El gobierno mexicano tuvo un rol protagónico en las seis rondas de negociación para acordar los 23 objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, presentado en julio pasado. Aunque aún falta su adopción oficial por parte de los Estados firmantes, en diciembre próximo, el gobierno mexicano entrante tiene por delante un reto enorme: cómo llevar a la práctica un acuerdo no vinculante jurídicamente en un contexto de inseguridad y violencia contra los migrantes, de instancias de atención a este grupo de población desestructuradas y con un flujo creciente de migrantes no autorizados en tránsito por México.
El objetivo siete del Pacto Mundial habla de un compromiso para reducir la vulnerabilidad en la migración, un asunto prioritario en vista de las cientos de personas que son enganchadas por voluntad o a la fuerza por los grupos de traficantes y que derivan en privación de la libertad o secuestro de migrantes. Tan solo en Tamaulipas, de enero a septiembre de este año, se ha documentado el “rescate” de 1,076 personas localizadas en casas de seguridad o transportadas en vehículos de carga en carreteras y ciudades de la entidad, más que en años anteriores.
Reducir la vulnerabilidad pasa por identificar amenazas y riesgos para las personas migrantes a partir de un esquema estructurado de instancias de apoyo coordinadas para un propósito común. Hoy contamos con un Instituto Nacional de Migración (INM) que gestiona la migración autorizada y no autorizada que cruza nuestras fronteras con un enfoque de seguridad nacional; en tanto las organizaciones de la sociedad civil como casas para migrantes, albergues y quizá algunas instancias públicas estatales o locales lo hacen bajo el enfoque de ayuda humanitaria y/o defensa de derechos humanos. Dos perspectivas distintas que se contraponen al objetivo de lograr la administración de las fronteras nacionales de manera integrada, segura y coordinada.
Otro objetivo en este Pacto Mundial, el objetivo trece, refiere que los países se comprometan a usar la detención migratoria como último recurso en la administración de sus fronteras nacionales y se les insta a buscar alternativas. Un tema al que debemos dar atención en vista de que los últimos años el INM ha buscado adecuar sus procedimientos a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de las detenciones y el uso de sus estaciones migratorias –más parecidas a centros de detención–. Así, el INM ha conceptualizado la detención de extranjeros sin autorización de ingreso a territorio mexicano como aseguramientos, en los primeros años del siglo XXI; como alojamiento o acojo de personas en estaciones migratorias o como extranjeros presentados a la autoridad por no acreditar su situación migratoria. Sin embargo, en el ejercicio cotidiano de sus tareas, se trata –en mi opinión– de detenciones. El asunto no es menor si consideramos que durante los últimos 18 años la autoridad migratoria mexicana ha gestionado más de 2.3 millones de eventos de extranjeros presentados, alojados o asegurados; poco más de un millón de esos casos bajo la figura de aseguramiento durante los seis primeros años del presente siglo.
El representante mexicano ante la ONU ha dicho que pese a tratarse de un acuerdo jurídicamente no vinculante, será la voluntad política de los gobiernos lo que puede hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos planteados. El Pacto Mundial habla de establecer mecanismos para la construcción de capacidades desde los Estados firmantes; los próximos meses daremos cuenta si el nuevo gobierno federal da pasos en esa dirección.
Dra. Blanca Vázquez
El Colegio de la Frontera Norte