En la primera semana de enero se dio a conocer que el reglamento de la Ley de Migración estaba casi listo, después de un mes y medio de que se cumpliera el plazo marcado para ello en el transitorio tercero de la Ley. Una semana después, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que dieron seguimiento al documento se retiraron de la mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación que buscaba legitimar políticamente el documento. El argumento fue que no se abrieron los espacios efectivos a la participación ciudadana para la redacción del Reglamento, más allá de un buzón electrónico donde se recibieron todas las aportaciones para integrar el texto. Para terminar de empantanar el proceso, un nuevo titular de la secretaría tuvo sus efectos en el cambio de los interlocutores que cabildeaban el proceso. Están dos posiciones encontradas: la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar su territorio y las OSC que han apoyado, protegido y defendido efectivamente los derechos de los migrantes nacionales y extranjeros. Responsabilidades, estas últimas, que corresponden obligatoriamente al Estado. Se trata de una discusión compleja, ya que se mezclan conceptos de soberanía, autoridad, responsabilidad y derechos humanos. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que cuando se trata de responsabilidad el Estado mexicano ha fallado en su tarea de garantizar los derechos de todas las personas presentes en su territorio, nacionales y extranjeros, independientemente estatus legal o periodo de estancia. Sólo durante 2011 a través de la prensa se pudieron registrar en Tamaulipas 440 casos de migrantes rescatados de secuestro por autoridades militares o policiacas, mexicanos y extranjeros en tránsito a EU privados de su libertad por grupos criminales, y retenidos en Reynosa, Nuevo Laredo, Altamira y Tampico. La Organización Internacional para las Migraciones plantea la necesidad de un “modelo de gestión de la migración” basado en el enfoque de derechos. Partir del principio de derechos de los migrantes en vez de ejercer control sobre los mismos. Sin embargo, este modelo de gestión se ve lejano en un Gobierno que, da la impresión, quiere congratularse con el gobierno estadunidense a través de su política de contención de flujos transmigrantes. Por lo pronto, esperaríamos que los nuevos responsables no echen en saco roto lo andado. Si originalmente se pensaba que en marzo el reglamento estaría publicado, lo cierto es que probablemente se retrase aún más. Mientras tanto y de nueva cuenta las OSC salen al paso de los migrantes, y Médicos sin Fronteras da inicio en este año al proyecto de atención médico-humanitaria a la población migrante en la frontera sur de México; buscan atender las necesidades de salud de la población transmigrante víctimas de violencia, en la ruta entre Tapachula, Arriaga e Ixtepec, en Chiapas y Oaxaca. Entonces, ¿quién protege a los migrantes? Blanca Vázquez *Profesora-investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en Nuevo Laredo
