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Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) es un organismo descentralizado constituido por Diconsa y Liconsa, y sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Fue creado en 2019, buscando la autosuficiencia alimentaria en maíz, trigo, arroz y frijol, y en producción de leche, así como el rescate del campo y el apoyo a pequeños productores de granos en zonas de mayor rezago. Empero, tan encomiable propósito pronto se vio manchado por actuaciones nocivas de un número aún impreciso de servidores públicos y agentes privados, poniendo fuerte desafío a la principal bandera de la administración del presidente López Obrador: acabar con la corrupción.
En agosto de 2022, el secretario de la función pública, Roberto Salcedo Aquino, ofreció informe sobre posibles hechos de corrupción ocurridos en SEGALMEX, producto de investigaciones que se remontaban al 2020. Afirmó que, con base en los resultados de diversas auditorías, de denuncias, y del deterioro de la calidad de rendición de cuentas de SEGALMEX, Diconsa y Liconsa, se creó un grupo de trabajo intersecretarial (GTI) para proceder a efectuar una investigación profunda.
En la revisión de los estados financieros de las tres entidades se observaron incrementos en las inconsistencias del registro de operaciones. La SFP practicó 84 actos de fiscalización, que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones, con montos observados por 6 mil millones de pesos. Por su parte, en la revisión de la cuenta pública de 2020, la ASF promovió diversas acciones en las tres entidades, que en conjunto incluyeron 22 observaciones por 3.465 millones de pesos. Salcedo aclaró que, por fiscalización de montos observados debe entenderse “lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso [que] no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial”. Mientras, en la FGR se encontraban 38 denuncias por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado daño patrimonial a SEGALMEX, Diconsa y Liconsa. Las denuncias penales presentadas se hallaban en etapa de investigación con miras a su judicialización; se aludió al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación se integraron bajo la óptica de actos de delincuencia organizada. En el ámbito administrativo, la SFP había abierto 618 expedientes. En ese contexto, se cambió toda la estructura de mando de la auditada y se cesó a servidores públicos de áreas centrales y operativas.
El 29 de junio pasado, Salcedo dio un avance de los trabajos. Confirmó que las revisiones generaron observaciones relacionadas con 9.500 millones de pesos. Pero incluso al momento se hace referencia a señalamientos que el ente auditado debe aclarar, ergo aún no se consideran daños patrimoniales. Agregó que SEGALMEX, Diconsa y Liconsa recopilan evidencias para aclarar las observaciones, y abrigó la esperanza de que, con la documentación aportada, el monto de 9.500 millones baje considerablemente. Aunque advirtió que todo lo no aclarado detonará mayor investigación.
En su turno, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la FGR explicaron el estado de la substanciación de los expedientes y la judicialización. Mencionaron que el GTI se enfocó a obtener pruebas para sustentar las denuncias, las que habían sido ocultadas en diversas oficinas de SEGALMEX. Al momento, la numeralia hace saber de: 32 carpetas de investigación en trámite, 5 carpetas judicializadas, 49 órdenes de aprehensión, 26 personas detenidas y 19 vinculadas a proceso.
Las autoridades aseveran que su actuar se apega a principios de cero impunidad y cero corrupción, y garantizan que tomarán las acciones legales correspondientes contra los involucrados en los hechos. Bien por eso; aunque no sobra recordarles que quienes anhelan un país mejor no pueden esperar menos, por lo que se les conmina a que, simplemente, cumplan con su trabajo.
Ricardo V. Sántes Álvarez
El Colegio de la Frontera Norte
