Es un hecho que algunos fenómenos no se detienen y las problemáticas no desaparecen a pesar de la pandemia, de los contagios, de la existencia o no de vacunas. La movilidad de población extranjera en situación irregular en México ha continuado y continuará dándose, no importa el contexto. Se trata de personas no autorizadas para su ingreso al país que han viajado o están viajando desde sus países de origen para llegar a un destino.
Si bien los flujos de migrantes en tránsito han disminuido los últimos meses, sobre todo luego del establecimiento del periodo de cuarentena, también es cierto que las personas continúan llegando y transitando por el país y por esta frontera. Un indicador, por ejemplo, es el número de personas retenidas por el Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, fundamentalmente venidos de Honduras, El Salvador y Guatemala, el cual es mayor al del año 2019 y casi el doble al registro de 2018.
Para este grupo de población su necesidad de migrar es tan apremiante que no importan los riesgos. Evidentemente se trata de personas excluidas socialmente en sus países de origen, pero también con mayor riesgo de exclusión social durante su trayecto y su destino. Como ejemplo está el tema del acceso a la vacuna.
A nivel mundial los países han establecido sus estrategias de vacunación empleando varios principios como vacunar primero a personal de salud en primera línea y dar prioridad a grupos de tercera edad. Sin embargo, pocos gobiernos tienen claro cómo garantizar el derecho de acceso a la vacuna de las personas migrantes.
El gobierno de Estados Unidos ha dicho, por ejemplo, que no sería ético no considerar a los inmigrantes no documentados, pero del dicho al hecho hay un camino largo. En la estrategia nacional de vacunación del gobierno mexicano, por lo menos hasta ahora, no se ha establecido cómo garantizar la vacuna a esta población móvil. Pensar en la vacuna de Pfizer, con doble dosis en un lapso de dos a tres semanas, deja claro el problema. El registro y la movilidad son el desafío.
A la par, el llamado de organismos internacionales sobre observar una distribución equitativa de las vacunas entre los países, evitando el “nacionalismo de vacunas”, o señalar expresamente la desventaja de la población en países con menor desarrollo para ser inmunizados, por el acaparamiento de vacunas de los países ricos, refleja también el problema para los migrantes originarios de países pobres.
En el documento de “Política nacional de vacunación contra el virus Sars-CoV2” del gobierno mexicano, la estrategia se basa en priorizar y calendarizar en cinco etapas la aplicación de la vacuna para grupos de población mayor a 49 años, observando una logística de registro y ampliación controlada. Para el resto de la población mayor de 18 años -y asumimos que independientemente de su condición- se espera inmunizarlos a marzo del año 2022.
El problema de la movilidad del migrantes se resuelve con una vacuna con características diferentes en el número de dosis, como son las vacunas de CanSino y AstraZeneca, y un programa universal de vacunación; sin embargo, la duda sigue siendo el proceso de registro y control de quienes accedan a ella.
Para los migrantes la vacuna se vuelve un bien de difícil acceso por doble vía: en su país de origen, de donde huyen de la pobreza y la violencia, la vacuna difícilmente estará disponible los próximos meses; y durante su trayecto migratorio, por su condición irregular, no son prioritarios para los países de tránsito y destino. En este escenario, al igual que para algunos países pobres en el mundo, la vacuna para los migrantes se vuelve un privilegio y un elemento más de exclusión, cuando es un derecho.
Dra. Blanca Vázquez
El Colegio de la Frontera Norte
