El pasado 16 de enero ocurrió un nuevo incidente de abuso de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Esta vez en contra de Pedro Ríos, que es director del Comité de Amigos Americanos de San Diego, a quien le confiscaron un video con imágenes de un agente de la Patrulla Fronteriza golpeando a una persona después de haberla derribado con un bastón de choques eléctricos y mantenerla sujetada de pies y manos con ayuda de otro agente vestido de civil, mientras el agente uniformado golpeaba sin cesar a esa persona, muy probablemente un indocumentado mexicano. No solo le quitaron el video sino que lo arrestaron por no cooperar con la Patrulla Fronteriza. Hasta esta fecha hay otros 19 casos de abusos de agentes de la Patrulla Fronteriza que han quedado en completa impunidad. El más grave de ellos es el de Anastasio Hernández que fue muerto a golpes mientras gritaba pidiendo auxilio según quedó grabado y luego difundido por televisión, como lo comenté en este espacio (el 25 de abril de 2012), pues me tocó oír la grabación con los gritos de Anastasio que me dejaron en un trance de indignación y de impotencia que ahora vuelvo a sentir con este nuevo caso. No sé qué acciones haya tomado ya el Consulado mexicano en San Diego. Lo cierto es que aún no nos reponemos de la ejecución de Edgar Tamayo en flagrante violación de sus derechos humanos, cuando se sabe de la continuación de esa práctica de impunidad respecto de los abusos que cometen agentes de la Border Patrol en contra de mexicanos. Se sabe que el FBI inició una investigación en el caso de la muerte de Anastasio Hernández, pero no se sabe que haya terminado con la consignación de alguno de los agentes involucrados en esa muerte, mucho menos de su sometimiento a juicio y penalización. Lo que ha quedado claro es la ineficiencia de nuestro gobierno y de sus representantes en Estados Unidos respecto de su obligación de ofrecer protección a los ciudadanos mexicanos en el extranjero como lo ordenan nuestras leyes. No es que nuestro gobierno no pueda hacer más, que las demostradamente inútiles notas de protesta diplomática que se han producido en los pocos casos de esos 19 que aún siguen pendientes. Yo he propuesto en este espacio que nuestras autoridades consulares en Estados Unidos levanten actas consignando los hechos y las declaraciones de testigos como se debería hacer ante el conocimiento de hechos delictivos en contra de ciudadanos mexicanos en el extranjero, de tal manera que nuestro gobierno procediera a solicitar la extradición de quienes resulten responsables de la comisión de esos delitos, con la advertencia de suspender el trámite de cualquier futura solicitud de extradición que hiciera el gobierno de Estados Unidos. No es que piense que tales acciones produjeran resultados seguros de una justicia pronta y expedita en favor de una mayor seguridad jurídica para los mexicanos en Estados Unidos, pero sí se estarían intentando nuevas vías legales cuya publicidad podría hacer reaccionar al gobierno de Estados Unidos más allá de la completa impunidad de barrer con los derechos de los mexicanos como si fueran basura.
En sentido contrario a lo anterior, vale la pena comentar de un nuevo triunfo de la American Civil Liberties Union (ACLU) en favor de mexicanos presos. El jueves de la semana pasada, un juez de San Francisco, California, accedió a la petición interpuesta por la ACLU, que es la ONG más antigua y prestigiada de Estados Unidos en favor de los derechos humanos (también llamados allá «derechos civiles»), en el sentido de restringir el uso de grilletes para los reos transportados -con frecuencia por muchas horas, con grilletes en pies, manos y cintura- para comparecer en audiencias judiciales. Ahora solo se hará en los casos en que haya bases para temer intentos de fuga de reos peligrosos. Se trata de la reducción de una práctica violatoria del derecho humano en contra de prácticas degradantes. Esta decisión, que acá en el norte llamarían, un «aliviane», favorecerá a muchos mexicanos que se encuentran presos en Estados Unidos, que causaban penas adicionales a sus familiares que les tocaba verlos tratados como a los más torvos criminales aunque estuvieran presos por delitos menores.
