El efecto de la política migratoria de Trump ha trastocado varios aspectos de la vida cotidiana de las personas inmigrantes, entre ellos 4.9 millones de mexicanos que residen en EU sin documentos. Desde 2017, la creciente amenaza de redadas y detenciones comenzó a vivirse de forma exacerbada, incluso dentro de sus propios hogares.
Espacios públicos que antes se pensaban seguros salieron de esta categoría, incluyendo clínicas comunitarias que ahora lucen semivacías. Algunos establecimientos de salud ubicados principalmente en condados y ciudades donde se concentra población inmigrante, han reportado un descenso en la asistencia de pacientes extranjeros de bajos recursos. Hombres, mujeres, niños y niñas han abandonado tratamientos médicos, cuidados prenatales y otras intervenciones de salud pública.
A partir de 2011, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU, conocido como ICE (por sus siglas en inglés), recibió la instrucción de aplicar la ley de migración excluyendo ciertos espacios. Los llamados “lugares sensibles” integrados por escuelas, hospitales, clínicas, iglesias, entre otros, deberían quedar fuera de su radar, a menos de que existiese un peligro de seguridad pública. Sin embargo, a juzgar por los hechos, esta definición fue interpretada a la luz del discurso de Trump, para quien la sola presencia de indocumentados en territorio estadunidense ya es un problema de seguridad nacional.
Tanto en las inmediaciones como dentro de hospitales y clínicas han ocurrido arrestos o interrogatorios a inmigrantes. En Texas, un caso muy sonado fue el de una niña indocumentada de 10 años que el ICE arrestó después de ser dada de alta de una cirugía de vesícula. Asimismo, la irrupción del ICE en los servicios de salud ha significado la solicitud de información de los pacientes, generando confusión en los proveedores de salud sobre la necesidad o no de cooperar con los agentes migratorios.
Por fortuna, la política migratoria de Trump también ha generado efectos involuntarios. Como una especie de contrapeso, las prácticas santuario adoptadas por algunos gobiernos estatales y locales se están replicando en espacios físicos más acotados, como los servicios de salud. Algunos lo llaman Movimiento sanctuary doctoring. Se trata de protocolos de protección a inmigrantes que poco a poco comienzan a extenderse a más proveedores de salud, quienes deciden aplicarlos voluntariamente.
Saber cómo actuar ante la visita de ICE en hospitales y clínicas ha sido la primera medida frente a la complicada tarea de reconstruir la confianza en los usuarios inmigrantes. Los protocolos varían según el establecimiento, pero básicamente incluyen: verificar la identificación de los agentes migratorios, no proveer información de ningún paciente, no permitir el acceso a los cuartos hospitalarios, “esconder” a los usuarios en oficinas del personal y asegurar a los pacientes el trato confidencial de sus datos. Todo ello implica asistir a capacitaciones y simulacros, además de realizar sus labores médicas cotidianas, ya de por sí extenuantes.
La política del miedo no solo ha afectado física y mentalmente a las personas inmigrantes. Las repercusiones en la salud pública tarde o temprano se verán reflejadas en el sistema hospitalario: inhibir el uso de servicios preventivos y ambulatorios provocará que las enfermedades se agraven y las personas requieran de atención de emergencia. Esta advertencia va de la mano con el deseo razonable de evitar a toda costa la continuidad de esta política.
Dra. Yetzi Rosales Martínez
El Colegio de la Frontera Norte
