El fin de semana pasado participé en una reunión sobre migración en la Universidad de Princeton, organizada por la doctora Patricia Fernández Kelly. Ahí se analizaron los datos más recientes sobre el fenómeno migratorio. Alejandro Portes, de Princeton, habló de aspectos teóricos de las migraciones internacionales. Jeffrey Passel, del Pew Hispanic Center, del declive y empate de las entradas a Estados Unidos con los retornos desde ese país. Douglas Massey, de Princeton, sobre la derechización en el debate de la inmigración en Estados Unidos, y René Zenteno, del Colef, sobre los cambios en la política migratoria de México. También participó Edward Telles sobre los antecedentes históricos de la política actual de inmigración.
Destacó la promisoria participación de jóvenes investigadores de la migración como Alejandra Delano de la New School, quien habló sobre los programas en favor y las acciones gubernamentales en contra de los inmigrantes en Estados Unidos y René Flores de Princeton, sobre las coaliciones de grupos en favor de la inmigración, en particular de los avances en el apoyo del «Dream Act». Jorge Durand de la Universidad de Guadalajara hizo una propuesta de acciones para apoyar a los «dreamers» en México. Muy informativa y novedosa fue la participación de Carlos Sada, cónsul general de México en Nueva York, quien habló sobre la participación creciente de las comunidades de origen mexicano en la política de inmigración de Estados Unidos y de su integración a este país. Excelente fue también el análisis de la política de inmigración del gobierno de Estados Unidos que hizo Audrey Singer.
Patricia Fernández hizo gala de su familiaridad con lo que les pasa a los migrantes en Estados Unidos y en México y lo hizo con gracia y buen humor. Fue una excelente anfitriona. Yo presenté una ponencia sobre la vulnerabilidad y la circularidad de los migrantes (enviaré una copia a quien me la pida a:jbustama@nd.edu).
Allá en Princeton me enteré de la noticia de que no se autorizarán las visas para los centroamericanos que quieran transitar por nuestro país rumbo a Estados Unidos. Esta es una pésima noticia porque indica que nuestro gobierno se inclinó por la perspectiva preferida por el gobierno de Estados Unidos que es la de privilegiar la seguridad por encima de los derechos humanos. Esta decisión del gobierno de México demuestra el nulo caso que la Secretaria de Gobernación y el Congreso mexicano dieron a las ONG y a los puntos de vista de los expertos en el tema migratorio, que sin excepción propusieron la creación de una condición migratoria que legalizara una estancia temporal en México, a esos migrantes centroamericanos en su paso por México. No haberlo hecho permite predecir un incremento en los patrones actuales de impunidad en las violaciones en los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en México; no obstante que esos patrones han hecho de nuestro país, en la presente administración, el campeón mundial en el número de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Baste contar el número creciente de cadáveres presumiblemente de centroamericanos (como el caso de los últimos 49 encontrados en Nuevo León), además de los anteriores encontrados en los últimos tres años que suman más de 500. Ni nuestros legisladores, ni el presidente de la República parecen ser conscientes de lo que representa el haber llegado en la actual administración del presidente Calderón a ser el país que incurrió en el mayor número de violaciones a los derechos humanos de los migrantes en todo el mundo. No solo han demostrado una inconsciencia del indicador de «Estado fallido» que representa ese campeonato mundial. Sobre todo, habla de la ingobernabilidad que existe en México con un gobierno que ha demostrado ser incapaz de dar la protección a los migrantes a la que le obligan los acuerdos internacionales sobre derechos humanos suscritos por México tanto como sus propias leyes internas. La última demostración de la verdad que encierra la anterior afirmación es la incapacidad gubernamental para impedir que surgiera la necesidad, a la que respondió Amnistía Internacional, al auspiciar el virtual exilio del padre Alejandro Solalinde. Solo agregaré que debo dejar testimonio de la vergüenza con la que, como mexicanos, tenemos que reconocer en el extranjero el nivel de incapacidad al que ha llegado el gobierno de nuestro país como responsable del respeto a los derechos humanos.
