En los últimos días, la atención pública y de las cámaras legislativas han estado centradas en la discusión de la reforma energética y más recientemente en la reforma educativa. El tema del agua, a pesar de los discursos oficiales sobre su carácter estratégico, sigue siendo un asunto de bajo perfil político y mediático. Sin embargo, en el noreste de México se sabe que la gestión de los recursos hídricos es uno de sus principales problemas. No solamente es un problema crónico de escasez de agua e incertidumbre sobre los niveles de las presas y el riesgo de inundaciones, sino también de la controversia que proyectos como el Monterrey VI puede generar en la región. Solamente ayer se publicó que ese proyecto incrementa su costo, aparentemente sin explicación, en 36% y costaría más de 17 mil millones de pesos.
El Foro Regional de Consulta para el Programa Nacional Hídrico 2013-2018, realizado el pasado 20 de agosto en Monterrey, mostró que la problemática hídrica regional y nacional cuenta con un amplio diagnóstico. La mayoría de propuestas que surgieron de este foro son ideas que están planteadas en documentos de política como el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 y la Agenda del Agua 2030. El reto mayor, sin embargo, es establecer políticas de largo plazo, cuyas estrategias realmente se implementen y se les dé continuidad. Esto no se puede lograr sin completar una reforma en la administración del sector al menos en dos aspectos: una reforma integral del marco jurídico y una reestructuración de la Comisión Nacional del Agua.
En cuanto al marco jurídico, la reforma al artículo 4 constitucional estableció el derecho humano al agua y la necesidad de una nueva Ley General de Aguas (LGA), incluso fijó un plazo de un año para su emisión (que ya expiró). Ha habido algunos intentos de subsanar las deficiencias de la actual Ley de Aguas Nacionales con propuestas para una Ley de Agua Potable y Saneamiento. A finales de 2012 un grupo de ONG, activistas y académicos propusieron una iniciativa ciudadana de LGA. Paradójicamente, esta propuesta no ha sido abierta a consulta pública. En este año una propuesta de reforma al artículo 28 constitucional propone considerar al agua como una actividad económica prioritaria y no estratégica como establece la constitución actualmente, lo cual según algunos críticos implica su privatización. Para poder completar una reforma integral se requiere que la LGA que se apruebe establezca claramente las atribuciones y facultades de la Federación, entidades federativas y municipios, así como mecanismos efectivos de participación ciudadana para garantizar el acceso, uso equitativo y sustentable del recurso.
Por otra parte, y de manera complementaria, la Conagua debe implementar un proceso de descentralización administrativa real, una reorganización de su estructura interna y la desconcentración de recursos que le permita a sus principales órganos administrativos (Organismos de Cuenca, Direcciones Locales) y a los usuarios (Consejos de Cuenca) realizar la parte que les corresponde para una gestión del agua eficaz. Solamente así se podrá lograr que en 2018 no aparezcan los mismos problemas hídricos en un Programa Nacional Hídrico que sólo cambiaría en el discurso.
