Como una de las primeras consecuencias de los recientes resultados electorales y de la probable mayoría calificada del partido en el gobierno en ambas cámaras del poder legislativo tenemos a la vista una reforma judicial que de entrada parece necesaria y relevante, aunque es evidente que necesitamos más que eso a la luz de numerosas informaciones, encuestas, estudios y mediciones de toda índole, que en su mayoría son públicas, sobre el estado de la seguridad y la justicia en México, así que nadie podrá dudar de la enorme crisis por la que desde hace demasiado tiempo, atraviesa el país en estas materias. Y no solo es México, aunque no sea consuelo. Baste ver la penosa situación de la falta de credibilidad y legitimación de la judicatura y el estado de derecho en muchos países del mundo o la profunda crisis del sistema internacional de justicia, lo que desde luego erosiona el ideal democrático en todas partes.
De manera que el Ejecutivo propuso al Congreso el pasado 5 de febrero la elección por votación de jueces, magistrados y ministros del poder judicial de la federación y de los órganos judiciales estatales, lo que nos lleva a reflexionar sobre qué propuestas de reformas constitucionales y legales podrían mejorar el acceso a la justicia para todos y en especial para los menos favorecidos. Y aunque ninguna de las ideas que a continuación se apuntan brevemente son nuevas, es fundamental reiterarlas, dada la coyuntura actual:
Secretaría o ministerio de justicia. Nunca la hubo en la administración pública federal o en las entidades federativas, pero es algo común y necesario en otros países desde hace mucho tiempo. Es tiempo de estudiar la viabilidad de la figura en un país con una grave crisis estructural de la legalidad, la justicia y la seguridad pública.
Construcción de paz en el territorio y justicia cívica. Esto debe ser un punto central del debate y la agenda pública nacional, que pasa por la educación en todas sus formas y modalidades y la despresurización de juzgados y tribunales por medio del uso de los MASC.
Policías de investigación y policías científicas. En lo general no hay policías federales o locales con capacidades técnicas y científica para investigar delitos. Se precisa, fuera de toda duda, desmilitarizar la función policiaca del Estado y construir de una vez policías civiles y profesionales, con todo lo que ello implica. La Guardia Nacional, cargada de buenas intenciones tal vez, pero con su carácter militar, es cuando menos problemática. Los servicios periciales y forenses son técnicamente débiles y vulnerables a influencias políticas o criminales debido a la falta crónica de inversión pública.
Procuración de justicia. La alta impunidad (más del 95%) está relacionada no solo con jueces y juezas corruptos, sino con la tremenda ineficiencia y corrupción de la institución del Ministerio Público y sus auxiliares. Es evidente que las fiscalías “autónomas” no han logrado funcionar con la autonomía mínima necesaria, como tampoco rendir cuentas ni investigar los delitos adecuadamente. Y no hay mayor prueba de ello que la actuación de la FGR en numerosos asuntos del mayor interés público.
Justicia laboral. Parece que no camina como estaba previsto ni llega a todos los trabajadores y trabajadoras, pero si ha introducido en cambio incentivos y mecanismos perversos o pervertidos que obstruyen o impiden el acceso y ejercicio de los derechos laborales, que son también derechos humanos en términos de las convenciones internacionales suscritas por el Estado mexicano.
Justicia local. La mayor parte de los asuntos litigiosos en México corresponden al fuero local, que es una de las partes más débiles del sistema, dada su falta de resultados y legitimidad pública. La dependencia, venalidad o parcialidad son más graves si cabe en la esfera de los poderes judiciales locales, influenciados por presiones, intereses y agendas extrañas al justiciable. Justicia accesible y expedita tiene que ver con la ubicación, número y competencia de los juzgados para que su ubicación y competencia deje de responder a criterios políticos y mercantiles. Es necesario considerar otros esquemas de justicia territorial para que la justicia sea pronta y expedita, sobre todo para los sectores más desfavorecidos.
Defensoría pública. La defensa jurídica es inaccesible para muchas personas. Sobre todo para las menos favorecidas, que enfrentan dificultades para acceder a asesoría y representación legal de calidad. Las defensorías estatales están rezagadas y no cubren temas esenciales, como los asuntos familiares, por ejemplo.
Servicio judicial de carrera: La discrecionalidad, opacidad y autoritarismo en los sistemas de adscripciones y carrera judicial permite el acceso de personas sin voluntad ni capacidad de servicio público, porque eso se supone que debe ser la procuración e impartición de justicia. Un servicio público tan importante como la salud o la escolarización. Además, existe corrupción y presiones indebidas a todo nivel sobre jueces y funcionarios judiciales. Entonces, es crucial democratizar, transparentar y fortalecer la formación y carrera judicial en todos sus niveles y fomentar la paridad y la diversidad tanto en la judicatura federal como en las entidades federativas.
Seguimiento disciplinario y patrimonial a la judicatura: Las herramientas para prevenir y controlar la corrupción, el nepotismo o el clasismo, así como el enriquecimiento ilícito en la judicatura están rezagadas frente a la corrupción sistémica prevaleciente.
Abogacía y litigio. La representación jurídica es incierta, cara y de mala calidad. Ser abogado o abogada litigante es casi sinónimo de descrédito. Reformar el acceso y la práctica de la abogacía en México son temas muy importantes, porque hasta ahora, las personas más pobres son víctimas de un sistema judicial y ministerial indiferente, parcial o corrupto y en muchos casos, también de litigantes negligentes, inexpertos y/o corruptos. No es deseable la formación y ejercicio profesional de licenciadas y licenciados “express”; en derecho menos que en ninguna otra profesión.
Sistemas penitenciarios. Excarcelar a todas las personas injustamente encarceladas es una prioridad: humanizar, transparentar el sistema y prevenir la corrupción. Es muy ambicioso pedir que no haya personas privadas de la libertad sin estar sujetas a debido proceso, pero hay que pedirlo.
Despenalización del consumo de drogas. Las adicciones son un asunto de salud pública, no de punición y cárcel.
Agenda nacional de justicia territorial y ambiental. Que incluya las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en el Acuerdo de Escazú en materia de transparencia y jurisdicción territorial y ambiental especializada.
Armonización constitucional y adopción de mejores prácticas internacionales. Con estándares internacionales de protección a los Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva oficiosa. Atender y seguir las recomendaciones del GIEI en el grave caso de Ayotzinapa, o bien las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2016 (Recomendaciones a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2016, ONU).
Enrique F. Pasillas
Investigador Posdoctoral por México. Conahcyt-El Colef en El Colegio de la Frontera Norte
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