dependencia de las burocracias de las Revistas con reconocimiento y el mercantilismo y la simulación generalizada de esas editoriales, y pondrá a disposición abierta y ágil el conocimiento generado en las instituciones públicas.
Finalmente, la eventual aprobación de la ley y su puesta en vigencia obligaría: a Conahcyt a ajustar sus programas y estructuras en un plazo máximo de cuatro meses; a los Órganos de Gobierno y Centros Públicos de Investigación a ajustar sus normatividades en un plazo máximo de seis meses; a las legislaturas de los estados a armonizar su marco jurídico en un plazo máximo de seis meses.
Dr. José Zavala Álvarez
El Colegio de la Frontera Norte
