El primero de diciembre entrará en funciones una nueva administración en el Gobierno Federal, y como en ocasiones anteriores, lo hará en medio de incógnitas sobre las líneas de acción que seguirá en torno a los grandes problemas nacionales. Dentro de toda esta extensa y complicada agenda, los recursos hídricos sin duda constituirán una de las prioridades centrales.
Entre las acciones obligadas que deberán considerarse por parte de este sector, está una evaluación del desempeño del sector hasta el momento, pues aunque los responsables en turno tengan planteamientos propios, es imprescindible tener una medida de avances y retrocesos de donde partir.
En este panorama hay un aspecto cuya presencia y potencial de apoyo van en aumento, y para el que se puede decir que existe una deuda de reconocimiento gubernamental. Se trata de la participación de instancias y actores fuera de esa esfera, en el estudio y en los procesos de planeación y toma de decisiones sobre nuestros recursos hídricos.
Tanto los sectores académico y privado como la sociedad civil, han trabajado persistente y hasta cierto punto silenciosamente abordando la problemática del agua desde varias perspectivas, y en diferentes regiones del país. La difusión y seguimiento de todo este trabajo en su mayor parte se ha limitado a los foros académicos y redes de los grupos participantes, y su trascendencia ha sido difícil fuera de dichos ámbitos.
La puesta en marcha de la Agenda 2030 por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2010 ofreció una coyuntura importante para la integración y visibilidad de muchos de estos actores a nivel regional, en la planeación de los recursos hídricos del país bajo principios de sostenibilidad.
En los últimos dos años los foros y eventos de discusión e intercambio de ideas en este grupo se han multiplicado.
Por nombrar algunos, están los mismos esfuerzos de la OCDE con sus convocatorias de especialistas provenientes de diferentes entidades; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) con sus Jornadas para la Construcción de Orientaciones de Política Hídrica en varias regiones del país, con el apoyo de diferentes instituciones académicas, así como las reuniones preparatorias de asociaciones relacionadas con la temática hídrica, como la Asociación Mexicana de Hidráulica por ejemplo, con miras a su congreso nacional en noviembre próximo, y las redes especializadas en los estudios del agua desde perspectivas interdisciplinarias, como la de Investigadores Sobre el Agua (ISA) y la red Temática del Agua de Conacyt.
Toda esta reflexión e información representan un insumo invaluable que no deben dejar de lado los encargados de la futura política hídrica del país.
El hacerlo no únicamente implicará un desperdicio ilógico de recursos, sino que se correrá el riesgo de inhibir un proceso de interés y confianza, cuya construcción no tuvo lugar de la noche a la mañana.
