El Tratado Internacional de Aguas signado por México y Estados Unidos en 1944 es considerado un hito en la historia del manejo compartido del agua tanto binacional como internacionalmente. Por un lado, y a pesar de las presiones de los estados riparios estadunidenses, su oficialización permitió que ambos países dirimieran sus diferencias ante las crecientes presiones que el desarrollo regional y urbano imponía a dichos recursos. Por otro lado y a nivel internacional mantiene el reconocimiento por su complejidad, al tratarse de un tratado que cubre diferentes cuencas, y como pionero de los pocos acuerdos negociados a partir de una posición de igualdad de poder entre los países signatarios.
Por varias décadas, la distribución del agua de los ríos internacionales compartidos se llevó a cabo ordenada y cooperativamente, en línea con los preceptos establecidos por el tratado en términos de derechos y obligaciones de ambos países, y con la ayuda de actas cuya firma mutua ha permitido abordar y buscar soluciones a situaciones y problemáticas coyunturales posteriores, muchas de ellas producto del crecimiento poblacional y económico, mismo de las regiones adyacentes en los últimos 70 años.
Un factor ampliamente reconocido detrás de este funcionamiento eficiente, ha sido el trabajo diplomático del organismo binacional operador del tratado, la CILA-IBWC, en la persona de los comisionados de cada sección, a pesar de críticas en su contra por los criterios de designación de los mismos y de atender a un mandato federal. Las coincidencias a favor apuntan a que esas mismas características permitieron un blindaje de los contextos políticos nacionales y una semiautonomía para el abordaje de los problemas y la coordinación de las actas respectivas. Una muestra de esta tradición diplomática exitosa han sido los periodos de duración de algunos comisionados de la sección mexicana, como fue el caso de David Herrera Jordán en los primeros años de operación del organismo, y muy particularmente Arturo Herrera Solís, quien imprimió al organismo un reconocimiento de apertura, transparencia y consulta durante los 19 años de su gestión, antes de fallecer trágicamente en el año de 2008.
En 1993, las regiones servidas por la cuenca del río Bravo en México y Texas se vieron afectadas por la sequía más importante y prolongada desde la conclusión de la presa de La Amistad en 1969, con efectos particularmente catastróficos para los estados del norte de México, que se reflejaron en una baja sustancial en los niveles de su cuota de agua disponible de las presas internacionales, y de las presas a lo largo de la cuenca del río Conchos, el principal afluente mexicano, cuyos niveles llegaron a estar al 21% de su capacidad en conjunto.
La sequía de 1993 pareció romper el orden existente en la relación y compromisos de parte de cada país. Como ya es sabido, México no pudo cumplir con el volumen de entregas requerido por el tratado al final del ciclo 25, correspondiente al periodo 1992-1997, acumulando un déficit de 1283 Mm3, que pudo saldarse hasta dos ciclos después. En aquella ocasión, las gestiones de la CILA-IBWC a través de sus comisionados fueron nuevamente centrales en la firma del Acta 293, que ofreció un marco de cooperación para que México afrontara los efectos inmediatos de la sequía, dando preferencia a los usos domésticos y municipales de las aguas internacionales, de conformidad con el Artículo III del Tratado de 1944.
La tradición y liderazgo que Arturo Herrera consolidó en la sección mexicana de la CILA ha sido difícil de recuperar en años subsecuentes. En 2008 fue designado el doctor Roberto Salmón, con una trayectoria académica sólida y de importantes cargos administrativos en Conagua, pero cuya gestión fue cuestionada por algunos legisladores en relación a su papel en el desarrollo de las actas 319 y 323 sobre cooperación binacional en torno a las aguas del río Colorado, así como su manejo del conflicto generado por las obligaciones de entregas de agua de México en el presente ciclo. A su renuncia en mayo de este año, y a pesar de que existe un nuevo nombramiento en la persona del doctor Humberto Marengo Mogollón, un distinguido académico especialista en Hidráulica, las funciones de la CILA parecen haber quedado de momento restringidas al ámbito de la titular de Conagua, y de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para América del Norte.
Conforme se acerca la fecha estipulada para que México salde su deuda en este ciclo, las presiones por parte de Estados Unidos aumentan, y la necesidad de una comunicación más fluida e informada en el plano binacional se hace evidente. Para México es fundamental recuperar la confianza en un organismo cuyas funciones y tradición no pueden ser sustituidas.
Dr. José Luis Castro Ruiz
El Colegio de la Frontera Norte
