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El día de ayer, 7 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aceptó que todo parece indicar que, en un video grabado el 18 de mayo de 2023, miembros del ejército cometieron un ajusticiamiento de 5 personas, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El que la máxima autoridad del país haya aceptado los excesos del ejército, mismo que deberán ser analizados y juzgados, representa un avance importante para impartición de justicia en municipios como Nuevo Laredo en donde han existido tantos ataques por las fuerzas armadas hacia la población común, sobretodo familias y jóvenes, y lo más importante podrían representar un freno a las agresiones continuas que personas civiles han sufrido por parte de militares desde hace casi una década y media. Una revisión hemerográfica rápida permite observar que las agresiones a la población civil datan desde el año 2010, año en que se decidió sacar el ejército a las calles, principalmente en el norte de México, para combatir al crimen organizado.
La salida del ejército a las calles, ha sido la estrategia fundamental para combatir al crimen organizado, sin embargo, esto no se ha reflejado en la disminución de la violencia, lo que parecierá indicar que algo no está funcionando en esta política. Ciertamente, ha habido enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas militares, que no ha estado exentas de muertes colaterales de civiles, sin embargo, los hechos más relevantes, en los que ha estado involucrado el ejército, al menos en Nuevo Laredo, han sido agresiones hacia familias que transitaban en las carreteras aledañas a Nuevo Laredo, así fue en el año de 2010, https://la-verdad.com.mx/dispara-ejercito-coche-con-familia-nl-mata-dos-e-hiere-cinco-21111.html, como lo fue recientemente en el ataque acontecido en abril de 2023 (https://www.infobae.com/mexico/2023/04/17/presunto-ataque-de-la-guardia-nacional-a-familia-en-nuevo-laredo-dejo-dos-muertos/), en donde la agresión del ejército a una familia derivo en la muerte de una adolescente embarazada. Los motivos argumentos en ambos eventos fueron los mismos: “no haberse parado a la revisión militar”. Ambas familias regresaban de fiestas familiares, coincidentemente.
Transitar en las carreteras tamaulipecas desde el 2010 hasta la fecha, con una breve disminución de eventos entre 2016 y 2019, ha sido por demás peligroso y riesgoso, tanto en transporte público como en transporte privado, pero en áreas aledañas a Nuevo Laredo, y en la misma ciudad, el peligro se acentúa. Autobuses secuestrados por el crimen organizado, vehículos particulares interceptados, y a veces agredidos, tanto por el crimen como por militares fueron, y continúan siendo, eventos cotidianos. A pesar de ello, llama la atención que ninguna autoridad federal o estatal, haya puesto freno a estos actos de violencia y agresiones contra la población civil, sobre todo por la importancia central que esta localidad tiene para la economía nacional, dado que es la aduana terrestre más importante del país. Por lo que resulta inexplicable el abandono que parecería tener por parte de las autoridades federales/estatales, o la política equivocada que se está siguiendo para abatir al crimen organizado y disminuir la violencia. Recién en abril, 200 nuevos elementos militares arribaron a la ciudad, https://cnnespanol.cnn.com/2023/04/11/movilizan-200-efectivos-ejercito-mexico-zona-fronteriza-nuevo-laredo-orix/ para confrontar a la delincuencia. A pesar de ello, la violencia no ha cesado y los eventos violentos con la participación del ejército sigue repitiéndose, por los tomadores de decisiones deberían evaluar seriamente si este es el camino indicado para regresarle la paz a habitantes de Nuevo Laredo.
Empero, no solo es la ausencia de una política de seguridad estructurada, en donde debería estar involucrada la participación de la ciudadanía, sino la ausencia de infraestructura y servicios necesarios para el rápido esclarecimiento de los ataques. De acuerdo, al CDHNL, en 2020, tras el asesinato de 12 personas, declaró que la localidad no contaba con cámaras de vigilancia en varias zonas de la ciudad y que varios de estos eventos eran con cámaras particulares o de centros comerciales, como lo fue la grabación del reciente ajusticiamiento de 5 personas. Esta ausencia de cámaras puede provenir de acciones del crimen organizado que durante los años de más violencia destruyeron la mayor parte de cámaras de seguridad en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. A pesar de ello, dada las altas violaciones en Nuevo Laredo, debió reinstalarlas. El otro punto preocupante, relacionado con el asesinato de cinco jóvenes, https://josecardenas.com/2023/02/militares-cometieron-una-masacre-comite-de-dh-de-nuevo-laredo/, considerado como una masacre por el CDHNL, es no contar con un servicio forense en la localidad, lo que dificulta la aplicación de exámenes y la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares, lo más pronto posible. Varias preguntas surgen ante esta situación: ¿Por qué una localidad tan importante, y con tantas agresiones a la población civil y violación a los derechos humanos, no cuenta con las instituciones e infraestructura que faciliten la impartición de justicia? ¿Será que el crimen organizado va ganando la batalla?, ¿y la población se encuentra a merced de ellos?. A estas ausencias habría que agregar la no protección, y amenaza continua, que reciben los activistas sociales principalmente los relacionados con la CDHNL, que han denunciado las continuas amenazas de que son objeto, pero también han ratificado su compromiso con la ciudadanía para seguir denunciando estas violaciones.
Finalmente, habría que mencionar que las agresiones a los neoladerenses no solo han venido de parte de fuerzas federales sino de agentes estatales, durante la administración del Gobernador Francisco Cabeza de Vaca, como el asesinato de 12 personas en 2020, https://zetatijuana.com/2020/07/ejercito-mata-a-12-presuntos-miembros-de-la-tropa-del-infierno-en-nuevo-laredo-supuestos-sicarios-vestian-como-marinos/, que se presentó como un enfrentamiento pero información recopilada por el CDHNL documentó que fue un ajusticiamiento que se quiso montar como abatimiento, al sembrar armas a los muertos, como se hizo en la reciente ejecución extrajudicial. Que los ataques sean tan similares, no importando el tiempo, debería invitar a la revisión de si la política que se sigue para combatir al crimen organizado es la correcta. La militarización sin políticas sociales parece no ser el camino indicado, pero sobre todo que eventos tan violentos en contra de la sociedad no hayan sido del todo castigados resulta aún más preocupante. Por lo que reconocer que hubo un acto de exceso de violencia por parte del ejército, de parte del presidente, resulta importante para mostrar que hay decisión y voluntad para sancionar a todo aquel que agreda a la sociedad, sean pertenecientes al crimen organizado o autoridades que se exceden en el uso de violencia, y abre la posibilidad de encontrar nuevas estrategias para recuperar la paz no solo de Nuevo Laredo, sino de muchas de las localidades fronterizas que seguimos envueltas en la violencia.
Dra. Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
