A la memoria de mi primo Chucho Méndez Fernández, q.e.p.d.
Como se esperaba, Mitt Romney y Barack Obama son los electos por sus respectivos partidos para competir en las elecciones del próximo 6 de noviembre por la Presidencia de Estados Unidos. Será una competencia muy reñida. Las encuestas muestran a Obama sólo tres puntos arriba de Romney en las preferencias de un electorado dividido, en lo general, casi por mitades. Sin embargo, hay temas en los que las disparidades son mayores cuando se enfoca sobre partes del electorado. Por ejemplo, en el tema de la inmigración, entre los latinos -más de dos tercios del total de origen mexicano-, la mayor parte prefieren a Obama y al resto de los candidatos del Partido Demócrata. Cabe anotar el acento xenófobo de la plataforma del Partido Republicano, en la que se propone la «autodeportación» como política migratoria preferida. Este peculiar concepto supone que se crearían en Estados Unidos condiciones de vida tan insoportables para los indocumentados, que eso los empujaría a «autodeportarse». Por supuesto que esta propuesta, incluida en la plataforma del Partido Republicano, es la escogida por Obama y el resto de los «demócratas» para subrayar el contraste entre un partido abiertamente enemigo de los inmigrantes y otro que los ve favorablemente. El punto importante de este contraste es que el llamado «voto latino» será determinante en las posibilidades de reelección de Barack Obama. Las últimas cifras sobre la economía estadounidense no favorecen a Obama. Contrario a las vehementes afirmaciones del Presidente en su discurso de aceptación de su nominación como candidato presidencial de su partido, la economía de su país no va en ascenso, sino ligeramente al revés. Si bien aún hay tiempo para que los indicadores económicos mejoren, lo cierto es que será la economía lo que decida el resultado electoral, tal como ha sucedido en las elecciones presidenciales del país vecino desde hace varias décadas.
Pasando ahora a la política mexicana; creo que se ha subestimado el peso que tendrá la opinión pública internacional sobre el nivel de politización en México al que llegue el craso incumplimiento de nuestro gobierno en materia de derechos humanos. Se está haciendo escandaloso el incumplimiento del plazo establecido por la propagandizada Ley de Migración, para la expedición de su reglamento. Ya llevan en esta administración más de un año de retraso. La razón es preocupante para el futuro de los inmigrantes a nuestro país. No se ha resuelto aún hacia dónde se dirigirá la política de inmigración de nuestro gobierno. No sabemos si se dirigirá hacia la «seguridad nacional» -lo que traería el aplauso de Washington- o se dirigirá hacia los derechos humanos, como lo han demandado la representación de la sociedad civil de México y las organizaciones de la comunidad internacional. Lo que se ha dado a conocer de los avances en el «reglamento» es muy desalentador. Van ganando quienes apoyan un proyecto que favorece la «seguridad nacional». Esto les gusta a los vecinos del norte porque la Ley de Migración se apoyaría en un endurecimiento de las políticas de inmigración mediante acciones coercitivas, dependientes de las fuerzas policiales y militares, lo cual haría aumentar las violaciones a los derechos humanos. Quienes hemos criticado tal inclinación hemos llamado la atención sobre un hecho posterior a la aprobación de la ley migratoria. Este fue nada menos que la reforma constitucional que cristalizó en un nuevo Artículo Primero de la Constitución. Este nuevo artículo consagra, por primera vez, la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir la normatividad de todos los instrumentos internacionales firmados y ratificados que se refieran a los derechos humanos. No parece haberse entendido cabalmente la amplitud de este compromiso constitucional; lo cual implica que un reglamento que endurezca la política migratoria de nuestro gobierno, apoyado en las fuerzas policiales o militares, sería violatorio de ese nuevo Artículo Primero de la Constitución. Esta tesis tendría que ser avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar anticonstitucional un reglamento de la Ley de Migración que no fuera consistente con lo ordenado por ese superviniente nuevo Artículo Primero de nuestro máximo ordenamiento. Quienes estén trabajando sobre el prometido Reglamento de la Ley de Migración no podrán agregar al escándalo de su incumplimiento, el de presentar un reglamento que violara la Constitución.
