La política migratoria de la 4T

El inicio del nuevo gobierno trajo expectativas optimistas sobre la atención a grupos de alta vulnerabilidad y sus problemáticas asociadas; las y los migrantes, son uno de esos grupos. La nueva política migratoria se planteó como portadora de un nuevo rostro con base en componentes tales como responsabilidad compartida, apoyo especializado para cada dimensión migratoria, fortalecimiento de capacidades institucionales o procesos de integración o reintegración de las personas migrantes, entre otros. Cumplido un año de gobierno ha quedo más que claro que la política migratoria de México se ha supeditado a temas prioritarios y de interés para otros grupos de población, no para los migrantes.

Puede ser que el interés original del nuevo gobierno fuera un replanteamiento político e institucional del fenómeno migratorio basado en los principios de dignidad y seguridad de las personas migrantes, según el Plan Nacional de Desarrollo, pero las reacciones y medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos y la respuesta del gobierno mexicano a ellas han marcado el camino de los migrantes.

Como en años anteriores, decisiones de política pública de los gobiernos imprimen a la migración ciertos matices que observamos con el tiempo. En los años 80 cuando se aprobó en el país vecino la ley llamada Simpson-Rodino, aunado al endurecimiento de las medidas de control migratorio, incidió en la reducción de la migración circular de trabajadores mexicanos entre los dos países, dando paso a una migración más permanente y de reunificación familiar en el destino migratorio. El año pasado, quizá por las expectativas de protección y facilidades en el otorgamiento de visas de estancia temporal en nuestro país, conocimos de los éxodos de personas desde Centroamérica viajando en caravanas por territorio nacional como estrategia de seguridad y protección frente a la violencia a la que son sujetos. La propuesta del presidente Trump de convertir a México en Tercer País Seguro (TPS) para contener a los migrantes en la frontera sur derivaron en los Protocolos de Protección al Migrante, llamados también programa Permanezca en México, que han mantenido a decenas de personas de origen extranjero en ciudades fronterizas mexicanas en espera de solicitud de asilo.

El balance a final del año 2019 es que si bien desde hace años se ha registrado una disminución en el volumen del flujo de mexicanos que emigran a Estados Unidos y se mantiene en alrededor de 200 mil los eventos de repatriación / devolución de mexicanos desde ese país, la inmigración de personas extranjeras ha crecido considerablemente, particularmente las solicitudes de la condición de refugiado en México. De igual manera, los hechos de violencia contra migrantes y defensores de migrantes no cesan  –dígase extorsiones, desapariciones o secuestros–  y las casas o refugios para ellos siguen expuestos y carentes de apoyo.

En esa medida, no vemos claramente cómo se distribuye la responsabilidad sobre la atención al problema, ni los apoyos especializados para cada tipología migratoria. Vemos instancias públicas rebasadas en sus capacidades y recursos disponibles y ausencia de acciones para fomentar procesos de integración o reintegración para quienes llegan o para quienes retornan. El tema migratorio no es ni podrá ser prioritario para el gobierno federal teniendo en cuenta el condicionamiento externo e interno sobre temas económicos. Entonces ¿cómo hacemos para que el rostro de la nueva política migratoria mexicana corresponda con el rostro de la problemática migratoria? ¿Cuáles son las alternativas posibles? Aún no lo sabemos y esperamos que no pase un año más para entenderlo.

Dra. Blanca Vázquez
El Colegio de la Frontera Norte