Nuevamente como en años anteriores, una noticia que acapara los medios locales es la presencia de una sequía de proporciones alarmantes que azota nuestra región, y la urgencia de solicitar fondos federales para hacer frente a sus impactos, principalmente en el sector agropecuario del estado.
Lo anterior lleva a cuestionar si los ciclos vividos recientemente han dejado algún tipo de experiencia en el sentido de avanzar hacia la búsqueda de programas y acciones preventivas que permitan hacer frente a condiciones similares en el futuro. Por lo expuesto en los medios éste no parece ser el caso.
Es de reconocerse que las reacciones de diferentes sectores han llegado al punto de demandar que se abra y modifique el tratado de 1996 con Tamaulipas sobre las aguas de la presa de El Cuchillo, o que se apliquen sanciones a los usuarios despilfarradores en el área metropolita de Monterrey. Pero estas propuestas no dejan de ser un producto de la impotencia e incertidumbre que año con año causa el fenómeno.
La existencia de un programa estatal que establezca y organice las medidas preventivas necesarias contra la sequía, es una asignatura pendiente para una entidad como Nuevo León, con la importancia económica que detenta en diferentes sectores y con una de las tres zonas metropolitanas más importantes del país.
Estas medidas no son desconocidas para los niveles federales y estatales responsables de la política hídrica nacional. Entre las más comunes están las obras de captación de agua; las medidas de ahorro y reducción de pérdidas; las fuentes alternas de suministro como es la reutilización de aguas residuales; la modificación de la rotación de cultivos y los cambios en las técnicas de riego utilizadas, etcétera.
Países con condiciones de aridez muy semejantes a algunas partes del territorio nacional, y que han enfrentado la sequía en el pasado, supieron aprovechar esa experiencia para desarrollar programas preventivos que les ha permitido reducir los impactos del fenómeno en nuevos ciclos de éste. Un ejemplo es España, que a partir de 2005 ya cuenta con un esquema de este tipo como resultado de enfrentar una sequía prolongada.
Por ahora poco es lo que se puede hacer para paliar los efectos inmediatos de la sequía, fuera de depender de los recursos federales prometidos o de organizar esfuerzos locales loables pero inefectivos. La apertura del tratado con Tamaulipas promete ser un proceso de negociación complicado y posiblemente lento.
Pero lo que sí se puede hacer es unir esfuerzos en la elaboración de un instrumento que defina tiempos y acciones que hagan menos drásticos los impactos de un nuevo ciclo. La base de experiencia está ahí, e incluso existen propuestas del sector académico que pueden ser recuperadas. No es el momento de señalamientos, sino de proceder en forma organizada e informada.
¿Cómo es posible que Nuevo León cuente ya con un plan de adaptación al cambio climático –que incluye la administración integral del agua– y no exista un plan de contingencia como el mencionado?
