Las ciudades santuario en Estados Unidos son municipios reconocidos por sus políticas a favor de los migrantes indocumentados. Estos lugares facilitan el acceso a los servicios de salud, educación, formación y más para los habitantes que no cuentan con un estatus migratorio regular. Asimismo, pueden limitar o prohibir la cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias federales. Pero frente a la peor crisis de salud vista en un siglo, ¿cómo han podido apoyar a las personas indocumentadas?
La pandemia causada por la COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en las comunidades más vulnerables en Estados Unidos. Por un lado, son personas de estas comunidades que suelen trabajar en los empleos que han sido declarados “esenciales”. Por otro lado, son las mismas comunidades que más han sufrido de la crisis económica generada por la contingencia sanitaria. Además, por razones tanto económicas como estructurales, frecuentemente carecen de un acceso adecuado a los servicios de salud.
El caso de los 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente la mitad son ciudadanos mexicanos, refleja perfectamente esta situación: tienen un mayor riesgo de exposición al virus debido a sus empleos, un mayor número de obstáculos en cuanto al acceso a los servicios de salud, y una situación económica más precaria que la mayoría de la población. Además, tienen que afrontar el riesgo constante
que cualquier interacción con autoridades públicas, y en particular la policía, podría llevar a su deportación del país.
En 27 de marzo de 2020, el gobierno estadounidense aprobó el Acta CARES, un paquete de estímulo económico por más de 2 billones de dólares, el más grande en la historia del país. El paquete incluye 300 mil millones de dólares de apoyo económico para particulares; sin embargo, el gobierno federal republicano restringió el acceso a ese apoyo a los ciudadanos y residentes legales. Es más, fueron excluidos también de recibir el apoyo los ciudadanos estadounidenses que están casados con indocumentados. El acta ha provocado una demanda legal y manifestaciones por parte de personas indocumentadas, sus familias y organizaciones de la sociedad civil, baja las lemas de #Essentialandexcluded (esenciales y excluidos) así como #Ynosotrosque. Por otro lado, el Presidente Trump ha amenazado que
el apoyo federal vinculado a la COVID-19 podría ser denegado a las jurisdicciones santuario en el país.
Por su parte, un gran número de estos estados y ciudades santuario ha creado programas de apoyo locales con el fin de beneficiar a sus residentes indocumentados visto las restricciones del Acta CARES. El estado de California, que se declaró “estado santuario” en 2017, creó a mediados de abril de este año un programa de 125 millones de dólares con el fin de otorgar un apoyo económico de 500 dólares a aproximadamente 150,000 personas indocumentadas. Existen iniciativas similares en otros estados como Oregon, Washington, y Massachusetts, pero no impulsadas por el gobierno del estado, sino una coalición de actores públicos y privados que han creado fondos de ayuda destinados a las personas indocumentadas.
A nivel local, la misma dinámica se ha replicado en muchas localidades. Un actor clave ha sido la organización Open Society Foundations (OSF), que lanzó una iniciativa en marzo de este año llamada la “Campaña Emma Lazarus” con el fin de crear fondos de apoyo en ciudades y condados por todo el país. Además de los 37 millones de dólares que la organización destinó para el solo caso de Nueva York, la OSF otorgó 12 millones para
servir como fondos iniciales en más de 30 condados, ciudades y estados, de los cuales muchos son jurisdicciones santuario. Tan como en el caso de California, estos fondos locales han sido administrados por una coalición de autoridades públicas y organizaciones de la sociedad civil que han realizado campañas para recibir las solicitudes de personas indocumentadas y enviar a los seleccionados un apoyo económico que puede ir de 500 a 1000 dólares.
La creación de los fondos de apoyo no es el único ejemplo de cómo coaliciones de autoridades públicas en jurisdicciones santuario y organizaciones de la sociedad civil han logrado trabajar en conjunto para desarrollar iniciativas y programas innovadores a favor de los indocumentados. Asimismo, estos programas tienen claramente sus límites en cuanto a su impacto real para las comunidades afectadas. Sin embargo, tales iniciativas demuestran que, a pesar de los intentos por parte del gobierno del Presidente Trump de perjudicar a las personas en situación migratoria irregular, existe un margen de maniobra importante en la gobernanza de la migración en Estados Unidos que permite que las ciudades santuario y sus aliados sigan incidiendo de manera favorable en la vida de sus residentes indocumentados, aun en tiempos de COVID-19.
Dr. Benjamin Bruce
El Colegio de la Frontera Norte
