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La extradición de Ovidio Guzmán es un indicador de la importancia de la relación antidroga con el gobierno de los Estados Unidos. En el año de 2021 fueron extraditados de México a Estados Unidos 43 delincuentes, una de las cifras más baja en los últimos 15 años.
Un año antes fueron extraditados 60 delincuentes de México a Estados Unidos y, en 2019, 58. De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el sexenio del presidente Peña Nieto, el promedio por año fue de 65 extradiciones, mientras que con el gobierno de Felipe Calderón fue de 98.
En cambio del 6 de enero al 28 de diciembre del 2022 el gobierno mexicano entregó a 81 personas reclamadas por la justicia estadunidense (Excélsior, 21 enero 2023). No obstante estas extradiciones, la cooperación antidroga sigue presentando algunos retos complejos, por ejemplo:
Desde la detención de Ovidio Guzmán a principios de enero del 2023 la dinámica delictiva del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos va en aumento. Lo mismo sucede con el consumo de diversos componentes de fentanilo en la sociedad estadounidense, con lo cual el número de fallecidos por sobredosis sigue en incremento.
Los fallecimientos por el uso de opioides sintéticos, principalmente el fentanilo (50 veces más potente que la heroína), pasaron de 58.000 en 2020 a 71.200 en el 2021, un incremento de 23%. Junto con las metanfetaminas, que provocaron 33.000 muertes en 2021. Estas son las sustancias que más vidas cobraron el año pasado. Acorde con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 107.602 personas fallecieron por el abuso de sustancias en el 2022, un incremento de 14,9% comparado al periodo anterior. A excepción de 2018, el número de muertes accidentales por sobredosis crece año con año (El País, 11 mayo 2022). La pregunta es la si la extradición de Ovidio Guzmán disminuirá esta dinámica de altos consumos y fallecimientos o se requieren una política antidroga más integral y eficaz.
Este diagnóstico general refleja que el nuevo enfoque de salud pública (2021) de la política antidrogas estadounidense no ha implicado un nuevo paradigma en comparación a los años setenta, con la creación de la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés). Por el contrario, el origen y desarrollo de la DEA es paralelo con un aumento del consumo de diferentes drogas tanto blandas como sintéticas en Estados Unidos, al igual que una mayor violencia en los países que generan la oferta, lo que se atribuye según Anne Milgram, titular de la DEA, porque los carteles de Sinaloa y Jalisco cuentan con más de 44,000 miembros en 100 países (Milenio, 23 julio 2023). De acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci) las hectáreas sembradas de coca pasaron de 204.000 a 230.000 al cierre de 2022 y las toneladas de droga que se pueden producir llegaron hasta 1.738, las mayores cifras jamás registradas (El País, 11 septiembre 2023).
La desaparición de la Iniciativa Mérida (2007-2020) por el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras de México y Estados Unidos (2021) y los diversos problemas de la agenda que lo integran, es un reflejo de una mayor complejidad de la agenda antidrogas y las limitaciones de la actual política y la cooperación.
En la práctica el gobierno de Estados Unidos sigue marginando su responsabilidad como la sociedad de mayor consumo de drogas en el ámbito internacional. El gobierno estadounidense no ha cambiado ni cambiará la narrativa: los principales países responsables son quienes generan la oferta o el trasiego de drogas. Por tanto a ellos se les debe de exigir mejores políticas tanto de erradicación, control del trasiego y disminución del consumo.
Si a esto se suma las posiciones de congresistas republicanos y del gobernador de Texas, Greg Abbott que han planteado que se reconozca a los grupos delictivos mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, se fortalece la narrativa de culpabilidad mexicana. Y se margina que el tráfico de drogas es un problema transnacional y de responsabilidades compartidas.
En este contexto se sigue evaluando la nueva agenda (diciembre 2021) del Entendimiento Bicentenario. Han existido algunos avances, (Departamento de Estado, 25 julio 2023) pero la complejidad del problema aumenta: en México mayor violencia de los grupos delictivos, extorsión a productores agrícolas, incremento del trasiego de drogas en los cruces fronterizos y aumento del tráfico de armas. En Estados Unidos: incremento de personas fallecidas por sobredosis de fentanilo. El impacto social es diferente en cada país, según el nivel de desarrollo y las capacidades de gestión y de gobernanza del problema.
La reducción del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos es un desafío complejo que requiere una eficaz estrategia integral que aborde tanto la oferta como la demanda de drogas. Una eficaz cooperación internacional, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, el desarrollo socioeconómico, la lucha contra la corrupción, un enfoque de salud pública y el fortalecimiento del estado de derecho son algunas de las mejores propuestas de política que México debe considerar para enfrentar este problema. La implementación efectiva de estas estrategias no solo beneficiará a México, sino que promoverá la seguridad y la estabilidad en la región.
José María Ramos García
El Colegio de la Frontera Norte
