Opinión de Víctor Alejandro Espinoza Valle Profesor-Investigador del Colegio de la Frontera Norte de El Colegio de la Frontera Norte

miércoles 30 de octubre de 2013

Antes de que se firmara el Pacto por México había crecido la demanda para que el Instituto Federal Electoral se convirtiera en un Instituto Nacional de Elecciones (INE). Algunos investigadores nos habíamos unido a esta iniciativa, por considerar su viabilidad y ante el panorama desolador de la organización electoral local. De manera que no es una propuesta de un solo partido político como ahora se afirma. Pero independientemente de la paternidad, y una vez que ha venido creciendo el número de voces a favor y en contra de dar paso a una organización nacional electoral, los diagnósticos de partida parecen poco precisos. La mayoría de las veces los argumentos no son claros o pecan de simplismo. Defensores o detractores de la nueva institución adolecen de las mismas limitaciones. Por ejemplo, quienes apuestan por el INE sostienen que la justificación deriva del control que ejercen los gobernadores sobre los órganos electorales de su entidad. Por lo contrario, los detractores afirman que no es tan cierto pues pese a todo ha habido alternancia en la mayoría de las entidades y de existir el pleno control del ejecutivo nunca hubiera habido cambio de partido en el gobierno.

Creo que se trata de medias verdades. En algunos casos son los gobernadores los que nombran a los consejeros locales; más bien el gobernador a través de su partido; siempre y cuando cuente con mayoría absoluta en el Congreso. Pero generalmente se trata de negociaciones entre partidos. Finalmente son cuotas partidistas. Eso implica consejeros con bajo perfil o dependientes de los institutos políticos, quienes los conciben como sus subordinados. Independientemente de las capacidades, los consejos electorales no cuentan con legitimidad de origen. Desde luego que todos los litigios terminan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: de antemano se sabe cuáles serán las decisiones de los órganos electorales locales con sólo repasar su composición.

El asunto central en la propuesta de desaparecer a los órganos electorales locales no es el de ahorrar dinero. Quienes se oponen al INE dicen que el costo electoral se incrementará, por las nuevas funciones que deberá asumir el órgano nacional; que es más barato conservar a los institutos y tribunales locales: claro, si continúan en las mismas condiciones; la mayoría sin un servicio profesional, con una altísima rotación de personal, con consejeros de medio tiempo, sin locales propios, etc. Para profesionalizar las estructuras locales se tiene que invertir y mucho. Así que no se puede pensar en ahorrar dinero, insisto, sólo si se quiere que todo continúe igual.

También se afirma que el INE atenta contra el federalismo pero se ignora que en países como Brasil y Canadá funciona un modelo nacional. Como nos recordara recientemente el profesor Arnaldo Córdova, el INE organizaría las elecciones, no elegiría por los ciudadanos: la autonomía está en el voto y no en el registro o la organización electoral: esto ya lo viene realizando el IFE para todos los comicios.

Es muy importante conocer también el sentir de los mexicanos sobre el tema. En un trabajo reciente de la empresa Parametría, a la pregunta: “Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que desaparecieran los institutos electorales de los estados y que hubiera un solo instituto…?” El 44% respondió afirmativamente y sólo el 33% en desacuerdo. A ello sumamos el 17% que no tiene opinión al respecto.

Lo que se decida deberá incluir un cambio radical en varios ámbitos: el primero de ellos es en el método de designación, tanto de consejeros del órgano electoral nacional, como de los locales: las cuotas partidistas vulneran la legitimidad de las instituciones. Como lo expresé anteriormente, considero que tiene más ventajas avanzar hacia un instituto nacional. Creo que se debería trazar una ruta crítica que incluya la designación de los cinco consejeros en el corto plazo. Finalmente, el problema de fondo es que si no hay una transformación institucional como parte sustancial de una verdadera Reforma del Estado, que entre otras cosas incluya el rediseño del federalismo electoral, seguiremos discutiendo sobre la forma y continuará existiendo la simulación federalista que disfraza los cacicazgos locales y la corrupción.

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