Para nadie es un secreto que la península de Baja California es un territorio rico en todo tipo de recursos. En lo político y social, resalta la reciente creación de los municipios de San Felipe (SF) y San Quintín (SQ), que se estrenaron a fines del año pasado con su primer Ayuntamiento constitucional electo. Ello es muy positivo, puesto que la noticia puede contribuir positivamente a la gobernabilidad en territorios históricamente de frontera. SQ es además presidido por una mujer con muchas ganas de servir a su comunidad, su primer alcaldesa, acompañada por al menos 6 regidores y regidoras electas que son personas pertenecientes a diferentes pueblos originarios (muchos de ellos ya nacidos en SQ). Destacar entonces que el nuevo municipio de SQ tiene un enorme territorio, que va desde la franja pacífica de la península hasta el Golfo de California. Situado relativamente cerca de la frontera, es así el más extenso de los siete que ahora conforman el estado de Baja California, pues se extiende al norte desde los confines del territorio de Ensenada, hasta el llamado paralelo 28, fronterizo con el estado vecino de Baja California Sur, con una extensión aproximada de 33,000 km cuadrados, lo que lo lleva a convertirse en uno de los más extensos y menos poblados de México (alrededor de 117 mil habitantes, según el Censo de 2020 del INEGI).
El municipio de SQ debe su nombre al extenso valle agrícola enclavado en la franja pacífica con una historia definida por su importante actividad agroindustrial ligada sobre todo, a la agricultura de exportación, donde destacan los denominados “berries” o las hortalizas; siendo el segundo valle agrícola más importante del estado después de Mexicali (valdría preguntarnos por la pertinencia o viabilidad futura de un puñado de prósperos agro-negocios de exportación basados en un uso intensivo del agua en enclaves con escasez hídrica histórica y sometidas a condiciones ambientales extremas, como es el caso de la mayor parte del territorio de SQ), donde su economía depende en gran medida del trabajo que aporta un intenso flujo histórico migratorio de trabajadores y jornaleros y jornaleras agrícolas, la mayoría pertenecientes a numerosos pueblos originarios del sur del país (las autoridades locales dan cuenta de la presencia de miembros de más de 60 etnias diferentes que residen permanentemente en SQ, entre las que destacan mixtecos, triquis y zapotecos).
Al hilo de lo expuesto, habrá que recordar que para muchos mexicanos como el suscrito, SQ irrumpió súbitamente en el escenario nacional hace unos 10 años, a raíz de la explosión de la movilización social y protesta del colectivo de jornaleros agrícolas reclamando justicia laboral, que fue gestado e iniciado durante la primera y segunda décadas del siglo XXI dados los abusos e injusticias que el sector patronal cometía sin ningún tipo de control gubernamental. Así, podemos decir que fue la justa causa y la lucha de este colectivo, uno de los que padecen peores condiciones de trabajo y explotación en México, la que puso a esta región en el mapa y en la agenda pública nacional. Y cabe recordar que una de las deudas sociales más grandes del conjunto de la sociedad mexicana (no solo del estado y de los sucesivos gobiernos de diferente signo partidista) es precisamente con los pueblos originarios, puesto que sus pueblos y comunidades dispersos por todo el país, reflejan según diversas fuentes e indicadores, las mayores cifras de exclusión, pobreza extrema, marginación y discriminación.
