Dra. Yetzi Rosales Martínez
Desde la Gran Depresión en la década de 1930 hasta la recesión financiera de 2007 en Estados Unidos, hemos presenciado eventos masivos de retorno de mexicanos, pero nunca en los volúmenes actuales. De acuerdo con el Pew Researcher Center, entre 2009 y 2014 retornaron a México desde Estados Unidos alrededor de un millón de connacionales. La principal causa de retorno fue la reunificación familiar (61%), seguido de la deportación (14%) y la búsqueda de empleo en México (6%). Esta circunstancia genera en México la necesidad de buscar mecanismos viables para reintegrar a nuestros connacionales en todos los ámbitos de la vida nacional.
En este sentido, el tema del acceso a servicios salud es un foco rojo para el gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto. Un diagnóstico contenido en el Programa Especial de Migración 2014-2018 (DOF 30/04/2014) señala que casi la mitad de los mexicanos que regresa no tiene aseguramiento en salud. Cabe señalar que dicho informe no aclara qué tipo de cobertura médica tienen los que integran el porcentaje restante.
El problema comienza en EE.UU. donde los migrantes mexicanos, principalmente los indocumentados, tienen nulo o limitado acceso a servicios de salud. Como resultado algunos migrantes arriban a México después de no haber recibido en mucho tiempo atención médica, con enfermedades no diagnosticadas e incluso en estado avanzado. Las enfermedades registradas entre la población migrante retornada van desde contusiones o fracturas, trastornos mentales (sobre todo en el caso de los deportados), hasta complicaciones por padecimientos crónico-degenerativos. Esta diversidad de demandas en salud requiere principalmente de atención especializada.
Contrario a lo que se esperaría, regresar a México no elimina del todo la condición de vulnerabilidad en salud que vivieron los migrantes mexicanos en EE.UU. En nuestro país, las opciones de atención médica para esta población se restringen a la infraestructura de la Secretaría de Salud, la Cruz Roja y servicios médicos básicos que ofrecen algunas organizaciones de la sociedad civil. En un contexto nacional como el nuestro, donde el sector salud acarrea problemas históricos de insuficiencia de recursos físicos, financieros y humanos cabe preguntarse ¿cómo garantizar que el derecho a servicios de salud de los mexicanos retornados se cumpla?
En términos financieros, el Seguro Popular de Salud ha subsanado parcialmente el problema de acceso a salud de los migrantes de retorno y en tránsito. El otorgamiento de una póliza temporal por noventa días les cubre el costo de la atención de alrededor de 285 intervenciones, pero no les asegura que encuentren un hospital con capacidad física y personal de salud suficiente para ser atendidos.
Esta realidad se vive de forma exacerbada en la frontera norte de México. Los mexicanos deportados llegan a los puntos de recepción del Instituto Nacional de Migración y, es ahí donde se presenta la primera demanda de atención en salud. De acuerdo con el Sistema de Información en Salud (SSA), en 2014 había en promedio 0.07 camas censables por cada mil habitantes no derechohabientes distribuidas en los seis estados fronterizos, mientras que en la Ciudad de México, por ejemplo, había 1.6 camas censables por cada mil habitantes no derechohabientes. Una situación similar ocurre con el personal de salud: en toda región fronteriza había 1.5 médicos en contacto con paciente por cada mil habitantes no derechohabientes vs. 3.4 en la Ciudad de México. La región norte requiere dedicar mayor inversión en infraestructura en salud y crear más plazas para profesionales de la salud en pro de solventar la demanda de atención médica pronta y de calidad que los migrantes de retorno merecen por derecho constitucional.
