En el Día Internacional de la Mujer, que se recuerda cada 8 de marzo, es oportuno reflexionar sobre la Declaración por los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes, que recientemente firmaron integrantes de la Legislatura LXII. Mujeres migrantes con quienes el Estado mexicano tiene una gran deuda, baste recordar a las 14 mujeres asesinadas entre el grupo de 72 centroamericanos muertos en San Fernando, y de las cuales sólo se identificó con nombre y nacionalidad a cinco de ellas. En el Día Internacional de la Mujer pensemos también en todas aquellas mujeres migrantes anónimas que no han sido rescatadas de casas de seguridad donde el Ejército y la Marina llevan a cabo sus operativos en busca de grupos delincuenciales. Tan sólo de 2009 a la fecha se han rescatado mil 171 migrantes en municipios tamaulipecos.
La Declaratoria en principio reconoce que las mujeres migrantes son discriminadas, maltratadas verbal y físicamente, sufren extorsión, asaltos, tortura, tráfico y trata de personas, secuestros, violaciones, y homicidios.
Por muchos años las mujeres migrantes estuvieron a la sombra del actor principal: el varón. Esposa, madre, hermana e hija de migrantes estuvieron visibilizadas en los estudios migratorios. Sin embargo, en los últimos años las mujeres tienen un papel protagónico en el movimiento de población, con lo cual padecen también riesgos del viaje, por ser migrantes y por ser mujeres.
La Declaratoria se enmarca dentro de la ley migratoria aprobada en 2011, aunque al igual que en otros ámbitos de la política pública, el problema es la implementación del marco normativo.
De poco sirve una ley, reglamento o declaratoria si en la práctica y, de manera cotidiana, quienes representan a las instituciones están poco dispuestos, capacitados o sensibilizados sobre la noción de los migrantes como sujetos de derecho.
La Declaratoria dice que el primer paso es reconocer públicamente la situación que viven las mujeres migrantes, dice que apoyarán modelos de atención integral, que procurarán exigibilidad y cumplimiento, programas de prevención y fortalecimiento de capacidades institucionales, protocolos con enfoque de género, etc. Sin duda es importante que el Estado mexicano reconozca el problema, pero no es suficiente.
No en tanto tengamos un Estado que ha perdido control de los espacios donde transitan los migrantes y donde son cometidas las violaciones a sus derechos.
En sentido estricto, el Estado mexicano es el responsable de salvaguardar los derechos humanos de los y las migrantes, y en tanto ese Estado pierde control de zonas como la frontera tamaulipeca, donde los grupos criminales asaltan, extorsionan, secuestran, violan, asesinan, el Estado está fallando.
Si en este momento el principal origen de la violencia contra mujeres migrantes está en los grupos criminales, y el Estado no puede parar el abuso y la inseguridad, ayudarán poco las medidas que se tomen para facilitar el proceso de denuncia de delito y violación de derechos de las mujeres migrantes.
Artículo anterior, publicado el 03 de marzo:
La madre de todas las crisis – por Belem Vásquez Galán
Profesora-Investigadora de el Colegio de la Frontera Norte