En el caso de SQ, no sobrará apuntar que la sede del gobierno federal, que durante décadas se arrogaba las facultades meta-legales de planear y decidir lo que se haría en cada rincón del territorio nacional, queda lejos, a casi 3 mil km de distancia (2,875 km o casi 35 horas de viaje por carretera). Es decir, por ponerlo en perspectiva, más o menos la misma distancia que hay entre Los Angeles y Chicago o entre París y Moscú. Y de modo comparable, la que hay entre Tijuana (B.C.) y Matamoros (Tamps.) (2,518 km). De manera que viajar desde SQ a la sede del gobierno del estado en Mexicali, puede demorar unas seis horas por carretera. Se comprenderá entonces que ello conlleva numerosos retos de todo orden para la gobernabilidad municipal, pues la toma de decisiones cotidianas de gobierno no admite demora. La estrategia del desarrollo local debería entonces insertarse en el marco de una visión participativa y democrática que permita a las y los ciudadanos ser autores y no meros testigos o simples beneficiarios de sus destinos colectivos, dejando de ser sujetos de las decisiones de los poderes públicos que se toman a cientos o a miles de kilómetros de distancia, para convertirse en ciudadanos con iniciativa, involucrados en los problemas y su solución desde sus propios deseos y capacidades colectivas, e implicados en la mejor solución de los mismos.
Por eso es muy satisfactorio haber podido conocer y consultar recientemente el primer Plan de Desarrollo Municipal de San Quintín del nuevo gobierno municipal, que reviste particular importancia para el presente y para el futuro. Desde un punto de vista político, constitucional y jurídico, sabemos que la planeación municipal se sustenta normativamente en la Constitución (CPEUM). Sin embargo, las decisiones y el diseño de las políticas y estrategias para el desarrollo regional y local han sido por mucho tiempo privativos (o casi) del gobierno central, o en todo caso, de los gobiernos estatales de modo subsidiario (en conjunto con los privados y empresariados locales), debido sobre todo a la histórica inercia centralista y a gobiernos d todo signo político cada vez más proclives a confundir los intereses públicos con los privados. Pero cabe recordar que la figura constitucional del “municipio libre” tiene un arraigo centenario en México y concede un amplio margen de libertad a los municipios para tomar sus propias decisiones (el primer Ayuntamiento de México fue fundado por el mismo Hernán Cortés en 1519, poco después de su desembarco en lo que hoy es Veracruz), pues el artículo 115 constitucional reconoce y consolida el principio de autonomía municipal y constituye así el espacio natural en el que los ciudadanos pueden expresar sus necesidades y proyectos. Es por eso que los territorios municipales y sus gobiernos democráticamente electos, son las instancias privilegiadas en las que de manera principal y no subsidiaria o residual, se pueden definir estrategias, programas y proyectos de desarrollo político, económico y social; pues como sabemos, términos como democracia, autonomía, participación social y desarrollo no son inconexos, sino necesariamente relacionados en aras de un municipalismo atento a las demandas sociales. Por desgracia, aún hoy en día y en la mayoría de los casos, no han sido las sociedades locales quienes han determinado el modelo de desarrollo a seguir en sus principales aspectos sociales, económicos, ambientales o culturales; debilitando con ello (quitando agencia, se dice ahora) a la participación social y a la construcción paulatina de ciudadanía y de capacidades para definir una visión propia del desarrollo desde lo local, donde las políticas públicas centralistas y centralizadas seguidas por décadas, no han sido exitosas para atenuar, corregir o compensar los desequilibrios y desigualdades regionales en aras de mejorar las condiciones de vida de pueblos y comunidades. Es por ello que la consulta pública y la participación social se convierte en una exigencia urgente para mejorar la calidad de vida en cada región y municipio de los casi 2,600 que hay en México, donde al menos una quinta parte de ellos (23.75% según el CONAPO) es considerada aun hoy en “alta marginación”.
Bajo la perspectiva expuesta, podemos afirmar que una cosa es el crecimiento económico y otra diferente el desarrollo social, y que si el desarrollo no se construye desde lo local, no será desarrollo. Al respecto, cabe recordar, por ejemplo, que el laureado Amartya Sen (Premio Nobel en 1998), cuyo trabajo está en la base de la construcción del índice de Desarrollo Humano (IDH) usado por Naciones Unidas desde 1990, definió al desarrollo no solo como el crecimiento material sino como un proceso de expansión de la libertad, donde la pobreza y la falta de oportunidades son obstáculos para el ejercicio de ésta. Sen argumenta así de modo atinado, que la libertad es tanto el fin como el medio para lograr el desarrollo. Así pues, el impulso al progreso y la justicia social en los pueblos y comunidades requiere de una visión dinámica que se asiente en la base social, que separe con transparencia los intereses mercantiles y privados del interés público; y que sea participativa e integradora en un espacio articulado y abierto, que impulse el progreso social en un marco de de desarrollo, que solo lo sería si es sostenible.
