Imagínate que vas a un hotel. Pasas por una caseta de cobro en la carretera. Tal vez cuentas algo íntimo a tu psicólogo. O simplemente haces uso de tu celular. Y te deportan.
Para migrantes indocumentados en Estados Unidos esto no es un escenario hipotético. El uso de los datos personales, de quienes tienen estatus migratorio irregular, por parte de instancias públicas y empresas privadas, puede tener consecuencias dramáticas. Por lo tanto, a la par del debate nacional sobre las ciudades santuario, cada vez más está apareciendo la noción de los “santuarios digitales” y su relación con los 10.5 millones de personas indocumentadas que residen en el país.
Por un lado están las empresas. La tendencia de recolectar datos sobre clientes por parte del sector privado puede volverse una práctica peligrosa para migrantes indocumentados si las empresas comparten dicha información con las autoridades migratorias federales (ICE, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, en 2017, se descubrió que hoteles de la cadena Motel 6 llevaban años enviando sus listas de huéspedes a ICE, quienes procedían a realizar controles migratorios de las personas con apellidos latinos que estaban en la lista. Además, ciertas empresas de telecomunicación han aceptado vender los datos de localización de celulares de sus clientes a ICE. Aún más preocupante es la cooperación creciente entre Amazon y otras empresas de alta tecnología y las autoridades migratorias. Aparte de prestar servicios en la nube a agencias gubernamentales, Amazon propuso en 2018 poner a disposición de ICE su tecnología de reconocimiento facial, lo que podría convertir cualquier salida fuera de la casa en un riesgo debido a la presencia ubicua de cámaras en lugares públicos y privados.
Por otro lado están las autoridades públicas. En ciertas jurisdicciones, como las que participan en el programa “Comunidades seguras”, la cooperación entre autoridades locales e ICE ha convertido cualquier contacto con un oficial de la policía en una situación riesgosa. La información personal recabada de un individuo indocumentado, después de una infracción de tránsito rutinaria, puede derivar en un procedimiento de deportación. Además, ICE tiene acceso a bases de datos de cuerpos policiacos y de dependencias como las secretarías de movilidad y transporte (DMV, por sus siglas en inglés), así como la información proveniente de lectores de placas vehiculares detenidas por instituciones públicas y privadas. En un caso reciente, hasta el testimonio supuestamente confidencial de un joven solicitante de asilo hondureño con un terapeuta del gobierno, fue compartido entre agencias federales y utilizado en su contra en una audiencia de deportación.
Aún en ciudades santuario, es posible que ICE llegue a tener acceso a la información personal de migrantes indocumentados. Varias bases de datos de los cuerpos policiacos locales están compartidas al nivel federal, como en el caso de presuntas actividades de pandillerismo o terrorismo. Si tu nombre se encuentra en unas de estas bases de datos, aún por error, puede llevar a tu deportación del país, como fue el caso de un migrante guatemalteco detenido en Chicago en 2017.
Otro riesgo potencial se encuentra en los programas de identificación municipal que tienen ciudades santuario como San Francisco, Nueva York o Chicago. Estas credenciales son utilizadas por un gran número de residentes indocumentados para identificarse y acceder a servicios públicos, ya que se pueden tramitar con un pasaporte extranjero o una matrícula consular y un comprobante de domicilio. Las autoridades de estas ciudades santuario toman medidas para proteger la información registrada, como por ejemplo, destruir los documentos probatorios una vez que se haya emitido la credencial. En 2017, dos legisladores republicanos en el estado de Nueva York intentaron detener la destrucción de estos datos, ya que representan una fuente potencial para rastrear a migrantes indocumentados. Al final, un juez de la corte suprema del estado rechazó la demanda de los republicanos y sostuvo la política de la ciudad de Nueva York; sin embargo, la posibilidad de que estos datos caigan en manos de las autoridades migratorias federales ha provocado una desconfianza hacia tales programas en otras ciudades pro-migrante.
Con el fin de crear “santuarios digitales”, los actores públicos deberían estar informados de las consecuencias posibles que conlleva recabar información sobre individuos indocumentados. La Fundación Sunlight ya ha tomado un paso en esta dirección con su publicación de 10 recomendaciones para el “uso responsable de datos a nivel municipal”. Similares esfuerzos son necesarios para crear consciencia sobre las prácticas de intercambio de datos entre las dependencias del Estado y el sector privado, así como impulsar leyes para la protección de datos personales, porque la falta de seguridad en el ámbito digital está teniendo ya un impacto directo en las vidas de las personas indocumentadas en Estados Unidos.
Dr. Benjamin Bruce
El Colegio de la Frontera Norte
