Entre los avances científicos y tecnológicos más importantes de la humanidad, destaca el incremento de la expectativa de vida de la población mundial, pasando en promedio de 52.6 a 72.7 años, solamente en el período comprendido de 1960 a 2018; dicha cifra es diferenciada por sexo y la región geográfica, y que para México oscila en torno a los 78.7 años (76.6 hombres y 80.72 mujeres) en el período previamente mencionado. Esta longevidad que implica un éxito biológico, ya que algunas investigaciones refieren que potencial máximo de duración de la vida humana oscila entre 110 y 115 años.
Desde 2013 la Organización de las Naciones Unidas refería en el documento titulado “World Population Ageing 2013” que la población mundial estaba envejeciendo con mayor rapidez de la esperada, especialmente en países en vías de desarrollo, proyectando que para 2020, en el mundo habría 1,200 millones de personas mayores de 60 años (el doble de las del año 2000), de los cuales el 33 % son octogenarios.
Esta modificación en la estructura poblacional, es producto de distintos procesos, principalmente culturales, de salud pública y reducción de las tasas de natalidad, que se traducen en el envejecimiento de la población, cambio demográfico que en países desarrollados se interpreta como una mejor calidad de vida, pero que, para economías en vías de desarrollo, implica todo lo contrario.
Los datos estadísticos obtenidos desde 1950 relativos a la pirámide poblacional, reflejan que México no ha sido ajeno a dicha tendencia, incluso las proyecciones para 2050, muestran como paulatinamente se incrementará la población adulta mayor, hasta llegar a casi 30 millones de personas de más de 65 años, generando por tanto una serie de necesidades, en temas como servicios de salud y sistema de pensiones, entre otros, mismos que implican un gasto asistencial superior, y de no ser previsto y atendido adecuadamente, puede representar una amenaza al equilibrio socioeconómico ya que tal condición se agudiza a partir del limitado ingreso per cápita del 54 % de ellos, que es inferior a dos salarios mínimos, donde un 10 % adicional, no percibe ningún ingreso y depende de terceros para sobrevivir.
Enfrentar dicho cambio requiere adoptar medidas preventivas que deriven en la generación de todos aquellos recursos necesarios para tal efecto, donde destacan los económicos y que en gran medida parten de las distintas actividades laborales, la generación de empleos y los rendimientos salariales, de la población, desde los cuales sea posible fomentar el ahorro y las inversiones durante su vida laboral, así como de los sistemas de pensiones, mismos que deberán ajustarse a los próximos escenarios demográficos.
La economía mexicana debe generar empleos para insertar a la vida productiva a las nuevas generaciones, pero especialmente debe mantener los espacios laborales necesarios para la población cercana a la edad legal de retiro (65 años), o incluso que la rebase pero que deben continuar trabajando para cubrir carencias económicas, fortaleciendo en todo momento esquemas normativos de observancia del derecho humano al trabajo, que elimine todo tipo de discriminación laboral, principalmente por la edad, situación que sería violatoria a la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, principalmente.
Ciertamente se ha avanzado en la eliminación de prácticas laborales discriminatorias por razón de género, raza, religión, etc., sin embargo, queda como asignatura pendiente la discriminación laboral por edad, de tal forma que tanto empresas privadas, como las propias dependencias gubernamentales, restringen el acceso a oportunidades de empleo a personas mayores de 35 años, reduciéndoles las posibilidades de contratación a solamente un 10 % del total de los espacios disponibles, sin considerar que las personas de entre 35 y 55 años mantienen condiciones físicas óptimas para desempeñar cualquier actividad laboral. Es precisamente la población que oscila en dicho rango de edad, la que presente mayor riesgo de ser desempleada, enfrentando mayores obstáculos para conseguir un nuevo empleo, sin contar que, para las personas mayores a 55 años, el porcentaje de posibilidad de conseguir empleo, se reduce a solamente el 0.5 % de la oferta laboral disponible.
El derecho al trabajo es un derecho humano, desde el cual se afirma su dignidad, al estar contenido en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y en distintos Tratados Internacionales. Por tanto, los mexicanos tienen derecho a tener un trabajo digno, decente y bien remunerado, independientemente de la etapa de la vida o la edad cronológica en la que se encuentren y el Estado Mexicano está obligado Constitucional y Convencionalmente a garantizar la observancia del mismo. Consecuentemente, de no tomar acciones que garanticen cubrir las necesidades futuras de la población, conforme pase el tiempo seremos más viejos, pobres y desempleados.
Dra. Rosa Isabel Medina Parra
El Colegio de la Frontera Norte
