El acceso al agua y su saneamiento es un derecho humanos fundamental de acuerdo al artículo 4 párrafo sexto de nuestra Constitución (CPEUM). Y no solo eso. Dicho acceso debe ser “suficiente, salubre, aceptable y asequible” para el “consumo personal y doméstico”, dice textualmente la CPEUM. Esto significa, en términos sencillos, que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y no una mercancía ni un bien de mercado sujeto a la apropiación privada. Además, este derecho está estrechamente ligado con otros fundamentales como alimentación, salud o medio ambiente sano. Ello significa también que dicho acceso debería ser seguro, sin contaminantes y disponible de forma continua; física y económicamente accesible para todas las personas y por supuesto: sin discriminación. Así lo ratifican los numerosos tratados suscritos por el Estado mexicano, así como la jurisprudencia reiterada de la Corte (SCJN). Lo dicho es muy relevante porque en nuestro sistema jurídico, la Constitución es en sí misma la norma de más alta jerarquía, lo que implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella son vinculantes (obligatorios) para todas las autoridades y privados. Pero también, que todas las normas jurídicas de inferior categoría que vayan en su contra serán inválidas o nulas.
Con el marco expuesto, sabemos también que en el agua que llega al Estado de Baja California desde la cuenca del Río Colorado entregada por EUA (hay que recordar que aproximadamente el 97% de dicha cuenca está en territorio estadounidense) ha disminuido desde 2021 como una consecuencia directa el cambio climático, la sequía crónica y otros factores antropogénicos, lo que hace suponer que al menos en el corto y mediano plazo las entregas de agua seguirán disminuyendo. No así la demanda, que al contrario, aumenta todos los días dado el acelerado crecimiento poblacional y urbano de Baja California. De la zona metropolitana Tecate-Tijuana-Playas de Rosarito en particular, con sus ya más de dos millones de habitantes (2020). Ello implica importantes retos para la sustentabilidad en una región de condiciones ambientales adversas, que depende en muy alto grado de las aguas del Río Colorado. Es por eso que desde ciertas instancias públicas y privadas se ha promovido con insistencia durante los pasados años una suerte de solución alternativa, que sería, dicen, la instalación de una planta desaladora de agua marina en el municipio de Playas de Rosarito, que serviría para abastecer las crecientes necesidades hídricas de la región costa de Baja California. Se dice que dicha planta tendrá una capacidad de 2 mil 200 litros por segundo y que la inversión sería de 15 mil millones de pesos, según el gobierno del Estado de Baja California (coste cercano al de la construcción del viaducto elevado en la Vía Rápida de Tijuana, según estimaciones recientes). Sin embargo, desde algunos sectores se argumenta con acierto que antes de pensar en las desaladoras como la mejor solución, habría que procurar la implementación de una serie de medidas al alcance, como eficientar el manejo del agua en toda la cuenca hídrica del Río Tijuana, lo cual implica de modo principal su uso responsable y su adecuado saneamiento. También evitar el desperdicio que se produce en redes de distribución en mal estado, así como su reúso intensivo en diversos sectores una vez tratada, puesto que la experiencia demuestra que el agua proveniente de desaladoras produce efectos contaminantes por grandes cantidades de salmueras concentradas en el litoral marino, además de ser dos o tres veces más cara para los consumidores comparada con la proveniente de otras fuentes.
Un asunto crucial relacionado con las aguas en la frontera noroeste es la contaminación ambiental por el creciente volumen de aguas residuales que se vierten sin tratar o con un tratamiento deficiente en ríos, arroyos y en el mismo litoral costero desde hace varios años. Y aunque entre 1999 y 2017 se registraron pocos casos que superaran los límites permisibles de contaminación según las normas ambientales vigentes, es a partir de 2018 que en el norte de Baja California y de 2020 en el sur de California, la contaminación de las aguas del litoral ha aumentado rápida y exponencialmente para generar condiciones que se han dado en llamar “crisis” y “emergencias” ambientales desde diferentes sectores sociales y comunidades afectadas en ambos lados de la frontera. Así, para 2025, casi la mitad de las muestras tomadas en las playas fronterizas de Baja California y tres de cada cuatro en las estadounidenses excedían dichos límites, de manera que ninguna playa situada entre las localidades de Carlsbad (80 km. al norte de Tijuana) y Playas de Rosarito (32 km al sur de Tijuana) ha registrado ni siquiera 40 días al año de uso seguro para efectos recreativos y/o turísticos. Así por ejemplo, en el análisis y reporte anual de la COFEPRIS, cuatro playas de 289 monitoreadas en todo el país: Playas Rosarito y Rosarito I, Tijuana y Tijuana I, fueron consideradas “no aptas” para uso recreativo (COFEPRIS, 6 de abril de 2025).
