El 1 de septiembre próximo, luego de la reforma constitucional en la materia y la consiguiente primera elección judicial, misma que desde luego arroja en su saldo inevitables luces y sombras, inicia la nueva integración colegiada de una renovada “Época” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ya no tendrá 11, sino 9 integrantes con la llegada de las y los nuevos ministros elegidos por votación y la inminente asunción de un nuevo ministro presidente de origen indígena (Ñuu Savi/mixteco); lo que sin duda marca un punto de inflexión para la historia del poder judicial en México. Así, en un contexto político ya de suyo polarizado y con una batería de reformas constitucionales al menos controversiales a debate, la nueva Corte enfrentará el enorme desafío de equilibrar independencia, gobernabilidad y derechos humanos fundamentales. Apuntamos brevemente esta entrega algunos posibles riesgos (politización, injerencia externa) y oportunidades (fortalecimiento democrático, agenda progresista) que plantea esta inminente reconfiguración, así como su impacto para la vida pública en tiempos del “segundo piso” de la llamada Cuatro T.
Entre los riesgos evidentes está la inexperiencia y/o la posible corrupción de los nuevos funcionarios judiciales elegidos, así como la posible erosión de la frágil y precaria independencia judicial, puesto que sabemos bien que la Corte no funciona en el vacío. También sabemos que su integración fue politizada a través de los llamados “comités de selección” compuestos por personajes no siempre de trayectoria intachable, lo que arriesga a la Corte a confirmarse, como muchas veces en el pasado autoritario, como un amera ratificadora automática de políticas y decisiones, socavando así su papel como contrapeso teórico, pero imprescindible, de los otros dos poderes del estado. Ejemplos claros de ello son las discusiones sobre la reforma electoral en puerta o el caso de la militarización de la seguridad pública, que fue contraria al espíritu constitucional antes de las reformas más recientes. También existirá por un tiempo una buena dosis de incertidumbre, hasta poder ver qué tipo de interpretación se dará al marco constitucional y legal, donde es claro que un órgano judicial sin independencia perdería aún más su precaria legitimación social, y con ella, la capacidad de ser el árbitro privilegiado de las controversias económicas y políticas y de su solución de controversias por medios pacíficos.
Pese a los riesgos, la renovación de la Corte también abre enormes oportunidades y caminos para poner la agenda de los derechos humanos al centro de las políticas públicas en los tres niveles y ordenes de gobierno, siguiendo la estela de numerosas sentencias consideradas progresistas, como las relacionadas a la libertad sexual y reproductiva, la protección a las parejas de la diversidad, la despenalización del aborto en 2021 o algunas otras de las emitidas en la protección de la naturaleza o de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Esta renovación también brinda la oportunidad de frenar la corrupción sistémica y el uso arbitrario del poder público. Una Corte transparente, dialogante, que escuche, atienda y procese viejas y nuevas demandas ciudadanas (seguridad pública, corrupción, racismo, machismo, violencia de género, medio ambiente, pueblos originarios, derechos de la diversidad) que sirva a la ciudadanía y no se sirva de ella, podría atemperar la histórica desconfianza en jueces y ministros, hoy en mínimos históricos y donde según encuestas como Latinobarómetro, solo el 23% de mexicanos confía en el Poder Judicial. Un dato clave: en 2023, solo el 60% de las resoluciones de la Corte fueron por unanimidad, lo que nos sugiere que hay margen para construir consensos en la interpretación constitucional.
En cuanto al factor político e internacional y la posibilidad real de la Corte de modernizarse comparándose y aprendiendo de sus pares en la región y en el mundo tanto en sentido positivo como negativo, se puede decir que México no está solo en sus debates sobre el poder judicial. Experiencias recientes como la de la Suprema Corte estadounidense (con su giro a la derecha), o bien el caso de la Corte Constitucional colombiana (que es líder en ambientalismo, derechos de naturaleza o sociales), muestran que hay espacio para una independencia judicial transformadora, donde La SCJN podría adoptar estándares globales (ej. tratados ambientales o laborales), evitar la «judicialización de la política» y el lawfare, como en el mismo caso estadounidense, con una Suprema Corte casi plegada a la voluntad del presidente, o como en el caso del golpismo judicial en el Brasil de Bolsonaro, en la involucionaria Argentina del orate Milei, el impune golpismo peruano o como en el caso del elitismo y corrupción judicial en la España de la pos dictadura franquista.
En síntesis, la nueva Corte enfrenta una encrucijada y dilema: puede ser recordada en el futuro como un apéndice más del poder económico y político, o bien como un nuevo bastión de la gobernabilidad y del equilibrio democrático que fue casi inexistente en toda su conformación histórica anterior. Para ello debería priorizar los derechos humanos fundamentales de personas, pueblos, colectivos y comunidades en todas sus sentencias. Especialmente tratándose de los colectivos más marginados y con peores condiciones de acceso a la justicia. Será clave entonces proteger su autonomía frente a la presión externa y actuar con un alto estándar de transparencia en todas sus determinaciones. Solo así podrá legitimar su discutida elección y ganar paulatinamente el apoyo ciudadano que la convertirá en un verdadero poder “contra fáctico” del Estado. El futuro democrático e institucional de México depende, en parte, de que la Corte pase de ser un mero termómetro de los vaivenes políticos nacionales al firme cimiento en la urgente construcción de un estado democrático, social y de derecho. La versión original del presente artículo de opinión apareció en la edición del 3 de agosto de 2025 del diario LJA.Mx
Enrique F. Pasillas Pineda
El Colegio de la Frontera Norte, Estancia postdoctoral.
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