A diferencia de otras experiencias a nivel internacional, el voto de los mexicanos en el extranjero tiene pocos años de haberse instrumentado. La primera ocasión que los mexicanos de fuera votaron fue en la elección presidencial de 2006. En las entidades de la República, Michoacán instrumentó el derecho a votar por gobernador en 2007, misma elección que repitió en 2011. El “voto chilango” (de los ciudadanos del Distrito Federal –DF-), así llamado oficialmente, tuvo lugar de manera concurrente con la elección presidencial de 2012, y en ella votaron por Jefe de Gobierno; también a partir de 2012 los chiapanecos que residen fuera pueden votar para elegir a un diputado migrante a su Congreso local.
La puerta legal para votar a distancia se dio con la reforma constitucional del 31 de julio de 1996, pero cuyas leyes secundarias se publicaron hasta el 30 de junio de 2005. La experiencia indica que pese a las altas expectativas, los mexicanos de fuera emiten pocos sufragios. Tampoco es algo inusual, así sucede en la mayoría de los 111 países que garantizan el sufragio en el exterior.
Así, lo mejor será tener expectativas realistas respecto al interés de los connacionales por votar a distancia. La primera ocasión que sufragaron (2006), el universo de votantes potenciales era de 4.2 millones pero sólo se recibieron 32 mil 632 votos válidos, es decir, menos del 1 por ciento. Seis años después, en 2012, en la elección presidencial, se siguió manteniendo la cifra potencial, pero se incrementaron ligeramente los votos: 40 mil 714. Ello gracias a la estrategia del Instituto Federal Electoral (IFE) que flexibilizó los requisitos y asumió el costo de los envíos postales, aún así, el voto fue magro, sobre todo tomando en cuenta el universo de votantes potenciales y la intensa actividad de promoción del órgano electoral y de las organizaciones de migrantes.
Por otro lado, esos mismos resultados los podemos comparar en la elección concurrente de 2012, cuando los ciudadanos del DF eligieron también a distancia a su Jefe de Gobierno. Un elemento adicional fue que en esta última elección se agregó el voto por Internet al envío postal, lo cual incrementó la participación.
La experiencia internacional demuestra que entre más sencillos sean los procedimientos para emitir el sufragio a la distancia, mayor disposición a participar. Sin embargo en el caso mexicano, el modelo adoptado –voto postal- y las estrictas medidas de control, parecen haberse convertido en factores de inhibición del sufragio: las dificultades se resumen en la complicación para el registro en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), en el poco tiempo para realizarlo, en el llenado, en la exigencia de documentos probatorios de residencia, en la credencialización y en el pago del envío del voto.
La modalidad del voto postal amparada en la posesión de la credencial electoral expedida en México, aunada al volumen de la emigración y a su composición –una proporción muy importante es población indocumentada-, hace muy difícil prever altas tasas de participación. Pese a una estrategia institucional y social exitosa, se deben tener expectativas realistas de respuesta. Una de las enseñanzas de 2006 y 2012 es no esperar que todos aquellos que cuentan con credencial de elector vayan a participar.
Hay que subrayar que allanar el camino administrativo y potenciar la difusión del proceso es importante, pero ello no resuelve el involucramiento y la decisión de votar. La diáspora mexicana, la mayor del mundo occidental -el 98 por ciento reside en Estados Unidos-, es heterogénea. Muy poco sabemos de los intereses políticos de nuestros connacionales. A los mexicanos de fuera se les sigue viendo como un grupo homogéneo, desconociendo el papel que juegan las diferentes generaciones en la percepción y actitudes políticas que definen el tipo de participación política, tanto en el país de salida como en el de recepción. Por ejemplo, todo indica que dependiendo del tiempo que ha transcurrido desde que partieron, su interés respecto a los asuntos nacionales va cambiando: a menor tiempo fuera mayor interés por participar políticamente en los asuntos de su país y por el contrario, conforme pasa el tiempo disminuye su interés e información para participar en su país de origen. Esto también sucede en el plano económico: las remesas que envían los emigrantes disminuyen cuando su estancia exterior es más prolongada.
Es un asunto toral para la democracia mexicana avanzar en el conocimiento de la cultura política de los mexicanos de fuera. La distinción entre nacionalidad y ciudadanía establecida en la Constitución Política permite reivindicar la idea de que la democracia política exige el ejercicio de una ciudadanía activa, sobre todo en el plano de la elección de representantes populares y en la posibilidad de ser elegidos para ocupar un cargo público. Si la distancia es permanente y además se adquiere, se posee y se ejerce otra ciudadanía, la nacionalidad no se pierde. Precisamente el modelo justo sería una ciudadanía y múltiples nacionalidades; el voto debe ser la práctica de una ciudadanía vigente.
En ese contexto, la población objetivo para la participación política extraterritorial debería ser, preferentemente, de indocumentados y residentes legales permanentes; se habla de 8 millones, 771 mil, de los cuales un porcentaje importante son mayores de 18 años y por lo tanto votantes potenciales. Del universo de ciudadanos estadounidenses (nacidos en Estados Unidos -19.374 millones- o naturalizados -2.6 millones) que sumaban en 2009 21.974 millones, salvo que residan en México y decidan ejercer la opción de su ciudadanía mexicana, sus intereses políticos primarios se encuentran en Estados Unidos. Desde luego, sus derechos civiles, sociales y económicos se encontrarían a salvo pues los garantiza su condición de la doble nacionalidad. Una vía para el ejercicio de la ciudadanía mexicana de aquellos que nacieron en Estados Unidos u optaron por adquirir la de ese país por la vía de la naturalización es el lugar del pago formal de impuestos, tal como lo hacen otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Y esto último, generalmente, se encuentra ligado al país de trabajo y residencia. Se trataría de una decisión política de la persona que tiene no solo la opción de la doble nacionalidad, sino también de la doble ciudadanía. En muchos casos, dada la legislación electoral mexicana, en un acto de compromiso cívico.
La combinación de ciudadanía y temporalidad nos ayudaría a construir el universo de potenciales votantes a distancia, pero sobre todo una democracia justa en la que los ciudadanos elijan a quienes habrán de representarlos, en una doble dinámica de derechos y obligaciones para electores y gobernantes.
-Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública.
