El pasado martes 14 de noviembre, fue detenido Martiniano de Jesús Jaramillo, alias El Pata de Queso, quien supuestamente coordinó el asesinato de los 72 migrantes en San Fernando, en el año 2010, además del homicidio de Miriam Rodríguez Martínez, activista del Colectivo de Desaparecidos. Su detención se sumó a la de otros presuntos implicados en el caso San Fernando como Martín Estrada Luna, El Kilo, en abril del 2011; Edgar Huerta Montiel, El Wache, en junio del 2011; y Salvador Martínez Escobedo, La Ardilla, en octubre del 2012. Para bien o para mal, El Pata de Queso murió tres días después de su detención. No obstante, su captura nuevamente puso de relieve el asesinato de migrantes: los 72 en agosto del 2010 y al menos 289 más en abril del 2011, también en San Fernando. A estos podrían sumarse los de Allende, Coahuila, como lo ha documentado Sergio Aguayo en el informe En el desamparo, publicado en el año 2016. En ambos casos, los asesinatos se atribuyen a Los Zetas, el grupo criminal mexicano por demás conocido; Donde se manejan también las mismas hipótesis: a) sus familiares no pagaron rescate, b) se resistieron a ser reclutados, y c) fueron confundidos con nuevos reclutas del Cártel del Golfo.
Ante esto, ¿podemos hablar de migranticidio? La incitación no sólo sigue la tendencia de otras propuestas –como feminicidio o juvenicidio- que han emergido en México a razón de actos inhumanos con un denominador común, sino también por el hecho de que estamos siendo testigos de un fenómeno caracterizado por la crueldad hacia los migrantes indocumentados en tránsito o, como se señaló en una editorial de La Jornada, publicada en febrero del año 2007: la muerte de migrantes llegó a ser una crisis humanitaria en la frontera, un tipo de genocidio silencioso, pero del conocimiento de autoridades y organizaciones de la sociedad civil. ¿Podemos hablar de migranticidio? El fundamento no sólo son los 72 migrantes asesinados en San Fernando en 2010 o los 289 en 2011; son los de Allende, son los más de 11,000 desaparecidos –y probablemente muertos- en Veracruz, Tabasco y Chiapas en la primera mitad del 2011, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; son los 231 muertos/desaparecidos de enero a agosto del 2017 en la frontera México-Estados Unidos según datos de la Organización Internacional para las Migraciones; son los migrantes mexicanos y centroamericanos que viajaban al norte y que después, sus familiares no volvieron a saber nada de ellos.
Tal vez podamos hablar de migranticidio como un fenómeno visible, como una forma de violencia extrema hacia los migrantes indocumentados en tránsito, por el hecho de ser tales, y que deriva en su asesinato; violencia que se sustenta en la vulnerabilidad de éstos y que se enmarca en una necropolítica derivada de los grupos del crimen organizado, pero también en la opacidad del Estado mexicano para proteger sus derechos humanos. El fenómeno es evidente, pero los retos jurídicos y políticos para reconocer, legalizar y tipificar el migranticidio, son otra historia. Por el momento, basta recordar que, según la Corte Penal Internacional, un crimen de lesa humanidad es un acto inhumano grave siempre y cuando “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”. Recordemos los cuerpos de los migrantes de San Fernando, ensangrentados, amontonados, asesinados; después recordemos a El Pata de Queso, a El Kilo o La Ardilla sonriendo; finalmente pensemos en los familiares. Entonces, ¿podemos hablar de migranticidio, o no?
Dr. Oscar Misael Hernández
El Colegio de la Frontera Norte