Sabemos por sus propias autoridades democráticamente electas, que SQ afronta en lo inmediato numerosos retos importantes, pero entre ellos destaca significativamente el de la carencia de servicios públicos básicos de primer orden como el agua y su saneamiento o la recolección y disposición de basura. También afronta retos sociales como la multiculturalidad, que es riqueza innegable pero a la vez fuente de constantes tensiones, lo que impone la necesidad de adoptar enfoques transversales basados en derechos humanos en la gestión pública capaces de construir paces en el territorio, generando soluciones redistributivas de recursos y decisiones, que generen justicia espacial, territorial y ambiental en regiones históricamente sometidas a condiciones sociales y ambientales adversas, mismas que según todas las modelaciones científicas disponibles, irán en aumento en frecuencia e intensidad debido al cambio climático global y sus numerosos efectos ya presentes, como la sequía prolongada o el estrés hídrico, donde la pulcra gestión territorial será crucial. Vale recordar que hoy en día, cerca del 70% de los municipios de México no cuenta con instrumentos de ordenamiento urbano o ambiental actualizados y validados (SEDATU, 2023). Ello implicaría que en 7 de cada 10 municipios se otorgan permisos de construcción, cambios de uso de suelo y urbanización en la más absoluta opacidad y corrupción, sin criterios o marcos técnicos, adaptados a las realidades y necesidades locales en materia urbanística o ambiental. En otras palabras, se decide el futuro de nuestros territorios sin sustento técnico-normativo ni procesos transparentes, democráticos, deliberativos y participativos.
Existe pues la necesidad urgente de instaurar ordenamientos territoriales (urbanos y/o rurales) y ambientales adecuados en cada región del país, que recojan las mejores prácticas existentes y ofrezcan la oportunidad de corregir los errores cometidos en otras ciudades y regiones. También hay que decir que si bien contar con estos ordenamientos es importante, serán por sí mismos insuficientes sin asegurar que su implantación en el nivel municipal tenga un seguimiento traducido en procesos cada vez más participativos, transparentes y accesibles. Y esto se puede conseguir mediante el uso de herramientas simples pero efectivas, como versiones ciudadanas de los planes de desarrollo o el uso de mapas interactivos en línea. Es así que los institutos municipales de planeación (IMPLANES) son una figura clave para articular mejores políticas públicas con visión técnico-jurídica y espacial-territorial, que requerirá para cumplir sus funciones autonomía presupuestal o técnica y servidores públicos solventes, dado que su función será vital para el ordenamiento futuro de los territorios.
En lo económico, SQ puede transformar lo que producen su campo y su mar para darle un valor agregado. Y también puede potenciar, por ejemplo, un turismo alternativo y sostenible, no masificado y de bajo impacto ambiental, que genere empleos bien remunerados y diversifique la economía de una población que ha pasado en pocos años de migrantes estacionales a residentes permanentes. Pero para ello el cuidado y protección medioambientales resultarán cruciales. En lo político y social, aquí y allá será importante incidir y ampliar los mecanismos de consulta y participación ciudadana, tales como la instauración del presupuesto participativo para la toma de decisiones, avanzando un enfoque transversal e inclusivo, mejor adaptado a las complejidades regionales y que abrace decisivamente la idea de un desarrollo intercultural, concebido desde lo local. La primera versión del presente texto apareció publicada en la columna Plaza Pública del diario LJA de la ciudad de Aguascalientes. (25-06-2025).
Enrique Pasillas Pineda
El Colegio de la Frontera Norte, Investigador Postdoctoral por México.
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