¿Más vale pedir perdón que pedir permiso?

Hace unos días, la cifra de personas desaparecidas y no localizadas en México rebasó los 135 mil; un número que no debería incrementarse, sino disminuir; un número que, detrás de sí, alberga dolor, tristeza y miedo, pero también la esperanza de que algún día, así sea una sola persona, se sume a los números de quienes fueron localizados, idealmente con vida.

El mapa del registro de desapariciones sigue mostrando a la cabeza al Estado de México, Tamaulipas y Jalisco, ahí se concentra la mayor cifra histórica de desapariciones; pero si revisamos los datos de la post-pandemia (enero de 2021 a mediados de junio de 2026), es evidente que en ese periodo se ubican poco más del 40% de esas históricas desapariciones y no localizaciones y que cada vez se acota la diferencia numérica de desapariciones en los estados.

A pesar de los esfuerzos de la 4T por hacer búsquedas telefónicas, casa por casa y cruzar sus registros para disminuir la “desaparición administrativa”, en los últimos días también ha sido tristemente notorio que el Estado practica la desaparición forzada y lo hace a través de una de sus instancias que gozaban de la mayor credibilidad y respeto ciudadano: la Secretaría de Marina (SEMAR).

Los últimos ejemplos icónicos, y dolorosos, parecen resumirse en la frase “más vale pedir perdón que pedir permiso”, pero cuando el Estado pide perdón, la frase sabe amarga, pues es inaceptable que sea el perpetrador de las desapariciones y entonces la disculpa difícilmente sirve para cerrar ciclos y seguir adelante. El Estado debería ser el primero en pedir permiso y no quien se vea obligado a pedir perdón.

Los últimos ejemplos icónicos se dieron hace unas semanas. A inicios de mayo supimos, mediáticamente, que la familia de Julio César Cervantes Cabañas se enteró que su cuerpo fue donado a una institución educativa; ellos buscaban a un ser querido hacía tres años y su sorpresa fue saber que había muerto y su cuerpo entregado para estudios.

Este caso no es único, la novedad es el perdón, en este caso del gobierno de la Ciudad de México. En 2021, ya se había hecho público que, en Veracruz, más de 200 cuerpos se donaron, de manera al menos sospechosa, a universidades privadas; por los medios de comunicación, también nos habíamos enterado de casos similares en Jalisco y Baja California, pero en ninguno, el Estado pidió perdón, más bien, hubo silencio o justificaciones de esas que aclaran poco, o prácticamente nada.

El otro caso icónico fue la puesta en libertad de nueve marinos (SEMAR) que fueron absueltos por la desaparición de casi treinta personas -más de cincuenta según las cifras de las organizaciones que han acompañado a las familias en su dura búsqueda; estas desapariciones ocurrieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron perpetradas por la SEMAR, entre febrero y mayo de 2018, y parecen ser un patrón táctico, pues ya en el 2013, en esa misma ciudad, elementos de esa misma Secretaría, en menos de diez días desaparecieron a varias personas, incluyendo menores de edad.

Las desapariciones del 2013 no recibieron mayor atención que la denuncia mediática que era común en hechos similares de la época; la novedad en Nuevo Laredo es que, en 2025, el Estado mexicano pidió perdón a las familias por las desapariciones de 2018, lo que resarció un poco el daño, pero la absolución de hace unas semanas no solo enturbia ese proceso de sanación, también levantó protestas.

No se trata de ser omisos con el perdón, sino de ser congruentes y sensibles con el dolor de quien ve esfumarse a un ser querido cuyo último contacto fue con la SEMAR; por la manera en que se han desaparecido a las personas en México, pedir permiso debería ser la norma. El perdón es importante, pero resulta insuficiente en un país donde desaparecen alrededor de cuarenta personas diariamente.

Artemisa López León
El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios de Administración Pública.