La administración del presidente Biden reinstaló la política migratoria conocida como ¨Remain in Mexico¨. Como resultado, nuevamente los migrantes predominantemente centroamericanos y haitianos, que buscan asilo en los EUA, volverán a ser enviados a las ciudades fronterizas de México, con la finalidad de que esperen ser atendidos por las cortes migratorias norteamericanas. El presidente Biden ha afirmado que a diferencia de la aplicación de este programa en la administración del presidente Trump, esta vez éste será transparente y con una instrumentación más expedita. No obstante, las organizaciones civiles que se han encargado de llevar a cabo la atención a los migrantes han señalado que el programa seguirá siendo descoordinado e inhumano, a pesar de los cambios que se han incluido en la reactivación de dicha política, también denominada como ¨Protocolos de Protección al Migrante¨. Es decir, independientemente de los planes tendientes a agilizar los trámites migratorios, al final de cuentas los migrantes siguen y seguirán viviendo en campamentos improvisados, esperando largos periodos de tiempo para ser atendidos y con apoyos precarios, fundamentalmente otorgados por organizaciones civiles.
Cabe destacar, que este fenómeno migratorio está relacionado con la problemática económica, política y social que aqueja a la población de los países de Centroamérica y el Caribe. Esa región se caracteriza por un estancamiento económico y una elevada concentración del ingreso, lo que la sitúa en un nivel muy bajo en el índice de desarrollo humano al compararse con los países del norte como EUA, Canadá y México. Adicionalmente, la violencia y los desastres naturales se han convertido en factores que ha obligado a la población de esos países a emprender el viaje migratorio.
Debido a las restricciones impuestas por el programa ¨Remain in Mexico¨, la gobernanza migratoria ha requerido de la participación de organizaciones de la sociedad civil. El apoyo proviene de ONGs, asociaciones profesionales, iglesias, etc. Algunas de las organizaciones son financiadas con fondos privados y otras sobreviven trabajando con los gobiernos en diferentes niveles. La relación de estas organizaciones con el gobierno constituye la base de la gobernanza multinivel de la migración internacional.
De esta manera, la región fronteriza ha visto el surgimiento de organizaciones sociales destinadas a apoyar a los migrantes y deportados en San Diego y Tijuana. Sin embargo, son muchos los desafíos que existen para la gobernanza de la asistencia social a los migrantes, entre ellos se destaca la falta de financiamiento y de apoyo de las instituciones gubernamentales. La llegada de migrantes a la frontera norte de México ha generado hacinamiento, problemas de salud, delincuencia y problemas laborales, empeorando la vida social y económica de la ciudad fronteriza. Esta nueva realidad ha propiciado un mayor activismo dentro de las organizaciones que se enfocan en apoyar a los migrantes, proteger los derechos humanos y brindar atención a los problemas que genera la migración en la región de Tijuana.
Estas organizaciones han desarrollado programas para ayudar a que los migrantes regresen a su lugar de origen, proporcionar alojamiento temporal y canalizar a las personas con problemas delictivos y / o de salud para que reciban servicios médicos y legales. Asimismo, estas son organizaciones que han ayudado a prevenir la muerte de migrantes en el desierto y zonas montañosas del Valle Imperial y han apoyado a los migrantes centroamericanos atrapados en la frontera, debido a las medidas restrictivas tomadas por el gobierno de Estados Unidos. Las organizaciones que apoyan a los migrantes centroamericanos y a los mexicanos deportados en la frontera entre San Diego y Tijuana tradicionalmente se han enfrentado a la falta de recursos y atención por parte de los gobiernos federal y locales de EUA y México, así como la falta de coordinación en el manejo de los migrantes varados en las ciudades fronteriza. El incremento de los flujos de migrantes principalmente de Centro América y Haití a las ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez ha impuesto una mayor presión para los organizaciones civiles y autoridades gubernamentales, debido a la falta de espacio en los refugios y capacidad de atención social, lo que ha vuelto a poner en evidencia la disfuncionalidad de la gobernanza de la migración entre los gobiernos de los EUA y México.
Dr. Eduardo Mendoza Cota
El Colegio de la Frontera Norte
