En 2019, la llegada de la caravana centroamericana sorprendió a Nuevo León; dos años después ocurrió algo similar con el arribo de numerosas personas haitianas. Ante la ausencia de una estrategia para atender a estos colectivos, el Gobierno reaccionó de manera improvisada en ambas coyunturas. Hoy esta entidad ya cuenta con un protocolo formal, pero todavía se desconoce si funciona.
Esta política pública denominada “Protocolo de atención a personas en flujos migratorios y desplazamientos mixtos” (en adelante Protocolo) fue anunciada por el Gobierno estatal a finales de 2024 y evidencia un aprendizaje institucional. Se trata de un documento con enfoque de derechos que establece rutas para atender de manera coordinada a flujos de 100 o más personas en contexto de movilidad. En él, varias dependencias de Gobierno federal, estatal y municipal aparecen como los principales actores, junto con organismos internacionales y organizaciones civiles locales.
Recientemente, este Protocolo estuvo cerca de implementarse con la caravana migrante Éxodo de Justicia, que salió de Chiapas el pasado 6 de agosto. Durante algunos días, este colectivo integrado por alrededor de 300 personas no solo despertó la expectativa de poner a prueba la coordinación institucional, sino de descubrir los posibles retos que por ahora se camuflan en el papel.
Sin embargo, dicha caravana, cuyos destinos principales eran la Ciudad de México y Monterrey, se dispersó ocho días después, tras supuestas negociaciones con el Instituto Nacional de Migración para regularizar su situación migratoria.
Por ahora, el Protocolo es una promesa con un valor simbólico importante. Que el documento exista es, sin duda, un paso en la dirección correcta al reconocer que la migración no es una amenaza, sino un derecho humano que requiere la debida preparación por parte de los distintos gobiernos. Pero como ha sucedido, lo que está en papel no siempre se refleja en el terreno; en este caso no sería por falta de voluntad política, sino por la novedad y magnitud de la iniciativa al plantear atender simultáneamente a cientos de personas. Es aquí donde cabe preguntarse: ¿Están listas las personas que deben ejecutarlo? ¿Existen canales reales de coordinación? ¿Cuáles serían las primeras acciones?
Vale la pena cuestionarse si gobiernos, organizaciones y ciudadanía estamos listos para volver a recibir sin improvisar y sin discriminar. En lo referente al Protocolo, un estudio a realizar en próximos meses, coordinado por World Vision y El Colef, junto con otros miembros de la Alianza Acércate: Red Solidaria para las Personas en Situación de Movilidad en Nuevo León, buscará responder a estas preguntas explorando el grado de familiaridad y preparación de quienes implementarán estos lineamientos a nivel directivo y operativo llegado el momento.
Con esta información se sugerirán recomendaciones para mejorar esta política pública. La caravana de agosto no llegó, pero difícilmente se puede asegurar que no habrá otras.
El declive (momentáneo) de EU como país de destino por excelencia solo es uno de varios factores que intervienen en la conformación de caravanas migrantes en México; siguen presentes la violencia y la pobreza en los países de origen, así como el crimen organizado que obliga a las personas a desplazarse en caravanas como medida de protección.
Por tanto conviene traducir el Protocolo en pequeños simulacros que armonicen y pulan la ineludible respuesta institucional en Nuevo León.
Yetzi Rosales Martínez
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Monterrey.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente una postura institucional de El Colegio de la Frontera Norte.