Diversos análisis que utilizan datos de las décadas recientes indican que al menos veinte playas en el radio descrito presentan niveles de bacterias fecales que exceden los límites sanitarios durante prácticamente todo el año, siendo el invierno y la primavera las estaciones más críticas. En algunos casos, estos niveles llegan a ser hasta cien veces superiores a lo permitido. Por ejemplo, durante la primavera, las playas del sur de California registran concentraciones de enterococos que superan las 15,000 unidades por cada 100 ml, lo que equivale a casi cien veces el límite promedio (152 unidades/100 ml). Pero en México la situación es también preocupante, porque en invierno, las playas de Tijuana y Rosarito presentan un promedio de 1,116 enterococos por cada 100 ml, es decir, 7.3 veces más que el estándar máximo establecido. Al respecto existe evidencia médica suficiente para sostener que estas bacterias pueden causar infecciones gastrointestinales, de la vista, cutáneas y urinarias o respiratorias. Y su presencia suele deberse a fallas y/o colapsos en el drenaje, pero también a diversas fuentes de contaminación industrial y/o agroindustrial, circunstancia que se suma al tratamiento inadecuado o de plano inexistente de las aguas residuales dentro de la cuenca hídrica binacional del Río Tijuana. Así, en los años más críticos, las aguas residuales incumplen las normas sanitarias durante más de 325 días en ambos lados de la frontera, dejando apenas 30 días “seguros” para actividades turísticas y recreativas. Estos y otros hallazgos relacionados forman parte de la plataforma interactiva de la iniciativa Una Costa, Una Comunidad, que recopila datos oficiales sobre la calidad de las aguas costeras en ambos países con el fin de fomentar la colaboración científica e institucional y la adaptación climática en la región transfronteriza.
Por otro lado, pero estrechamente relacionado con este asunto, el Río Tijuana, que atraviesa la ciudad que da nombre al municipio que ya es el más poblado del país y luego se adentra en territorio estadounidense para desembocar en el mar unos 6 km. río abajo, enfrenta una crisis ambiental multidimensional, relacionada por ejemplo, con los sedimentos acumulados en las presas y el estuario que no permiten su natural distribución costera y cuya falta crónica contribuye de modo determinante a la erosión de todo el litoral adyacente. Por lo demás, la contaminación del Río Tijuana agrava también la contaminación de los pocos mantos acuíferos que aun existen dentro de la cuenca, cuyo desecamiento contribuye al desplazamiento súbito de terrenos inestables en empinadas laderas y terraplenes colmadas de asentamientos urbanos irregulares y marginales, lo que ponen en riesgo la vida de numerosas colonias y comunidades asentadas en esas laderas y cañadas, lo que requerirá en el futuro no solo de un urgente reordenamiento urbano, sino también de mayor y mejor inversión pública en infraestructuras, así como de una mejor cooperación binacional (reforzada) entre México y Estados Unidos, puesto que resulta claro que los desafíos que presenta el estado actual de la cuenca del Río Tijuana no pueden resolverse de manera unilateral ni de un plumazo, ya que afectan infraestructura y ecosistemas en ambos lados de la frontera. Y si bien desde la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA, organismo binacional responsable) se reconoce que la contaminación del Río Tijuana es un problema complejo y acumulado de muchas décadas, también se sostiene con llamativo optimismo que los problemas acumulados pueden resolverse con más gasto, inversión y cooperación institucional, cuyos mejores ejemplos serían los avances registrados recientemente en la rehabilitación de la planta internacional (PITAR) y la modernización de la planta de tratamiento (PTAR) de Punta Bandera o San Antonio de Los Buenos; mientras que en la parte estadounidense se pretende ampliar la planta de South Bay, en San Diego. ¿Será esto suficiente? Aunque el asunto del saneamiento de las aguas ya se reconocía como un tema clave para la región desde 1944, es durante las pasadas décadas que se han acordado y suscrito numerosas Actas en el seno de la CILA/IBWA (adendas del Tratado de 1944) para atender el asunto de la descarga y el saneamiento de las aguas residuales en una región transfronteriza donde las jurisdicciones y responsabilidades estatales e internacionales se traslapan y se diluyen, razón por la cual los resultados actuales distan mucho de lo aceptable. Las citadas Actas incluyen medidas como la expansión de plantas de tratamiento en ambos lados de la frontera y reuniones periódicas para garantizar avances con transparencia. Y si bien estas medidas son imprescindibles, no parecen suficientes ante la acumulación histórica de “crisis ambientales”, ahora convertidas en crisis socioambientales que impactan a numerosos sectores sociales y económicos, pero de modo más grave a las comunidades más desfavorecidas en las riberas del Río Tijuana y en el litoral costero adyacente a su desembocadura en una dimensión regional y binacional. De manera que dados los crecientes y complejos retos ambientales, el futuro requerirá el aumento de la cooperación y el dialogo para conseguir mejores estadios de paz social, que va asociada a la necesidad de justicia ambiental e hídrica para todas las comunidades, especialmente las que padecen peores condiciones de exposición a los contaminantes.
Estos y otros importantes asuntos relacionados con las aguas transfronterizas se trataron recientemente en el foro “Aguas Compartidas” celebrado en días pasados en el CETYS Tijuana, donde voces expertas entre quienes destacan la del profesor Samuel Sandoval (UC Davis) y Trent Biggs (SDSU), disertaron sobre la relevancia de acudir al mejor conocimiento científico disponible y al trabajo interdisciplinario en aras de una mejor cooperación y colaboración binacional que permitan las decisiones de política pública necesarias para enfrentar los crecientes retos hídricos y ambientales de la región. Agradezco al Foro Permanente de Aguas Binacionales/Permanent Forum Of Binational Waters y en particular a la doctora Rosario Sánchez su amable invitación para acompañar este interesante foro, que nos brindó la posibilidad de interactuar con personas de la academia, el sector privado, el gobierno y la sociedad civil transfronteriza.
Enrique F. Pasillas Pineda
El Colegio de la Frontera Norte, Estancia postdoctoral.
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