El pasado miércoles 18 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio luz verde a las reformas a 12 artículos y adiciones a otros 7 de la Constitución Política mexicana, una vez que 17 congresos de las entidades aprobaran las propuestas. Con ello y únicamente a la espera de su promulgación a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se aprueba este paquete de reforma política; desde luego que las adecuaciones constitucionales trascienden una reforma electoral.
En términos temporales se trata de una reforma atípica. La dinámica que ha seguido la reforma política en nuestro país ha estado condicionada por los resultados de los procesos electorales. Al término de los mismos sigue un proceso de análisis y propuestas que culminan en reformas para preparar las siguientes elecciones. Sin embargo, en esta ocasión la reforma política no responde a ese ciclo. El Congreso la había aprobado ya hace seis meses y respondía a fuertes presiones sociales.
Efectivamente, uno de los puntos centrales que la reforma contempla es el de las candidaturas independientes o ciudadanas. Se trata de una añeja demanda, que se explica por la mala imagen que han ido acumulando los partidos políticos y en general los agentes políticos. Se encuentra muy extendida la idea de que gran parte de la responsabilidad de los problemas nacionales se debe a la mala actuación de los “políticos”. Entonces, la solución es que lleguen a los cargos públicos los “ciudadanos”. Según la reforma aprobada, su entrada en vigor será en la elección intermedia federal de 2015, cuando se elijan diputados. Ya veremos cómo se instrumentan las candidaturas independientes. No será nada sencillo, empezando porque nuestro sistema de financiamiento es público y el acceso a medios electrónicos se otorga en función de resultados electorales y otro porcentaje residual para todos los partidos políticos: ¿Cómo se financiarán las candidaturas ciudadanas para que tengan alguna oportunidad de competir contra los candidatos partidistas? ¿Cómo será el acceso a los tiempos oficiales? Difícil reto para la legislación secundaria; me temo que estará en juego la equidad.
También hay que destacar algunos de los asuntos sustantivos de la reforma: consulta popular e iniciativa ciudadana (y no esperar a que su diputado las presente); una opción para que el nuevo presidente de la República tome protesta ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cualquier lugar (y no sólo ante el pleno del Congreso de la Unión); la facultad presidencial para presentar hasta dos iniciativas preferentes al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, nuevas o pendientes del periodo anterior y facultades al Senado de la República para nombrar a distintos titulares de órganos autónomos: por ejemplo la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía.
Pese a la amplitud y trascendencia de lo aprobado, quedaron fuera al menos tres propuestas centrales: la reelección legislativa, la revocación de mandato y la segunda vuelta electoral. Son temas fundamentales de la reforma política esperada. Sobre todo después de los resultados electorales del 1 de julio. Ahora el reto será ver cómo se instrumentan los cambios y adiciones constitucionales, pero sobre todo cómo se incluyen en las legislaciones locales.
Considero que las candidaturas ciudadanas o independientes tienen mayor viabilidad en el plano local. En la medida que descendemos en la pirámide del poder, quienes se presentan como candidatos sin partido incrementan su capacidad para competir. Por ejemplo, las delegaciones municipales o las regidurías son cargos que pueden ser de elección y donde la popularidad de liderazgos ciudadanos permitiría participar con posibilidades de triunfo. Al contrario las alcaldías, las diputaciones y las gubernaturas son de muy difícil acceso sin estructuras partidistas. El problema es que cada candidato ciudadano requerirá generar sus propias organizaciones con lo cual tendremos la proliferación de pequeños partidos coyunturales, si de verdad se quiere competir y no sólo tener candidaturas testimoniales. El reto es enorme para los legisladores locales y federales pues deberán proponer normas secundarias que permitan hacer viable la recién aprobada reforma política.
