Por poco más de treinta años los mexicanos hemos sido testigos indiferentes del paso (y algunas veces la asimilación) de migrantes sudamericanos, especialmente guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños a través del territorio nacional, sin que el gobierno en turno o la sociedad mostrara mayores preocupaciones respecto del tema migratorio, salvo cuando se trataba de proteger los intereses de connacionales en los Estados Unidos. La situación podría entenderse debido a que el grueso de los migrantes estaba compuesto por personas culturalmente afines o porque finalmente, sólo estaban de paso, sin embargo, las cosas cambiaron hace algunos años cuando los Estados Unidos endurecieron su política migratoria.
El endurecimiento de la política migratoria de nuestro país vecino provocó importantes cambios en los flujos de inmigrantes, un primer resultado fue la diversificación de las nacionalidades recibidos por México a partir del año 2016, cuando comenzó a registrar la llegada de inmigrantes provenientes de China, África, Corea, India y Europa del este, entre otros, quienes optaron por utilizar la frontera sur de México como ruta de paso hacia los Estados Unidos. Otro efecto importante fue el hecho de que algunos migrantes retornados desde los Estados Unidos comenzaron a considerar a México como un posible país de acogida.
Si bien, durante todo el siglo XIX, la población de México se encontraba dispersa y sujeta a un lento ritmo de crecimiento, debido entre otras cosas a las epidemias de tifo, viruela o cólera que de forma recurrente le azotaban y el despoblamiento se consideraba una amenaza a la soberanía nacional, por lo que la política demográfica era pro-natalista y giraba entorno al dicho “gobernar es poblar”, lo que incluía facilidades a la inmigración de personas que “convinieran” al desarrollo nacional. Para el siglo XX, el rápido crecimiento demográfico de México llevó a promulgar en 1974, la segunda Ley General de Población cuyo objeto principal era “regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional” (Artículo 1o) y a modificar la visión sobre la inmigración. La Ley de entonces criminalizaba la inmigración ilegal, en México, con hasta 10 años de prisión, aunque, era fundamentalmente utilizada para extorsionar indocumentados. No fue modificada sino hasta el año 2011, cuando por presiones internacionales, la sanción se redujo a una infracción administrativa y una multa económica. Cabe recordar la matanza de 72 inmigrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas a manos de traficantes ocurrida en agosto de 2010.
La llegada durante septiembre de 2021 de miles de inmigrantes haitianos a territorio nacional pone una vez más de relieve la importancia de construir una política migratoria integral, que permita gestionar en el largo plazo (y no sólo reaccionar en el corto plazo) a este tipo de eventos. La realidad muestra que los miles de inmigrantes que llegan a México, cada año, por la frontera sur lo hacen por razones económicas y/o en busca de trabajo y mejores condiciones de vida que esperan encontrar en los Estados Unidos, y que el empleo (salario) que México estaría en condiciones de ofrecer es en realidad poco o nada atractivo, por lo que se debe empezar a pensar en soluciones creativas, que permitan por un lado, dar cauce al flujo migratorio y por otro reducir las tensiones políticas, económicas y comerciales con nuestro vecino del norte, tarea, por cierto nada fácil.
Dr. Gerardo Núñez Medina
El Colegio de la Frontera Norte
