El 12 de octubre pasado, en una ranchería del municipio de Centro, Tabasco, la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (un cuerpo de élite integrado por agentes de seguridad estatal y federal) realizó un operativo. Según varios medios, en dicho operativo detuvieron a Dered Yair, un chico de apenas 15 años de edad conocido como “El niño sicario”. Él iba a disparar una metralleta, pero se le trabó. También fue detenido un adulto de 37 años de edad. Además, la Fuerza aseguró armas de alto calibre, cartuchos, drogas, cartulinas con narcomensajes y un teléfono de Dered Yahir, en el que había videos sobre el secuestro de una mujer y el asesinato de una persona.
Presuntamente, Dered Yair trabajaba para un grupo criminal dedicado a la venta de drogas, extorsiones y ataques. Específicamente, a él le encargaban quemar viviendas de personas que no pagaban “derecho de piso”, hacer vigilancia, vender drogas al menudeo y grabar videos para amenazar a la gente. En síntesis, Dered Yair era ejecutor y también cobrador dentro del mundo criminal, pero por su minoría de edad, no será procesado como un adulto, sino conforme a lo que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es decir, respetando sus derechos, con un proceso justo y trasparente, con alternativas a su enjuiciamiento (como el internamiento domiciliario o en tiempo libre) y buscando su reinserción social.
Su caso captó la atención mediática pero también reavivó la preocupación en torno a cómo prevenir el reclutamiento de la niñez del crimen organizado en México, o cómo separarla si ya está inserta. Tan así, que dos días después de la detención de Dered Yair, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa, afirmó que el próximo año implementará un plan integral para prevenir que la niñez delinca o, si ya lo hicieron, reorienten su vida. El plan se llevará a cabo en comunidades vulnerables con mayor riesgo, es decir, en lugares que constituyen “focos rojos”.
El plan se basará en cuatro programas: 1) “Reconecta con la paz”, enfocado a los infractores primerizos, para que lleven un proceso en libertad y se reincorporen a la sociedad. 2) “Jóvenes unen a México”, consistente en becas que se destinarán a la niñez que participe en actividades deportivas y culturales, para evitar que vean en el crimen organizado una opción de ingreso. 3) Construcción de “Centros Comunitarios de Alto Rendimiento, México Imparable”, para que la niñez realice deporte entre cuatro y cinco horas diarias. 4) La réplica de “Pilares” (Puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes), un programa que implementó cuando era jefa de gobierno.
Sí, el caso de Dered Yair reavivó una preocupación, pero es algo añejo en nuestro país. De hecho, se trata de un fenómeno que cobró mayor visibilidad a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, incluso me atrevería a decir que desde antes. En el año 2002, por ejemplo, yo realicé trabajo de campo en los llamados Centros de Observación y Tratamiento para Menores Infractores en Tamaulipas. Lo hacía porque realizaba mi tesis sobre delincuencia juvenil. Ahí conocí a decenas de menores de edad internos por cometer varias infracciones, tales como portación de armas de fuego, delitos contra la salud, violaciones e incluso homicidios. Internamente había un programa de reeducación basado en reforzadores psicosociales (terapias, cursos, deporte, etc.) y materiales (artículos de higiene personal, snacks, radio en dormitorio, etc.).
El programa no era nuevo, se implementaba desde años previos. No obstante, el 31.6% de la población interna era reincidente. No significa que el programa no funcionara debido a este tercio de reincidencia, pero tampoco que los dos tercios no reincidentes fueran un éxito debido al programa. Para lograr entender el por qué es necesario saber que la totalidad de la niñez interna era una población altamente vulnerable en todos los sentidos, víctimas de las desigualdades sociales y estructurales en el país y el estado. Curiosamente, la gran mayoría de la niñez interna provenía de la capital y de ciudades fronterizas de Tamaulipas, en las que posteriormente se desató la violencia. Años después, supe que uno de los chicos que entrevisté, murió asesinado durante un enfrentamiento armado: había sido reclutado en el marco de la pelea que se dio entre grupos criminales.
También años después, específicamente en el 2010, en Temixco, Morelos, fue detenido Edgar Jiménez, conocido como “El Ponchis”. Edgar tenía 14 años de edad, uno menos que Dered Yair. Los medios lo catalogaron como “el primer niño sicario” en México. Él confesó que desde los 11 años aprendió a matar: decapitaba a sus víctimas. Posterior a la detención: Edgar pasó tres años en un Centro de Internamiento, luego fue liberado y repatriado a San Diego, California, porque resulta que nació allá; lo recibió una organización civil de reinserción social, después lo llevaron con familiares, su madre y padrastro fueron detenidos por vender drogas y estar ilegalmente en Estados Unidos, y finalmente Edgar pidió protección a las autoridades estadounidenses porque tenía miedo de represalias del cártel para el que trabajaba en México.
Los casos de Dered Yair y Edgar evidencian la participación de niños en el crimen organizado, aunque también hay casos de niñas. ¿Cuántos niños, niñas o adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado? No se sabe a ciencia cierta. En el 2021, la Red por los Derechos de la Infancia afirmó que entre 145, 000 y 250,000 estaban en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. En el 2022, un reportaje de la BBC News Mundo señaló que diferentes organizaciones y autoridades estimaban que entre 35,000 y 460,000 niños y adolescentes podían tener vínculos con el mundo criminal. En el 2025, la organización Reinserta, afirmó que entre 2018 y 2020 en México había 460,000 niños, niñas y adolescentes “con algún rol dentro de un grupo delictivo”.
¿Cómo separar a la niñez del crimen organizado? La propuesta de la presidenta Sheinbaum es una opción. Peor es no tener nada, pero hay que tomarla con reservas. Primero, porque como afirmé en un artículo del 2019, los grupos criminales utilizan múltiples estrategias para reclutar a menores de edad, entre ellas dotarlos de bienes materiales y simbólicos para configurarles un sentido de pertenencia, pero también tejiendo un tipo de “responsabilidad social” criminal para ganarse la lealtad de las familias y las comunidades. Y segundo, porque flexibilizar el enjuiciamiento de la niñez, otorgarles becas o construirles espacios para que hagan deportes o asistan a actividades culturales, poco supera la oferta de los grupos criminales y mucho dista de subsanar las desigualdades sociales y la violencia estructural que vive gran parte de esta población.
Óscar Misael Hernández Hernández
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros.
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