¿Podrá la 4T apuntar y atender el problema de la violencia de género en la agenda de su primer gobierno en Tamaulipas?

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Opinión de Teresa E. Cueva Luna Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte

jueves 22 de septiembre de 2022

El primero de octubre la gubernatura del estado de Tamaulipas será ocupada por un representante de Morena, el Dr. Américo Villareal Anaya, quien tendrá la oportunidad histórica de iniciar un giro en el quehacer gubernamental orientándolo hacia la búsqueda de satisfacer el interés público, siendo el problema de la inseguridad uno de los pendientes más sensibles para la población. Desde las demandas feministas de atención a la violencia de género, se impulsan una serie de asuntos a ser considerados por la agenda gubernamental, especialmente los casos de feminicidio y la trata de blancas.

Debido a que el Estado mexicano ha suscrito varias convenciones internacionales a favor de la igualdad de género y desarrollado armónicamente sus propios marcos legales, está obligado a llevar a cabo una serie de acciones en esta dirección. Sin embargo, la omisión ha caracterizado el desempeño del gobierno de Tamaulipas, mostrando una falta de voluntad política con consecuencias graves para el bienestar de las mujeres y la sociedad.

Para producir un cambio verdadero el gobernador electo por Morena necesita una fuerte determinación que le permita revertir la tendencia actual de ocultamiento de información sobre seguridad pública, desorden y parcialidad al comunicar datos estadísticos sobre violencia de género, así como superar las designaciones de titulares por confianza en lugar de tomar en cuenta el nivel de profesionalismo y especialización que se tenga, la falta de capacitación de calidad a los servidores públicos y la falta de rendición de cuentas.

Para este proceso es fundamental definir el problema a nivel conceptual, lo que en ocasiones implica tipificar un delito. También debe ser reconocido como un asunto relevante para un amplio sector de la población o para un sector específico. Por ello es necesario conjuntar las percepciones de analistas políticos, la sociedad civil organizada, así como de la población afectada. De esta manera, será posible inscribirlo en la agenda gubernamental para atenderlo mediante el diseño de políticas públicas apropiadas.

El tema de la violencia de género ampliamente consensuado a nivel internacional y nacional parece apenas estar dándose a conocer entre distintas dependencias gubernamentales en Tamaulipas, por lo que deja ver un informe del gobierno estatal (2020) en donde se indica que todavía se encuentran en una etapa inicial del proceso de transversalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal.

La ONU Mujeres (2020), como instancia que promueve la igualdad de género a nivel mundial, hace importantes aportaciones a través de sus publicaciones. Un texto reciente sobre la violencia feminicida en México se basa en datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y muestra que sólo en el 25% de los presuntos homicidios dolosos de mujeres se abren carpetas de investigación para tratarlos como presuntos feminicidios. También señala que Tamaulipas se coloca arriba de la media nacional (5.7), con una tasa de 6 defunciones femeninas con presunción de homicidio por cada 100, 000 mujeres. En el periodo estudiado, de 1985 al 2019, Tamaulipas aparece como la entidad federativa que ocupó el tercer lugar a nivel nacional en dos ocasiones, en los años 2012 y 2014. Y, al poner atención sobre las diez ciudades con mayores tasas en el país, aparece Ciudad Victoria, capital de nuestro estado, en los años 2017 y 2018.

Es muy importante que los gobiernos apoyen planes de acción para atender las consideraciones de los organismos internacionales de desarrollo en favor de la igualdad de mujeres y hombres. Por ejemplo, en el caso de feminicidios se indica que se armonicen protocolos de investigación ministerial, policial y pericial y en materia de impartición de justicia (ONU 2020: 21). No solo se trata de armonizar leyes y reglamentos sino protocolos de actuación que definan claramente los pasos a seguir.

Entre las acciones institucionales paralelas que se han llevado a cabo cabe mencionar que se está acortando la brecha de participación laboral de mujeres y hombres en el poder judicial en Tamaulipas. En el periodo de 2016 al 2020 se han estado otorgando nuevos nombramientos de jueces para mujeres en una proporción un poco más alta del 50% con respecto a los jueces hombres. Considérese que en el pasado reciente había una participación de hombres de más del doble que mujeres. Y aunque esta acción no garantiza cambios en automático por la igualdad de género, es posible que, asociado con el cumplimiento de normativas federales en la materia, en un futuro cercano se otorgue justicia cada vez más con perspectiva de género.

Un sector que ha contribuido a colocar el problema de la violencia de género en el debate público está conformado por grupos de feministas, víctimas buscadoras de desaparecidas y periodistas que trabajan por dar cuenta de los casos de muertes dolosas y feminicidios y, en ese sentido contribuyen a poner presión al Estado para atender estos problemas. Denunciar 20 posibles casos de feminicidio en la geografía del feminicidio en Tamaulipas a través del mapa de María Salguero (2017-2021), ayuda a ganar notoriedad. Las voces de las familias de víctimas de feminicidio, victimas indirectas ellas mismas, son las que evidencian las historias encarnadas y exigen mayor atención.

Los obstáculos que se enuncian para que el próximo gobernante tenga una mayor injerencia en dar celeridad a las investigaciones del tema de feminicidio plantean nubarrones. Américo Villarreal ha señalado hace unos cuantos días la negativa de Francisco García Cabeza de Vaca a entregar el control del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), encargado, entre otras cosas, de contabilizar los casos de feminicidio en Tamaulipas. Para ello, el todavía gobernador consiguió que el Congreso Local supedite dicha instancia a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Sabemos que este cambio arrancaría de las manos del gobierno ejecutivo la autoridad que sobre el SESESP tuvo el gobernador saliente, por lo que es muy importante saber el resultado de esta disputa. Tocará pronto al gobernador electo gobernar con inteligencia y con justicia atendiendo a las demandas planteadas por la sociedad, a pesar de cualquier escenario difícil que pueda dejarle su antecesor.

Dra. Teresa E. Cueva-Luna

El Colegio de la Frontera Norte