Nuevamente el tren denominado por los migrantes «La Bestia» es protagonista de muertes en el fenómeno de la transmigración de migrantes centroamericanos por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. Estoy de acuerdo con la reacción del padre Solalinde culpando al gobierno de México de las muertes de migrantes centroamericanos en el descarrilamiento ferroviario ocurrido en una ranchería del poblado de La Tembladera del municipio de Huimanguillo el 25 de agosto de 2013. Las razones para exculpar al gobierno de México por el hecho de que se trató de un accidente resultan inválidas porque hay una responsabilidad legal de nuestro gobierno, no solo de prever que sean adecuadas las condiciones del tránsito ferroviario, sino de las transportaciones que de hecho hacen los migrantes en el techo de los vagones de dicho tren.
Yo me pregunto en qué país ocurre que los usuarios de un servicio público se transporten en el techo de los vagones ferroviarios. Las imágenes de lo que ocurre en México en el uso de los trenes en los que se transportan los migrantes rumbo a Estados Unidos han aparecido en los medios de información de todo el mundo. A los mexicanos que hemos visto esas imágenes en el extranjero nos han llenado de pena y de vergüenza. El gobierno de México se ha resistido hasta ahora de ver esas imágenes como un problema de gobernabilidad. Es decir, ocurre en un Estado que se dice «de derecho», que está obligado a intervenir en los usos indebidos de los medios de transporte público en los que los usuarios arriesgan la vida. La omisión del gobierno de México de tomar medidas para evitar que seres humanos se vean obligados a arriesgar la vida frente a la ausencia de opciones de transporte en un fenómeno de transmigración consiste en que no se le presta suficiente atención.
Como se sabe este fenómeno está lleno de corrupción y de impunidad, de tal magnitud que las pocas acciones gubernamentales encaminadas a remediar los problemas derivados de ese fenómeno terminan en una nulidad. Eso es un problema de gobernabilidad. Las instituciones que representan al Estado mexicano en lo relacionado con el fenómeno de la transmigración lo han hecho hasta ahora en violación flagrante del artículo primero de la Constitución mexicana. El gobierno de México está obligado por acuerdos internacionales a proteger los derechos humanos de quienes entren y transiten por territorio mexicano. El cúmulo de violaciones a los derechos humanos de los muertos y de los que quedaron vivos en el accidente ferroviario de marras sería extraordinariamente largo de identificar pues es claro que bastaría un herido, ya no digamos un muerto, para justificar una denuncia suficientemente amplia como para obligar políticamente al gobierno de México a enfocar el fenómeno de la transmigración en sus causas y en sus consecuencias a partir de una visión derivada de los derechos humanos de los extranjeros y de los nacionales en territorio mexicano.
Tal visión podría empezar por entender que las muertes ocurridas en el incidente en La Tembladera ocurrieron en un contexto de ingobernabilidad tal como es entendido por el Derecho Internacional y la Teoría General del Estado.
El gobierno de México no ha dado señales de haber entendido el fondo y las circunstancias del fenómeno de la transmigración que ocurre de sur a norte del territorio nacional por migrantes provenientes principalmente de Centroamérica, pero también de Sudamérica y otros países. En el entendimiento de este fenómeno hay dos enfoques: uno, propiciado por Estados Unidos sobre la seguridad nacional, y otro, propiciado por la ONU, que es el de los derechos humanos. Como lo señala el padre Solalinde, el gobierno de México se ha inclinado por el enfoque de la seguridad nacional, que implica el funcionamiento de medidas coercitivas de carácter militar o policial como solución a los problemas derivados de la migración internacional. Para ello ha puesto al mando de la política migratoria nacional a un general.
Ninguno de los dos enfoques es suficiente para resolver todos los problemas derivados de la transmigración en México. Sin embargo, el enfoque propuesto por Naciones Unidas, de establecer las vías de solución desde la perspectiva de los derechos humanos, requiere de una dosis de intervención de producción inteligente de información, con el uso más avanzado de tecnologías para el efecto, y de ciertas medidas policiales que incluyan provisiones de derechos humanos.
