Conduces tu carro y aparece una fila de cruces blancas de madera a media altura y no es un cementerio. Imposible que no llame tu atención. Es una instalación que ayuda a reafirmar en la memoria a los mineros muertos y sepultados en la mina Pasta de Conchos. Se trata del tramo carretero entre las localidades San Juan de Sabinas y Palaú en la cuenca carbonífera de Coahuila.
La denuncia de aquella tragedia da otra vuelta de tuerca: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó evaluar la responsabilidad del Estado. Desde febrero de 2010 familiares de los mineros caídos interpusieron una petición contra el Estado Mexicano. Finalmente, en febrero de 2018 la CIDH dio cabida a la petición.
A más de 12 años de la tragedia (que no accidente por cuanto pudo ser evitada) no se han fincado responsabilidades. El Grupo México, dueño de la mina, operó con deficiencias en los sistemas de seguridad aún conociendo la situación; el sindicato fue cómplice al no exigir el cumplimiento de las condiciones seguras de trabajo; y, el gobierno federal no impartió justicia. Por el contrario, los familiares de los 65 mineros fallecidos sólo recibieron desprecio, humillación y engaños de estas tres entidades para impedir rescatar los cuerpos atrapados. El gobierno del estado de Coahuila también participó de ese trato vergonzoso.
Uno de los sobrevivientes relata “ese día todo estaba mal. Bajamos a pie porque ni los telesillas servían. Habíamos acordado con los compañeros que nos saldríamos a las cuatro de la mañana si no ponían remedio. No llegamos, la explosión llegó antes”. La explosión fue alrededor de las 2 de la mañana. El relato está tomado del reporte “El carbón rojo de Coahuila: Aquí acabó el silencio”, elaborado por la Organización Familia Pasta de Conchos con el apoyo de Heinrich Böll Stiftung-México y El Caribe. Reporte altamente recomendable para conocer las redes de corrupción e impunidad alrededor de la tragedia así como de la precariedad laboral y daños ambientales de la minería del carbón en Coahuila (https://mx.boell.org/es/2018/02/19/el-carbon-rojo-de-coahuila-aqui-acaba-el-silencio)
¿Serán acatadas las resoluciones de la CIDH? ¿Serán ignoradas como lo fueron las Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? La CNDH 64/2008 señaló que los servidores públicos de la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social “no actuaron con apego a los principios de legalidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos”. En una segunda Recomendación en diciembre de 2008 observa violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, así como ejercicio indebido de la función pública atribuible a servidores públicos de la Procuraduría General de la República en perjuicio de los familiares de los mineros fallecidos.
Las muertes de mineros no paran, ya sea en la gran minería o en los llamados “pocitos”. De 2006 a 2017 se han registrado 115 fallecimientos (sin contar los 65 de Pasta de Conchos). Las enfermedades respiratorias como la silicosis y la antracosis son otras tantas muertes chiquitas. Los salarios bajos y la falta de seguros médicos colocan a estos trabajadores entre los más precarios.
El memorial a la orilla de la carretera evoca la tragedia, revive el recuerdo de aquellos hombres a la vez que impulsa la lucha de quienes los quieren fuera y libres de los escombros. Por cierto escombros menos pesados que el egoísmo la corrupción y la injusticia.
Dr. Camilo Contreras Delgado
El Colegio de la Frontera Norte.