En México, como en otros países de América Latina, las mujeres se han caracterizado por una participación política muy activa, ya que se han organizado alrededor de distintas demandas: género (violencia, maternidad libre y voluntaria), movimientos urbanos por la vivienda y servicios públicos, así como la lucha por los derechos humanos.
Los movimientos de mujeres han conformado distintos feminismos pero, en general, han contribuido a ampliar el concepto de la política más allá de la esfera de lo formal para incluir los esfuerzos cotidianos por la sobrevivencia y el cambio en las relaciones de poder en todas las esferas de la vida social. De manera importante los movimientos de mujeres también han dado un nuevo significado al concepto de ciudadanía, dando a las mujeres una posición como sujeto político y ampliando su participación a la esfera de lo público.
Han sido entonces las propias mujeres quienes han impulsado el logro de su plena ciudadanía y un cambio en los significados culturales de género a través de su participación en las distintas conferencias internacionales, en particular Beijing 2005 y la CEDAW. No sin tensiones, estos esfuerzos culminaron en lo que ha sido denominado como políticas de género, conjunto de estrategias que pretenden modificar la condición de desigualdad de las mujeres, y cuyo proceso de institucionalización se inició en México hace casi dos décadas.
Es así como se está llevando a cabo en todo el país la estrategia de transversalidad de género en las políticas públicas, derivada del Plan de Acción de la 4ta. Conferencia de la Mujer en Beijing. Esta estrategia tiene como objetivo que los intereses de las mujeres y de los hombres sean tomados en cuenta en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en las distintas dimensiones de la vida social, para que ambos reciban los beneficios del desarrollo económico y social. Para llevar a cabo dicha estrategia fue creado el Instituto Nacional de las Mujeres, así como instancias de la mujer en todas las entidades federativas.
Esta estrategia ha llevado aparejada la llamada armonización legislativa, a partir de la cual el estado mexicano cumple con los compromisos establecidos en materia de género y derechos humanos de las mujeres. Para ello se ha promulgado herramientas legales como la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y normatividades como el Programa Nacional de Igualdad. Asimismo, se ha exigido que cada entidad federativa elabore sus leyes correspondientes.
El actual gobierno federal ha dado continuidad al proceso de transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas, que fue iniciado en la administración de V. Fox, a través del Fondo de Transversalidad que administra el INMUJERES, y que proporciona recursos a las entidades federativas, a través de sus propias instancias de la mujer, para la elaboración de los Programas de Igualdad, con el propósito de incluir el valor de la equidad en la producción de las políticas públicas. El Colef, a través del Departamento de Estudios de Población y de la Dirección Regional de Monterrey, ha apoyado al Instituto de las Mujeres de Nuevo León, con la elaboración de los Programas de Igualdad de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Judicial y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Si bien los Programas de Igualdad establecen las estrategias y acciones a seguir sobre la base del diagnóstico de la cultura institucional, y de los programas y políticas que ofrece cada dependencia, transversalizar la perspectiva de género en el quehacer cotidiano de las instituciones requiere de un cambio cultural cuyo proceso es largo y lleno de dificultades debido al desconocimiento y la resistencia de muchas personas que trabajan en la administración pública y que con frecuencia consideran que la desigualdad de género existe, pero no dentro de sus instituciones. De acuerdo con algunas especialistas que analizan el trayecto y los retos de las políticas de género en un libro de próxima aparición, estas dificultades no han permitido todavía un cambio profundo en la racionalidad de las instituciones de gobierno.
Las políticas de género han logrado ampliar los espacios de participación de las mujeres en la arena pública a través del mayor acceso a la educación y el empleo, sin embargo han dejado inalterada la esfera privada, ya que en este ámbito no se ha modificado de manera sustantiva la división del trabajo entre los género y las generaciones, pues las mujeres siguen a cargo de la mayor parte de las responsabilidades domésticas por lo que uno de los temas pendientes en la agenda son las políticas de cuidado y la co-responsabilidad entre el trabajo y la familia.
Existen además, otros desafíos como la prevención de la violencia de género, el esclarecimiento de los feminicidios, las políticas sociales contra la pobreza cuya mirada asistencialista no logra empoderar a las mujeres, y el hecho de que la gran mayoría de la población femenina no hayan logrado la autodeterminación de sus cuerpos, las sexualidades diversas, el derecho a una vida libre de violencia, y el acceso gratuito y expedito a la justicia.
