Varios son los asuntos pendientes del gobierno federal en turno para 2020. Uno de los más importantes es la separación funcional de Telmex y su impacto en los derechos laborales de sus trabajadores. Vayamos por partes. A finales de la década de 1980, el gobierno mexicano decidió abrir su economía con la intención de adaptarse mejor a la globalización. Entre otras cosas se resolvió privatizar la mayoría de las empresas públicas que eran propiedad del estado. En 1990 le tocó al gobierno en turno privatizar Telmex y se le otorgó la concesión a América Móvil. El proceso fue más difícil de lo que pudiera pensarse, ya que no existían empresas privadas con experiencia en telecomunicaciones en México, por lo que se garantizó, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994, que Telmex enfrentaría competencia limitada durante una fase de transición de entre 5-7 años, para que la empresa pudiera adaptarse a las nuevas circunstancias de la economía mundial.
El resultado fue la creación de un monopolio de telecomunicaciones de nivel mundial y la inaccesibilidad a servicios de telefonía móvil e internet para las personas en situación de pobreza ante la imposibilidad de pagar los precios más altos en Latinoamérica. A pesar que en la década de 2000 hubo algunos intentos por cambiar esta situación, no fue sino hasta 2013 que se concretó la primera reforma integral de telecomunicaciones. La idea principal era aumentar la competencia en este sector e incrementar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), lo cual beneficiaría a los grupos más vulnerables de la población. En consecuencia, se reconoció el acceso a las TIC como derecho fundamental, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo constitucional autónomo y se promulgó una nueva Ley de Telecomunicaciones.
La reforma ha tenido impactos positivos. En los últimos años, los precios de telefonía móvil e internet de banda ancha fija disminuyeron considerablemente, a pesar de que México sigue estando entre los países más caros en precios de internet de banda en la región. Esto trajo consigo un aumento en el acceso a estos servicios por parte de la población de casi el 40%, en comparación con el porcentaje de personas que accedía antes de la reforma. El IFT también eliminó los cargos por llamadas nacionales de larga distancia para todas las empresas, alineando estas tarifas con las de llamadas locales.
Además, en 2014, Telmex fue declarado agente económico preponderante del sector de telecomunicaciones por el IFT y se le ordenó compartir su infraestructura con el resto de las empresas de la industria sin costo para ellas. El IFT también dictaminó a Telmex realizar una separación funcional para 2020, con el fin de promover la inversión en infraestructura por otros concesionarios. Es decir, Telmex tiene que crear una nueva empresa que ofrezca, exclusivamente, servicios mayoristas para garantizar que las empresas pequeñas tengan acceso a la infraestructura fija de Telmex y con ello aumentar la competencia en el mercado, y llegar a las zonas más distantes y pobres.
Sin embargo, en lo que se refiere a la compartición de su infraestructura, Telmex ha incumplido flagrantemente, ya que no ha puesto a disposición de los demás concesionarios toda la información relativa a la infraestructura que está obligado a compartir. El problema no termina ahí, otra de las razones por las que el gobierno decidió privatizar Telmex a un solo actor fue que el sindicato de telefonistas estuvo de acuerdo, ya que esto impediría que se dividiera la compañía y se pusiera en riesgo terminar con el contrato colectivo de trabajo. La resolución del IFT especifica que los servicios mayoristas deben ser brindados por una empresa que no ofrezca servicios minoristas (telefonía fina e internet) para promover la inversión en infraestructura por otras empresas, pero esto pasaría por alto el contrato colectivo existente, dañando los derechos de los trabajadores.
Por consiguiente, la separación funcional ha sido rechazada por el sindicato, quien ha declarado que irán a huelga si el IFT no cambia la resolución. Recientemente, el IFT aprobó una propuesta de Telmex para transferir personal a la nueva empresa que creará, con la intención de resolver esta situación, a partir de dos diferentes esquemas. Por un lado, los trabajadores sindicalizados lo harán bajo el esquema de prestación de servicios, es decir, por honorarios o mediante outsourcing. Por otro lado, para los trabajadores no sindicalizados o de confianza lo harán bajo el esquema de sustitución patronal; es decir, la nueva empresa adquirirá los derechos y obligaciones de los trabajadores. Veremos qué tienen que decir las autoridades en materia de justicia laboral al respecto, especialmente sobre el esquema propuesto para los trabajadores sindicalizados, y cómo se resuelve esta situación en los próximos meses, ya que el sindicato ha mantenido firmemente su postura de ir al paro.
Dr. Christian I. Becerril Velasco
El Colegio de la Frontera Norte
