El pasado 11 de abril, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, y otras leyes como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de la Defensoría Pública, Ley del INFONAVIT y la ley del IMSS, todo ello con miras a impulsar la justicia laboral, libertad sindical y el respeto a la negociación colectiva. La propuesta de ley se encuentra actualmente para su evaluación y ratificación, si procede, en la Cámara de Senadores, y todo apunta a que será aprobada, con muy pocos cambios, antes del primero de mayo. En principio, eso sería un logro central de la presente administración, desatorar una reforma que ha estado estancada desde hace varias décadas, es un avance central. Sin embargo, habría que reflexionar si resulta justificable la premura con la que se está realizando la modificación a un documento tan vital para el futuro laboral del país. Aprobar leyes o cambios tan centrales para la vida económica y social del país tan rápido sin la discusión debida puede mostrar eficiencia legislativa pero tener costos sociales futuros muy profundos, situación que debería ser considerada en la revisión que realice el Senado. Hay otros factores que parecen indicar que el momento aprobación de dicha ley no es el más indicado. A continuación enunció algunos cuantos.
Primero, la ambigua finalización de conflictos laborales en algunas regiones, como Matamoros, en donde el término del movimiento laboral, es sólo de forma porque la situación que priva en la localidad es de una fuerte incertidumbre laboral e industrial, que afecta tanto a los trabajadores, se reportan casi cerca de 5000 despedidos y se auguran más despidos en el mediano plazo, como para las empresas, las cuáles se mueven en un ámbito de incertidumbre laboral propiciado por las ilegalidades que se permitieron en este movimiento y que afectaron el desenvolvimiento de sus actividades. Entrevistas con mandos medios y superiores manifiestan una preocupación por la ausencia de una certidumbre legal y laboral para cumplir sus actividades. Las opiniones de los trabajadores también muestran está preocupación por la incertidumbre laboral que se vislumbra. En el mismo rumbo, se encuentran la falta de interés de los actores involucrados, pero sobre todo por parte de las autoridades laborales, de solucionar conflictos tan relevantes como el acontecido en la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es una responsabilidad gubernamental arbitrar y buscar la solución de este conflicto que está afectando a miles de estudiantes. De la misma manera, como egresada de esta casa de estudios, considero que las partes involucradas deberían guiarse por la conciliación y el planteamiento de estrategias, antes que por posiciones rígidas e inflexibles, en las que prive el beneficio para toda la comunidad universitaria, y no solo el interés de unos cuantos. Otros aspectos como los miles de despedidos en el sector gubernamental, que han tenido distintas decisiones gubernamentales, complican el panorama laboral del país. Tomar o aprobar decisiones en un momento tan álgido y con tanta incertidumbre laboral parece no ser lo indicado. La propuesta debería ser acompañada con acciones que muestren el avance hacia una certidumbre laboral.
Segundo, sobre los cambios que se sugieren en la propuesta de ley, se han mencionado como puntos centrales: la desaparición de la Juntas de Conciliación y en su lugar la conformación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y Centros de Conciliación a nivel estatal; el impulso al Registro de Sindicatos democráticos a través de este mismo centro así como la democratización de los sindicatos en cuanto a la elección periódica de sus líderes y la exigencia de rendición de cuentas, y el respeto a la contratación colectiva y el enlazamiento de su no reconocimiento a la huelga. Estos puntos responden a la exigencia de una justicia laboral y la democratización sindical, y tienen una relación directa con los preceptos básicos exigidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No obstante, valdría mencionar algunas reflexiones sobre estos puntos. Si bien, en algunas de sus secciones, la propuesta menciona la conciliación laboral, ésta no es la parte nodal de la propuesta de reforma. La conciliación queda como algo ambiguo, y poco definido, más aún la participación de instrumentos judiciales en la solución de conflictos más que laborales, lleva a otro nivel la discusión laboral. En tiempos actuales en que la solución de controversias y conflictos se impone como forma de negociación por encima de la confrontación, una propuesta de cambio laboral debería tener a la conciliación como punto nodal. Asimismo, es preocupante la ambigüedad de la actuación de gubernamental en materia laboral que muestra el documento, el cual parece olvidar el tripartismo que debería existir en las relaciones laborales, un principio que la misma OIT impulsa. El reemplazo de las Juntas Locales por el Centro Federal y Estatales de Conciliación, aparte de demandar una enorme inversión en infraestructura y personal, no garantiza una mayor impartición de justicia laboral, dado que parecen ser instrumentos creados por tomadores de decisiones más que provenientes de la realidad laboral que caracteriza a México. Cambiar las prácticas sociales no es por decreto, ni creando o reemplazando instituciones, sino que se impulsa desde distintos frentes y sobretodo se conforma mediante la interrelación con los actores involucrados, en donde se vislumbran y construyen estrategias para lograr relaciones laborales más justas.
Por el contrario, el documento parece tener como idea central la terminación de un tipo muy particular del sindicalismo, el de las principales centrales, denominadas oficiales, como la CTM , la CROC y la CROM, asociadas con el anterior partido gobernante, y favorecer a los denominados sindicatos independientes. Propuestas de reformas como la elección periódica de dirigentes, evitando con ello, liderazgos vitalicios, la rendición de cuentas hacia sus miembros y el impulso de sindicatos independientes apuntan en este sentido. Las propuestas son relevantes y pertinentes siempre y cuando tales criterios no se enlacen a un tipo de afiliación sindical sino a todas las organizaciones sindicales por igual, lo que se debe evaluar es el cumplimiento de su función, la conducción democrática y el respeto a la contratación de la contratación colectiva por parte de la organización sindical más allá de su filiación. Esto evitaría como ya se empieza a ver que algunos sindicatos que se autodenominan independientes, se les reconozca de entrada sin evaluarlos y constatar que realmente cumplen los términos de representación y democracia sindical. En ese sentido, la premura en tiempos para validar a estas organizaciones sindicales o reconocer contratos colectivos, bajo de amenaza de sanción si se tarda en la aprobación, que marca la propuesta puede ser un arma de doble filo y estar abriendo la puerta a organizaciones que en el fondo sean sindicatos de protección con el nombre de independientes.
Finalmente, el punto que más preocupa, es el énfasis que se ha hecho en algunos medios, incluso por algunos de los promotores, de que la reforma está asociada a los cambios solicitados por el T-MEC, los más críticos señalan la exigencia de la aprobación de esta reforma por parte de la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, como condición básica para la firma del T-MEC. Si así fuese, la aprobación expedita de dicha reforma laboral dejaría muy mal parados a los actuales gobernantes, y a sus promotores, quienes aprobarían una legislación fundamental para el país privilegiando más un acuerdo comercial temporal que la recuperación de las luchas laborales de miles de mexicanos y los avances logrados por los factores de la producción en materia laboral. Estos elementos junto con la formulación de nuevas propuestas laborales que impulsen la justicia laboral y la democracia sindical sin duda abonarían más al bienestar laboral del país.
Los senadores, y el mismo Ejecutivo, tienen la última palabra.
Dra. Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte