El 15 de mayo pasado, el Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros me invitó a celebrar el 250 aniversario de la independencia de aquel país. Políticos, empresarios, activistas y agentes de seguridad estuvieron presentes. Platiqué con algunos que conocía. Me llamó la atención ver al alcalde de Reynosa, lo saludé y me tomé una fotografía, pero me sorprendió no ver al alcalde de Matamoros. Durante su discurso de bienvenida, la cónsul Mary Virginia Hantsch resaltó la colaboración histórica, cultural y comercial entre México y los Estados Unidos, y palabras más o menos expresó que nuestro destino estaba ligado y que no se permitiría que nadie estuviera por encima de la ley.
En ese momento recordé que en enero de 2025 en Brownsville, Texas, fue detenido Édgar Alejandro Villarreal por posesión de drogas. Los medios lo identificaron en una fotografía al lado del alcalde de Matamoros durante su campaña. Tres meses después, al alcalde presuntamente le retiraron la visa, aunque él lo negó. Un año después, en abril de 2026, en Sarita, Texas, fue detenido Luis Miguel Garduño, también por posesión de drogas. Se dijo que Garduño era el director de Servicios Públicos Complementarios en Matamoros, pero la alcaldía lo negó y presentó un documento como prueba. Y al inicio de mayo, el diputado Mario López, exalcalde de Matamoros, acusó a políticos de Tamaulipas de estar vinculados con el huachicol, aunque enseguida lo callaron diciendo que había irregularidades en su cuenta pública como alcalde.
Dos días después del evento en el Consulado, una patrulla del Servicio de Protección Federal (SPF) fue impactada por una camioneta de civiles armados en un bulevar de la ciudad. Hubo una persecución, balazos, la muerte de un agente de la SPF, más otros dos heridos. Posteriormente fue noticia el arribo de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes presuntamente llegaron para hacer labores de inteligencia y detención de agresores. En redes sociales, algunos medios e internautas celebraron la llegada de los Harfuch y suponían –incluso pedían– el inicio de la Operación Enjambre en Matamoros: una estrategia federal para desarticular redes de corrupción, extorsión y protección institucional en los gobiernos locales.
Enseguida, la cónsul Hantsch envió sus condolencias por el agente de la SPF caído, condenó los hechos y expresó que los Estados Unidos daban seguimiento a las investigaciones con las autoridades mexicanas. En redes sociales se ventilaron imágenes de posibles agentes estadunidenses al lado de agentes de la SSPC, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y militares, quienes revisaban la escena del crimen. Al poco tiempo, autoridades federales y estatales realizaron un operativo y detuvieron a ocho personas presuntamente implicadas en los hechos. También confiscaron armas largas y cortas, drogas, chalecos balísticos, entre otras cosas.
Desafortunadamente en Matamoros el tema de la inseguridad y la violencia es complejo y no terminó con las acciones de los Harfuch: el 18 de junio pasado, en el Centro de la ciudad, fue asesinado el empresario José Alberto Gaytán, quien había señalado ser víctima de cobro de piso. Su caso rememoró el de Julio César Almanza, presidente de la Fecanaco, asesinado en julio de 2024 y quien también había denunciado extorsiones a comercios. Ante esto, hoy más que nunca es necesario que nadie esté por encima de la ley.
Óscar Misael Hernández Hernández
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros.
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