Una condición inescapable de de toda democracia de calidad, (es decir, aquella que vaya más allá de la realización recurrente de elecciones libres, equitativas y organizadas por órganos autónomos) es la vigencia del Estado de Derecho. Sin la aplicación plena de las normas legales, y esto es válido para ciudadanos y gobernantes, no puede hablarse de democracia. Hoy, más que nunca, este activo imprescindible de toda sociedad civilizada y libre está en entredicho en nuestro país. No conocemos quien pueda afirmar honestamente que en México se respetan plenamente los derechos (y obligaciones) de todos los integrantes de la comunidad nacional o de quienes viven o se encuentran en nuestro territorio.
Existe una idea muy generalizada entre nuestros gobernantes y sociedad, que los presuntos delincuentes no deben tener ningún tipo de derechos. Sin duda, esta idea tan extendida se nutre de una preocupación real y lacerante: la impunidad. Por ello, el paso siguiente es que alguien debe pagar por la violencia generalizada en la que vivimos sumidos desde hace años y recrudecida durante el último lustro. En ello tiene su asidero el “haiga sido como haiga sido”: si a alguien ya se le detuvo, que pague, no importa que se violen todos los derechos y garantías individuales en su detención.
El caso más reciente y controvertido es el de la ciudadana francesa Florence Cassez, a quien se le violaron sus derechos humanos durante el proceso de detención que realizaron las autoridades mexicanas y que vició todo el proceso judicial en su contra. Fue evidente que se violentó su derecho al debido proceso, consagrado en nuestra Constitución. Por ello, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, 4 de 5 ministros, confirmaron esta gravísima situación; si bien dos de ellos solicitaron que continuara en presión, pero en un caso solicitando la reposición del procedimiento. Por ello será necesario que la ministra Olga Sánchez Cordero presente un nuevo proyecto resolutivo. Pese a las evidencias, el Poder Ejecutivo presionó por todos los medios a los ministros de la primera sala para que no apoyaran la ponencia del ministro Arturo Zaldívar, donde se establecía que ante las violaciones a los derechos humanos de la acusada se le dejara de manera inmediata en libertad. Para el Poder Ejecutivo no importaban las violaciones sino la sentencia de 60 años de prisión. No importa la legalidad, sino la justicia, así lo expresó el presidente Felipe Calderón.
Es preocupante que utilizando a los medios de comunicación, sobre todo la televisión, se cree una atmósfera de linchamiento para una persona y se justifique la violación de derechos. Resulta inadmisible, porque todo el procedimiento posterior carece de validez jurídica. Por ello es importante que lo que impere sea la ley, desde que son aprehendidos los presuntos culpables. Es la única forma de que no se vulnere el Estado de Derecho. Los funcionarios públicos deben ser los primeros interesados en la aplicación estricta del derecho; por ello es pésima señal que desde la presidencia de la República se justifique la ausencia del debido proceso si se logra sentenciar y mantener en prisión a quien previamente, sin juicio alguno, se le declaró culpable.
Con gran preocupación escuché el lunes 26 al presidente Calderón decir, en el marco de una reunión en Puerto Vallarta: “A partir del día 30 –que creo es cuando inician las campañas electorales- me dedicaré a promocionar la actividad turística a todo lo que da; ya lo consulté con la Consejería Jurídica del gobierno federal y me han asegurado que eso no impide que yo siga promoviendo el turismo”. Pero según los artículos 41 y 134 de nuestra Constitución, ese tipo de difusión está prohibida. No puede haber propaganda personalizada de ningún funcionario “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”; además durante las campañas se restringen los rubros temáticos de difusión gubernamental. Es el gobierno federal y no Felipe Calderón el que puede hacer cierta difusión turística. No puede ir de evento en evento hablando de las bondades de nuestro país como destino turístico; por más que dicha propaganda se disfrace como nota periodística. A lo mejor lo podría hacer en eventos privados sin prensa; pero eso no vende, claro. El presidente volverá a actuar en el límite de la legalidad; aunque al parecer ese no es un asunto prioritario.
