“Es incuestionable el derecho del Estado a intervenir como fuerza reguladora en el funcionamiento social”
Ing. Pastor Rouaix, Diputado del Constituyente de 1914
Promotor de los artículos 27 y 123 de la Constitución
En los últimos doce años las remesas se consolidaron como uno de los canales de transmisión de las crisis económicas norteamericanas hacia nuestro país; este flujo, es altamente sensible a las fluctuaciones de la producción norteamericana, por lo que muestra un comportamiento pro-cíclico con respecto a este. La caída del Producto Nacional Bruto norteamericano provocó la contracción de las remesas en aproximadamente el 18%. Este hecho contribuyó al incremento de la pobreza del país.
Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo se pudo constatar que el gasto en los programas sociales asistencialistas se incrementó y el gasto en inversión pública cayó, lo que limitó la expansión de la infraestructura pública y contribuyó junto a otros factores a una era de lento crecimiento y estancamiento económico del país. Durante los gobiernos de Fox y Calderón se mantuvo esta tendencia. Sin embargo, durante estas dos últimas administraciones, la atenuación de la pobreza se explica más por el flujo de remesas que por los programas asistencialistas aplicados. De manera que el relativo mejoramiento de las condiciones del bienestar social, fueron más que nada dependientes del flujo de remesas.
En el caso de la economía mexicana, tomando en cuenta el Producto Interno Bruto per-cápita mexicano, las remesas mantienen un comportamiento anti-cíclico ya que compensan la caída del ingreso. El bienestar de amplios sectores de la población en los últimos años ha sido cada vez más dependiente de las remesas, que es un factor externo.
Por ello se hace necesario instrumentar una política social integral que rompa con esta dependencia y que busque mejorar la distribución del ingreso y mejorar el nivel de vida de la población. Esta política, debe basarse en la generación de empleos bien remunerados y en mejores condiciones de seguridad social para los trabajadores. Este modelo de política social integral deberá basarse en los preceptos sociales originales emanados de nuestra carta magna en sus artículos 3, 27 y 123. De acuerdo con los cuales el Estado laico no tan solo deberá de intervenir en la actividad económica para corregir las deficiencias del mercado, sino que deberá de convertirse en un árbitro neutro, que intervenga en todos los asuntos del interés público garantizando los bienes públicos que son necesarios para la protección social de la población, garantizando así la paz y el equilibrio social. Es necesario recuperar el papel del Estado mexicano como regulador de la economía y del orden social, que garantice los derechos sociales de toda la población.
