En 2024, México recibió un récord de 64,745 millones de dólares en remesas familiares, cifra que representa el 3.2 % del PIB y que consolida al país como el segundo mayor receptor mundial, detrás de India. A pesar de su magnitud, estos flujos no han sido capaces de traducirse en una palanca estructural de desarrollo económico. Persisten dos ausencias críticas: una política industrial activa y una banca de desarrollo que movilice el ahorro migrante hacia inversión productiva.
Macroeconómicamente, las remesas se registran como transferencias corrientes sin contrapartida financiera, y en sentido estricto no son capital productivo. Son flujos de ingreso que sostienen la demanda agregada interna, pero no incrementan directamente la capacidad productiva. De acuerdo con estudios empíricos, entre 70 % y 90 % de las remesas se destinan al gasto corriente —alimentación, salud, educación, amortización de deudas— y solo una fracción mínima (menos del 5 %) se canaliza hacia proyectos productivos. Esta situación se agrava por la falta de intermediación financiera adecuada, la precariedad laboral de los receptores y el escaso acceso al crédito.
El contraste con su importancia como segunda fuente de divisas del país es revelador. Entre 2013 y 2024, las remesas crecieron a una tasa promedio anual del 10 %, superando con creces a la inversión extranjera directa, la cual ha mostrado una tendencia marcada por la volatilidad y el estancamiento. No obstante, este dinamismo genera efectos secundarios: el ingreso sostenido de divisas induce la apreciación del tipo de cambio, lo que reduce la competitividad de las exportaciones y debilita a los sectores industriales intensivos en tecnología o empleo, fenómeno conocido como enfermedad holandesa. En ausencia de políticas industriales activas, se refuerzan los procesos de especialización regresiva.
A nivel regional, la alta concentración territorial de las remesas —Michoacán, Guanajuato y Jalisco captan una cuarta parte del total nacional— muestra una dependencia estructural creciente. En más de 500 municipios, el índice de especialización en remesas supera el umbral de sostenibilidad económica. No obstante, estos municipios carecen de infraestructura productiva, inversión pública significativa y planes de desarrollo productivo territorial articulados. El resultado es un círculo vicioso: se incrementa la liquidez, pero sin inversión, perpetuando la desigualdad y la marginación.
Aquí es donde la banca de desarrollo debería jugar un rol central. En México, instituciones como NAFINSA, FIRA o Financiera para el Bienestar han sido incapaces de diseñar instrumentos de crédito, ahorro o coinversión adaptados al perfil del migrante. Mientras que en Filipinas o India existen programas institucionales que canalizan remesas hacia emprendimientos, fondos de garantía o proyectos comunitarios, en México predominan iniciativas marginales o descontinuadas. El programa “Tres por Uno”, vigente entre 2002 y 2018, tuvo un impacto limitado y no logró escalar ni inducir encadenamientos productivos locales.
La oportunidad es clara: movilizar el ahorro migrante mediante una banca de desarrollo que actúe como facilitador institucional, con productos financieros específicos, mecanismos de corresponsabilidad local y plataformas tecnológicas. Esto requiere una reforma estructural en el modelo de banca pública de desarrollo, pero también una sinergia con políticas industriales regionales que definan sectores estratégicos y construyan capacidades productivas a escala municipal.
En conclusión, las remesas son flujos de ingreso que, por sí solos, no pueden constituir la base de una estrategia de desarrollo económico nacional. Se trata de un recurso exógeno que puede contribuir a mitigar la pobreza en ciertas regiones y complementar los programas de transferencia social del gobierno, pero que carece de la capacidad estructural para impulsar un proceso sostenido de crecimiento económico y de aumento de la productividad del trabajo. Si no se articulan con instrumentos adecuados de inversión, las remesas seguirán alimentando un modelo económico centrado en el consumo, la informalidad, la precariedad laboral y la dependencia del exterior.
La banca de desarrollo debe asumir este desafío histórico y convertirse en un vehículo para canalizar estos recursos hacia la inversión productiva e impulsar una política industrial activa. De no hacerlo, México continuará desaprovechando uno de los pocos flujos financieros estables con los que cuenta: el esfuerzo de millones de migrantes que, desde el extranjero, hasta ahora han sostenido el consumo interno del país.
Cuauhtémoc Calderón Villarreal
El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios Económicos
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