El 12 de enero de 2019 se inició en Matamoros un movimiento laboral que se ha extendido hasta la fecha (22 de marzo). El movimiento iniciado por el pago de un aumento salarial del 20% y de un bono anual de 32,000, tiene causales locales, como el tipo sindical de la región, la existencia de contratos colectivos reales, el tipo de maquiladoras de la región, las características de las relaciones laborales; condicionantes políticas favorables a la movilización laboral, como la elección de un gobierno de izquierda, y la actuación de activistas laborales, en una región caracterizada por los actores institucionalizados como el sindicato y las organizaciones empresariales. A continuación algunos elementos que pueden ayudar al entendimiento del movimiento.
Al interior del movimiento se pueden visualizar distintas etapas, en la que participan diversos actores: un primer período, del 12 de enero al 9 de febrero, corresponde a una lucha legal de los trabajadores por un aumento salarial más allá de los 176 pesos declarados por el gobierno federal, y por el pago de un bono anual de 32,000 pesos sustentado en un convenio anexado a los contratos colectivos como pago de la diferencia salarial por los aumentos salariales que se decreten a nivel nacional.
Una segunda fase, se inicia, a finales de enero y durante febrero, que es el movimiento de plantas afiliadas al Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Ensambladoras y Maquiladoras, (SITPEM) por la demanda del 20% y el bono de 32,000 aún y cuando el aumento del 20% y el bono anual no procedía debido a no estar en su contrato colectivo, sin embargo, dado las características de las empresas, vinculadas a la cadenas globales de producción que no pueden frenar sus actividades, así como a la efervescencia laboral que se había iniciado con los trabajadores del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de La Industria Maquiladora (SJOIIM), y la no actuación de ningún actor gubernamental que conminará el regreso a la esfera de la negociación, y sobre todo por la implementación de estrategias como bloqueos, paros laborales, marchas, mítines, incentivados por la activista laboral, Susana Prieto, las empresas terminaron otorgando el aumento salarial y el pago del bono. En esta fase, que yo podría identificar como la esencia de lo que se conoce como movimiento 20-32, la protagonista central es Susana Prieto pues es ella la que delinea e incentiva las acciones de los trabajadores, aprovechando el descontento en contra líder sindical del SITPEM, ella se autonombra representante de los trabajadores y se deslinda de la influencia del sindicato minero y cualquier instancia federal, como la Secretaría del Trabajo, aunque es evidente que la no acción del gobierno local, estatal y federal favoreció el movimiento.
La tercera etapa, se inicia el 23 de febrero, en donde Susana Prieto señala como objetivo central la formación de un sindicato, proceso en donde se vislumbra una fuerte incertidumbre y ambigüedad, en virtud de que la misma abogada Prieto ha expresado en sus discursos que “el proceso de reconocimiento sindical es muy completo y no tengo experiencia”. La ambigüedad se acentuó cuando en su reunión del 2 de marzo, mencionó que las dos mejores opciones de apoyo a la formación del nuevo sindicato maquilador estaba entre una Federación de Organizaciones Sindicales de Tijuana y la Nueva Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para una conocedora del sindicalismo mexicano, como la que escribe resulta inconcebible, y preocupante, que las opciones de apoyo fluctuaran entre una central creadora del sindicalismo subordinado a las empresas (la Federación de Tijuana) y un sindicato combativo como el SME. Finalmente, la abogada Prieto parece haberse inclinado por el apoyo del SME, y se trabaja en la formación del Sindicato Nacional Independiente. El proyecto parece muy frágil por no contar con el apoyo masivo de los trabajadores y una visualización clara de la opción sindical que pretende impulsar, aunque tiene a su favor un contexto en donde parece estarse privilegiando lo laboral, habrá que ver si esto es suficiente.
A manera de conclusión y tratando de visualizar los efectos de este movimiento, el caso de Matamoros, me parece que será difícil de replicar en espacios en donde la presencia sindical no tenga una base obrera que se involucre, sin embargo, el papel de las redes sociales y su difusión como triunfo laboral si pueden favorecer algunas movilizaciones laborales lo que no debería ser preocupante, si existiera un comportamiento gubernamental que arbitrará la legalidad de las movilizaciones, pero me parece que las autoridades laborales actuales no tienen claro hacia donde se dirigen las relaciones laborales futuras, y eso si es preocupante, porque la otra parte de la relación laboral, las empresas, necesitan un ámbito de certidumbre laboral y legal para desenvolverse.
Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte- Sede Matamoros